El abogado Ángel Lockward, a su llegada a la Procuraduría General de la República, por voluntad propia y poniéndose a la orden de la justicia tras el allanamiento de su residencia, aclara que no le dio recursos económicos a Gonzalo Castillo y que apoyó al presidente Luis Abinader.
Al ser abordado por periodistas, el jurista Lockward, señaló que durante ocho años estuvo opuesto al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y que si a alguien le dio de su dinero fue al presidente Abinader.
“Por lo que he visto, es lo que más se parece a una persecución política que busca destruir a la oposición, porque vemos gente vinculadas al partido que estaba en el Gobierno anteriormente- el PLD-, vemos gente de otros litorales políticos, también gente que no son activistas políticos, como el caso de abogados que solamente ejercieron su función de abogado, y si recibieron un pago fue por sus honorarios, que es lícito”, expresó el abogado.
La residencia de Lockward fue allana pero este no se encontraba, pero se llevaron vehículos y otras pertenencias. Esta mañana se presentó a la Procuraduría para ponerse a disposición de las autoridades.
“Fraude procesal” en su contra basado en auditorías falsas
El abogado Ángel Lockward calificó como un “fraude procesal” la investigación del Ministerio Público en su contra, rechazando además las declaraciones de la fiscal Rosa Alba García, quien afirmó recientemente que el jurista busca usar una jurisdicción administrativa para sustituir jurisdicción penal con el fin de debilitar el caso.
Al respecto, indicó que es bien sabido que los actos administrativos se atacan en la jurisdicción contenciosa administrativa conforme al artículo 165 de la Constitución y a las leyes 1494, 13-07 y 107-13.
“También sabe, que con un borrador no se debe ir a donde ningún juez a buscar órdenes en contra de los ciudadanos, diciéndole, falsamente, que se trata de un acto administrativo definitivo. Eso es un fraude procesal que ni en Haití se comete”, alegó.
Según Lockward, esto es evidencia de que “el Estado de derecho” se ha subvertido, ya que las acusaciones en su contra estarían basadas en “auditorías falsas mandadas a hacer para persecución”, lo que ha destruido el clima de convivencia política que requieren los dominicanos.
“Buscan que el proceso nunca se conozca”
El jurista afirmó, que tras rechazarle el sobreseimiento de la demanda en nulidad que él interpuso contra un informe de la Contraloría sobre el pago de expropiaciones, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) estableció su competencia constitucional, tras ocho audiencias.
No obstante, según el abogado, son la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Contraloría los que siempre solicitan aplazamiento, para que el proceso nunca se conozca.
Igualmente, indicó que el informe utilizado por la Pepca “es de mero trámite”, por lo que no se explica cómo con un borrador “se han solicitado 8 medidas a la jueza coordinadora de instrucción a lo largo de más de un año en contra de más de 200 personas que ni siquiera saben que les están investigando”.
Expresó que esa situación debe avergonzar a la procuradora general Miriam German Brito, a quien calificó como “digna”.
