Santo Domingo, República Dominicana.- La Red Socioambiental Nacional advierte que una Ley de Agua que no contemple eliminar las extracciones de arena de los ríos, que no proponga una protección rigurosa de las cuencas y que deje sin agua a las provincias propietarias de yacimientos del preciado líquido, será inútil para los intereses del país.
La entidad formada por una coalición de varias organizaciones ambientalistas y sociales, entiende que el agua de la isla es un activo natural e inalienable de la nación; y que en ninguna circunstancia debe ser concesionada ni otorgada mediante la figura de Derecho Real Administrativo.
Recordó que el agua es un bien protegido por la Constitución dominicana desde 2010, y un derecho humano garante de otros, derechos fundamentales como la salud y la alimentación, entre otros, y que si se privatiza pone en peligro esos derechos.
El colectivo de organizaciones en defensa del agua recuerda que provincias como Santiago Rodríguez y San Cristóbal, su población no recibe agua, pese a ser cuna de abundantes ríos, lo cual debe ser subsanado y tomado muy en cuenta para futuras construcciones de presas y reservorios.
La Red entiende que, igualmente las aguas del territorio no deben estar vinculadas a las Alianzas Público-Privadas porque sería una forma de enajenar el bien y recurso fundamental para la vida, en detrimento de la población. La coalición pone como ejemplo la sequía que estamos viviendo, que hace del agua un bien escaso, y cuando los bienes son escasos se elevan de precio, lo que implica un grave riesgo para la población usuaria, porque los precios podrían convertirse en un atentado contra la salud y la economía de las familias, sobre todo, de las más vulnerables.
Para la Red resulta sintomático que en ninguna de las propuestas de Ley de Agua figure el grave problema de las extracciones de arena de los ríos y de otros agregados, y mucho menos sanciones a quienes socavan los caudales de agua, destruyendo el lecho de los ríos y su fauna.
La entidad entiende, también, que la Ley de Agua que habrá de aprobar el Congreso Nacional dominicano debe criminalizar las infracciones que atenten contra la vida, como es justamente la extracción de arena, los incendios forestales y la destrucción de la flora. “Consideramos que establecer solo sanción administrativa es un incentivo a que continúe el daño al ecosistema, porque lo que pagan de multa que lo suman a su costo de extracción de agregados”.
La Constitución prioriza el agua para uso humano y Naciones Unidas la declara como Derecho Humano, pero una gran parte de la población dominicana no recibe agua, con lo cual se viola ese derecho fundamental.
El agua como bien público debe ser estrictamente administrado por el Estado -incluyendo en su administración y preservación a los ayuntamientos locales, bajo el debido y estricto cumplimiento de una Ley de Agua que no otorgue concesiones a sectores privados ni sea privatizada.
La Red llama a la población a estar alerta sobre las pretensiones con la Ley de Agua y pide a los congresistas que piensen bien antes de levantar las manos para votarla. Si no votan preservando el recurso agua, las comunidades que representan les pasarán factura.
La privatización del agua es un crimen de lesa patria y como tal será condenada por la historia la administración pública que ose hacerlo.
“Queremos Ley de Agua que mejore el servicio, que respete los derechos de las personas, que llegue en calidad, cantidad y a buen precio a toda la población dominicana y que la inversión para la mejoría del servicio sea parte de la responsabilidad que tiene el Estado de proteger la vida de las personas y su hábitat”.
