Participación Ciudadana expresó su preocupación por la situación que está viviendo la Cámara de Cuentas, uno de los organismos más importantes en el control de los recursos públicos y en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
“Tenemos conocimiento de esta situación desde hace más de un año. Tomamos la decisión de solicitar y logramos reunirnos, tanto con el pleno como con algunos de sus miembros de manera individual, después de recibir informaciones de que intereses particulares han imposibilitado los acuerdos necesarios para sacar a esa institución del descrédito en que había caído en gestiones anteriores”, se lee en un comunicado difundido por la entidad.
A continuación, el comunicado sobre los principales problemas identificados por Participación Ciudadana:
- Algunos miembros de la Cámara de Cuentas, encabezados por el presidente de la misma, han realizado fuertes cuestionamientos a más de un centenar de auditorías ejecutadas y dejadas sin firmar por la pasada gestión, las cuales no llenan los requisitos, carecen de calidad técnica y han sido acusadas, tanto por miembros de la Cámara anterior como de la actual, de haber sido “maquilladas” con el objetivo de ocultar situaciones y beneficiar a funcionarios que habrían incurrido en irregularidades.
- La Cámara de Cuentas no exige, ni a sus miembros, ni a su personal, formación especializada en auditoria; por tanto, la gran mayoría solo son contadores, lo que explica su tradicional ineficacia para detectar las irregularidades y el robo de los recursos públicos.
- Como consecuencia de esto y de los intereses de los diferentes gobiernos, las auditorias que se hacían hasta hace algunos años no cumplían con las normas internacionales en esta materia. Estas normas han sido implementadas en la gestión actual de la Cámara de Cuentas, dando como resultado los informes especiales que han sustentado los expedientes que actualmente cursan en la justicia.
- Una gran parte del personal más calificado que tenía la institución ha renunciado, tanto por los bajos salarios como por el ambiente de innumerables presiones en que tienen que desarrollar su trabajo.
- Parte de los integrantes actuales del pleno ha rechazado las propuestas del presidente de organizar los trabajos en 4 áreas especializadas, encabezadas por auditores expertos seleccionados por concurso. En cerca de tres años no se ha podido evaluar, renovar ni completar el personal.
- Algunos imputados que cuentan con enormes recursos financieros contratan firmas privadas para tratar de desacreditar las auditorías de la Cámara de Cuentas, mientras otros que están siendo investigados intentan influir a su favor, a través de personal que en el pasado sirvió a sus intereses y que permanece en sus posiciones. Mientras tanto, esos imputados o posibles imputados son los únicos que podrían beneficiarse de la situación de crisis que afecta a la institución.
- El esquema de gobernabilidad de este organismo propicia la paralización, el anquilosamiento, la indisciplina y la confabulación. El presidente del organismo solo lo es de nombre, ya que no tiene la autoridad para tomar la más mínima medida administrativa, no pudiendo nombrar ni desvincular tan siquiera al personal de su entorno más cercano.
- El personal de la Cámara de Cuentas no es sometido a evaluación, ni medición de rendimiento, y peor aún, se dice que muchos trabajan para intereses particulares de funcionarios actuales o del pasado, sin el temor de ser removidos porque cuentan con una estructura de protección y resguardo.
- Las mismas personas dentro del pleno han bloqueado los intentos de apertura de concursos para llenar más de 100 posiciones vacantes que se necesitan para cumplir con la gran cantidad de trabajos y para lo cual la Cámara de Cuentas tiene disponible los recursos.
- También ha sido bloqueado un proyecto de automatización y modernización de los procesos con el propósito de hacer más eficiente y dotar de mayor calidad a las auditorias. Quinientos millones de pesos que fueron donados para ese fin no han podido usarse porque las mismas personas en el pleno se han opuesto.
Nuestra triste conclusión es que la situación de ingobernabilidad en que ha caído la Cámara de Cuentas es insostenible. Por tercera ocasión consecutiva, este importante organismo se ha visto afectado por situaciones internas y presiones externas que le impiden cumplir a cabalidad sus funciones.
Es justo acotar que no todos los integrantes de este pleno y los anteriores han incurrido en comportamientos delictivos, éticamente reprochables o ineficientes. A Participación Ciudadana le constan los esfuerzos que algunos han realizado para enderezar las situaciones. De hecho, al menos una integrante de la Cámara de Cuentas anterior, advirtió e hizo constar sus objeciones y llegó a denunciar las situaciones difíciles que vivió, aunque al final todos fueron destituidos. También en el actual pleno hay personas que están genuinamente comprometidas con hacer las cosas bien.
Participación Ciudadana espera que el Congreso Nacional se comprometa en la parte de responsabilidad que le asigna la Constitución lo cual incluye la revisión de la Ley para hacer este organismo más operativo y gobernable. Por su parte, los actuales integrantes de la Cámara de Cuentas están en la obligación de llegar a acuerdos que saquen a la institución de su actual crisis porque, de lo contrario, corren el riesgo de ser sometidos a un juicio y repetir la triste historia de los anteriores.
La situación de la Cámara de Cuentas no es casual, es un reflejo de la grave situación de corrupción e impunidad a que el país ha sido sometido en las últimas décadas. La corrupción creció, se adueñó del Estado, mientras órganos como éste, cuya misión es prevenir y evitar que situaciones como estas sucedan, han sido penetrados, apropiados y utilizados por las coaliciones de funcionarios que han defraudado a este país.
Es evidente que se necesita introducir cambios en la forma en que son elegidos, pero sobre todo en las políticas que ponen en práctica los congresistas a la hora de seleccionar los miembros de este organismo. El país necesita asegurarse de que las personas que son designadas en esas posiciones, además de las capacidades profesionales y personales, tengan como único propósito el servicio a la Nación, sin intereses partidarios o sectoriales, solo apegados a la ética y decididos a cumplir la noble misión que constitucionalmente le ha sido otorgada a una entidad que se merece un mejor destino.
