SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público pidió este martes al Tribunal Superior Administrativo (TSA) declararse incompetente para evaluar las pruebas periciales en el proceso que se sigue en contra del extitular de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), Luis Ernesto De León.
De León, quien dirigió Edeeste en el período 2012-2020, es investigado por formar parte de una red de corrupción administrativa que afectó la referida institución. Esta investigación guarda relación con el caso seguido a Juan Alexis Medina Sánchez y compartes.
El fiscal Yoneiby González, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en cuanto al fondo del asunto, solicitó al tribunal declarar inadmisible el recurso de nulidad de la auditoría practicada a Edeeste, que interpuso el acusado De León, al precisar que lo atacado son actos de mero trámites.
En ese sentido, estableció que es el juez penal que debe evaluar las pruebas periciales aportadas contra De León.
El órgano acusador sostiene que los documentos atacados se encuentran en la jurisdicción penal y fueron avalados por el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Además, solicitó al tribunal que rechace el pedimento de la parte recurrente debido a que no se vislumbra violación al debido proceso.
El tribunal, presidido por la jueza Luisa Canaan, se reservó el fallo respecto a una solicitud de sobreseimiento de la audiencia y otorgó un plazo de cinco días para que las partes presenten su escrito de defensa.
Juan Alexis Medina Sánchez y Magalys Medina Sánchez, ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, y otros acusados de la Operación Antipulpo fueron enviados a juicio el pasado 7 de febrero por decisión del juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
De Juan Alexis Medina Sánchez, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Especifica que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.
También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
