Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Defensa Pública es una de las instituciones con mayores estándares de calidad en el servicio público en la Republica Dominicana, respecto de la cual la comunidad jurídica en su totalidad coincide en que brinda la mejor asistencia jurídica en materia penal entre las existentes, tanto en el ámbito público como el privado. Esto no sería posible sin los Defensores Públicos, un cuerpo especializado de funcionarios públicos y abogados litigantes, que llevan sobre sus hombros el 80% de los casos penales, a nivel nacional; labor que realizamos con alto estándar de calidad y vocación de servicio.
Sin embargo, los últimos dos años se han caracterizado por un éxodo masivo de defensores públicos, en el cual no existe un mes que no renuncie al menos un defensor público, sin que sea reemplazado por un profesional de igual calidad y potencial, recibiendo los defensores los embates de la sobrecarga laboral, consecuencia de las constantes renuncias lo que obedece a las precarias condiciones de salario que percibimos. Este fenómeno va en aumento, lamentablemente, debido a las condiciones laborales que ofrece el Estado a los defensores públicos, cuyo rasgo principal es el deplorable salario absorbido por la inflación y los cambios socio-económicos del país, lo que nos permite si quiera pensar en vivir dignamente; a lo que se suman los espacios de trabajo en deterioro, que ameritan intervenciones rápidas, para que los usuarios puedan continuar recibiendo un servicio de calidad, conforme a la misión y visión de la institución.
No es posible que los defensores públicos devenguen un salario inferior y tan alejado al de sus pares, pertenecientes a las dos otras instituciones instituidas constitucionalmente, al igual que la Defensa Pública, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, quienes actualmente perciben justamente el doble y el triple, en algunos casos que los defensores públicos y coordinadores, en las distintas categorías.
Ciertamente somos la voz de los que no tienen y en nosotros existe total voluntad de seguir siéndolo, sin embargo, si no tenemos dignidad salarial y de trato, lastimosamente, los derechos de nuestros apreciados usuarios encontrarán cada vez menos voces que exijan, reclamen y luchen por sus prerrogativas ante los tribunales.
Ante esta lamentable situación, hacemos un llamado a la Dirección de la Oficina Nacional de la Defensa Publica, para que haga todo lo necesario para lograr un aumento salarial justo a los defensores públicos y al personal administrativo de la institución, de manera que se logre una dignidad salarial y que el capital humano que integra la misma y por tanto, identificado con la misión y los valores institucionales, no continue saliendo de la institución en búsqueda de ingresos competitivos que les permitan suplir mínimamente los costos de la canasta básica familiar. De igual manera, se conmina al Estado Dominicano a que asigne una partida presupuestaria mayor para la Oficina Nacional de Defensa Publica, sin la cual, el sistema de justicia penal, no funcionaria.
Sin Defensa No hay Justicia, sin Justicia no hay Democracia. ¡Levanto mi voz!
