El expresidente de la República, Hipólito Mejía, expresó este domingo su descontento por los apresamientos a los exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, de Hacienda, Donald Guerrero, y Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, quienes fueron arrestados la madrugada de este domingo por unidades de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
“Tengo un trauma tan grande con la justicia que cada vez que veo cosas como estas (caso operación Calamar), a mí eso no me gusta. Ahora el que la hizo que la pague, dentro de un marco de prudencia”, dijo Mejía.
Hipólito Mejía ofreció estas declaraciones tras ser abordado por los periodistas al asistir a la inauguración del parque de la Diaspora Dominicana, ubicado en la avenida Abraham Lincoln con Bolívar.
Se recuerda que el Ministerio Público puso en marcha la noche de este sábado la Operación Calamar, luego de una compleja investigación realizada por la Pepca.
En la operación se realizaron 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
Entre los arrestados para ser presentados a solicitud de medida de coerción se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
