El hermano del ministro de Deportes, Carlos Camacho, exige a la Procuraduría General de la República (PGR) un desagravio público de su nombre tras practicarle un allanamiento equivocado en su residencia en el marco de la Operación Calamar.
En un entrevista telefónica, en exclusiva para RC Noticias, Carlos Camacho narró el desatinado momento que vivió cuando se percató que intentaban ingresar a su vivienda de manera forzosa.
“Llegaron a medianoche, ellos dicen que tocaron el timbre, pero ya estábamos dormidos y no lo escuchamos. Cuando intentaron entrar a la casa fue cuando nos despertaron”, expresó Camacho al revivir el momento que vivió junto a su esposa.
Señaló que tras sentirse amenazado, llamó a los vecinos del en el Residencial Santo Domingo de la Zona Industrial de Herrera y pidió que uno de ellos le acompañara a las autoridades para poder darle acceso a su casa, ya que no tenía confianza de lo que pudieran hacer con él o con su esposa.
Fue escuchada su solicitud y las autoridades pudieron entrar a su residencia con el vecino, cuando el mismo Carlos Camacho le abrió la puerta y pudieran hacer una revisión sin encontrar a la persona que realmente buscaban.
Manifestó que la fiscal encargada de ese allanamiento nunca se identificó por eso no estaba seguro de acceder a la revisión.
Las autoridades estaban buscando a Ramón Aquilino Pérez, quien es el padre de los hijos de su esposa, quien tiene más de 15 años de separados.
Ante ese momento vergonzoso que vivió Camacho y su esposa, exigen que la fiscalía haga un desagravio público de su nombre, ya que asegura “No tengo nada pendiente con la justicia dominicana ni con la divina”.
Operación Calamar
El Ministerio Público puso en marcha la noche de este sábado la Operación Calamar, luego de una compleja investigación realizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
En la operación se realizaron 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo
