La jueza Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso a Gonzalo Castillo, una garantía económica de 20 millones de pesos y arresto domiciliario como medida de coerción mientras se sigue la investigación por presunta participación en red de corrupción de Operación Calamar.

Los abogados de la defensa de Castillo informaron a la salida de la audiencia que fue rechazada la petición del Ministerio Público de prisión preventiva y se le concedió el arresto domiciliario, una fianza económica e impedimento de salida.

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Fue declarado el caso complejo.