El movimiento cívico Participación Ciudadana hace un llamado urgente al presidente Luis Abinader Corona, al Ministro de Medio Ambiente Miguel Ceara Hatton y a la Procuradora General de la República, Magistrada Miriam Germán Brito, a poner atención a la destrucción de nuestra Cordillera Central.
El corte de miles de pinos occidentales amparados en los permisos que dan los llamados planes de manejo que otorga el Ministerio de Medio Ambiente es un esquema que está destruyendo la Cordillera Central. En un trayecto montañoso de 40 a 50 kilómetros, realizado por Altagracia Salazar, de la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana, pudo observar a ambos lados del camino decenas de árboles derribados con tecnología moderna y dispuestos para ser transportados a los aserraderos propiedad del ex senador Antonio Cruz, quien se precia de haber instalado el más moderno aserradero de la región del Caribe.
Los lugareños abordados por la periodista, le explicaron que las autoridades locales no pueden hacer nada cuando un empresario o sus empleados, transportan una cantidad de madera, autorizados desde Santo Domingo por el Viceministerio de Recursos Forestales.
El Ministerio de Medio Ambiente no tiene personal técnico para supervisar que los permisos se cumplan. Es una práctica generalizada que, con un permiso de tala, solo para decenas, se cortan de manera indiscriminada cientos de árboles, sin ningún tipo de consecuencias, en puro deterioro del ecosistema de la zona y del medio ambiente; incluso se están produciendo robos de madera en perjuicio de los pequeños propietarios que no tienen manera de defenderse.
La ganadería de montaña, que está prohibida por una resolución del Ministerio de Medio Ambiente, se sigue practicando y creciendo y se extiende a los puntos más altos de la cordillera, en el caso de la zona de Monción y San José de las Matas, hasta el Pico del Gallo.
La Asociación de Empresarios de la Madera está provocando un daño adicional, porque se está recurriendo al uso de herbicidas para evitar el rebrote de los pinos, que suele ocurrir de manera natural. Esta práctica explota grandes áreas que son cortadas, sometidas a la aplicación de herbicidas para posterior uso ganadero. El uso de defoliantes trae como consecuencia secundaria la muerte de miles de especies, porque las lluvias arrastran los residuos hacia los acuíferos de la zona.
La Cuenca alta del Río Mao, que tradicionalmente se dedicó a la siembra de café, garantizaba la protección del ecosistema porque el café obliga a mantener la cobertura boscosa. El café es un protector natural de las cuencas, pero de muy baja rentabilidad, por lo que una nueva agricultura establecida por gente poderosa fue cambiando las plantaciones por cultivos menos perennes, como limón persa; pero esas plantaciones no durarán mucho, aunque producirán dinero y al final la tierra quedará devastada.
Participación Ciudadana reclama a las distintas autoridades del medio ambiente que cumplan con sus responsabilidades. En primer lugar, exigimos que el Ministerio Público rinda cuentas de sus actividades en la persecución y sometimiento a la justicia de los depredadores de nuestros bosques y ríos, que se cumplan con las sanciones que establece la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. También reclamamos que el Ministerio de Medio Ambiente coloque inspectores en cada uno de los aserraderos existentes, con la finalidad de fiscalizar los troncos que entran y la madera que sale, y compararlos con los permisos otorgados.
Se debe revisar, además, cada uno de los permisos, permitiendo los que propendan al uso sostenible del suelo y conduzcan a un crecimiento sostenible. Finalmente, la responsabilidad principal recae sobre el presidente de la República Luis Abinader Corona, que debe manifestar su voluntad política sobre el tema, otorgando cuantos recursos requiera el Ministerio de Medio Ambiente para lograr un control efectivo de la preservación de nuestro medioambiente, evitando bajo cualquier circunstancia la tala indiscriminada.
