Con la puesta en marcha la Operación Calamar por parte del Ministerio Público tras una investigación realizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el expediente revela la participación de los imputados.
Entre los arrestados se encuentran: el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
El expediente del Ministerio Público señala la participación de 23 personas, entre ellos ex funcionarios de la administración pública.
Donald Guerrero
De acuerdo con el expediente, en su condición de Ministro de Hacienda, en coalición con José Ramón Peralta, actuando desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia, son las cabezas operativas de la estructura creada en las entrañas del Poder Ejecutivo, donde los investigados en su función de administradores públicos prevaricaron y se coalicionaron a los fines de desfalcar y Estafar al Estado dominicano.
Explican que recibieron sobornos millonarios con el fin de enriquecerse ilícitamente y financiar ilícitamente la campana política del investigado Gonzalo Castillo, en la que tienen acciones de primer orden los siguientes funcionarios públicos: Emilio César Rivas Rodríguez (occiso) a la sazón director de la Dirección Nacional de Bienes Nacionales, quien firmó el 95% de los acuerdos para pagos de expropiaciones, a sabiendas que los mismos no cumplían con los requisitos legales, y que sirvieron de instrumentos para la distracción de fondos del patrimonio público, además recibió en soborno sumas millonarias como beneficio personal de sus actos criminales; Claudio Silver Peña Peña; quien se desempeñó como Director de Catastro Nacional, realizando actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones, en asociación de malhechores y coalición de funcionarios, además prevaricó, estafó, desfalcó y recibió soborno de aproximadamente sesenta millones doscientos ochenta mil pesos (RD$ 60,280,000.00). Formó parte importante de la estructura de corrupción, para la realización de los avaluós, donde violó el procedimiento en beneficio del entramado. Posteriormente adquirió, poseyó y ocultó bienes muebles e inmuebles.
Luis Miguel Piccirillo Mccabe
Se trata del ex Director Ejecutivo del Consejo Estatal de la Azúcar (CEA). Expresa el expediente del Ministerio Público que éste coalicionó junto al Ex Ministro de Hacienda y a los demás investigados, para realizar de manera fraudulenta la compra de los terrenos correspondiente a las parcelas 25 y 31 del DC 8, (ubicándose en dicha demarcación el mercado de productos agropecuarios denominado Merca Santo Domingo), a través de del Consejo Estatal de la azúcar (CEA), con dicho acto ilícito desfalcaron al Estado dominicano. Para realizar dichas compras fraudulentas de terrenos, realizaron diversas maniobras fraudulentas, que conllevó a alterar la naturaleza del Consejo Estatal de la Azúcar (CEA). Recibió sobornos de aproximadamente cincuenta y ocho millones novecientos cuarenta y nueve mil doscientos noventa pesos con cuarenta y cuatro centavos (RD $ 58,949,290.44), por parte de la estructura de corrupción para la realización de dichos actos ilícitos que conllevaron a la estafa y desfalco del patrimonio público.
Producto de dicho pago de soborno adquirió bienes inmuebles, constituyendo dicha acción en el tipo penal de lavado de activos; el investigado Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Contralor General de la República en el periodo 2016-2020. Este prevaricó y realizó actos dolosos continuos e incompatibles con sus funciones públicas, utilizando la autorización de pagos basados en cesiones de créditos, además coalicionó con otros funcionarios públicos, encabezado por el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero, el fenecido César Emilio Rivas y el ex director del CEA Luis Miguel Piccirillo McCabe. El ex contralor recibió pagos de sobornos como resultado de autorizaciones irregulares de libramientos sin cumplir las formalidades de la ley, por lo que obtuvo pagos de soborno para su beneficio económico fruto de los actos criminales de corrupción de aproximadamente (DOP 366,039,672.05), entre diciembre 2019 y julio 2020. Se enriqueció de manera injustificada utilizando prestanombres para recibir beneficios económicos de terceros, fruto de las operaciones delictuales que autorizó desde la Contraloría General de la República. Para poder recibir los pagos indebidos, la estructura de corrupción utilizó como intermediario al asistente del despacho del Ex Contralor General de la República, Ramón Aquilino Pérez Rojas, quien recibió dinero en efectivo entregado por Efraín Santiago Báez Fajardo, por instrucciones directas de Fernando Crisóstomo Herrera.
Princesa Alexandra García
La ex Directora de Reconocimiento de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda, colisionó con los demás investigados en desfalcar y estafar al Estado dominicano aprobando los expedientes de expropiaciones sin los méritos necesarios para ser pagados, aun cuando analistas técnicos de su dirección
hicieron la advertencia por escrito de las irregularidades que habían de esos expedientes, lo que los hacía inaplicables para ser objeto de pago, comprometiendo así su responsabilidad penal al avalar con su firma los libramientos que ordenaban el desembolso de los valores a pagar de los expedientes de expropiaciones, atendiendo exclusivamente al mandato del investigado Donald Guerrero, sin tomar en cuenta los plazos establecidos y los requerimientos formales para la realización de dichos pagos, todo esto con el fin de sustraer fondos del erario para el enriquecimiento de los miembros de la estructura y
obtener fondos para financiamiento ilícito de campañas, como se ha establecido.
Aldo Antonio Gerbasi Fernández,
El investigado Aldo Antonio Gerbasi Fernández, asesor legal del entonces Ministro de Hacienda Donald Guerrero y Director Interino de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública en el periodo 2016-2020. En el proceso de los sucesores de Domingo A. Duluc, representados por el señor Génaro Arturo Quiñones Duluc, solicitó un soborno ascendente a la suma de cuarenta millones de pesos (DOP 40,000,000.00), para poder realizarle el pago de los terrenos expropiados, el cual lo recibió en su persona, con lo que se hace reo además de estafa al Estado al incrementar el pago para distraer los fondos.
Andrés Guerrero
En ese mismo orden, Andrés Guerrero, señala el expediente que el ex Contralor del Banco de Reservas, violentó todas las reglamentaciones y su condición de sujeto obligado para utilizar el Banco de Reservas como una especie de ‘’Dispensador de efectivo’’ de la estructura. El referido contralor, a sabiendas de que esos fondos se sacaban de manera ilegal ya que el mismo decía delante de personas de las cuales hoy hay testigo del Ministerio Público, que ese dinero era para campaña electoral. Además, dispuso que gran parte del dinero distraído de manera fraudulenta fuera entregado, en efectivo, en las oficinas de Mimilo Jiménez;
utilizando para el transporte de miles de millones de pesos, los camiones blindados del Banco, en una operación típica de lavado de activos provenientes de actos de corrupción, todavía más grave siendo el contralor, quien precisamente estaba llamado a evitarlo.
Víctor Encarnación Montero
En cuanto al investigado Víctor Encarnación Montero, Director técnico de la OISOE, participó en coalición con los funcionarios Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Princesa Alexandra García y Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, con el fin de estafar al Estado dominicano, a través los pagos realizados a Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, asumido por el Ministerio de Hacienda, donde este investigado alteró el procedimiento de la OISOE, falseó datos sobre volumetría con el fin de preparar cubicaciones falsas, que justificaran trabajos adicionales no realizados y pagados mediante libramientos.
Oscar Arturo Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández Figueroa
Los investigados Oscar Arturo Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández Figueroa, ex directores de Casino y Juego de Azar, participaron de forma activa en” El Programa o El Proyecto”, el cual consistía en el cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de lotería, deportivas y los colmados que tenían máquinas tragamonedas, en coordinación con alta gerencia del Ministerio de Hacienda encabezada por el investigado Donald Guerrero, por lo que recibieron grandes sumas de dinero en soborno. El programa se desarrolló en el Ministerio de Hacienda con la autorización y bajo instrucciones del investigado Donald Guerrero, donde Fernando Crisóstomo Herrera, Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, José Pablo Ortiz Giraldo y José Arturo Ureña, realizaban un cobro ilegal a los dueños de bancas de lotería y de bancas de apuesta, con el fin de permitirle la operatividad, así como el uso de las máquinas tragamonedas, cuando los dueños de comercio no realizaban el pago, el departamento de fiscalización del Ministerio de Haciendas, por instrucciones de los Directores de Casino y Juego de Azar cerraban las respectiva bancas. Dicho plan también incluía el pago por el uso de las tragamonedas en los denominados colmadones.
La estructura de corrupción planificó extraer fondos públicos del Estado, a través del Ministerio de Hacienda con la participación directa de los investigados Donald Guerrero, en su condición de Ministro de Hacienda, y en coalición con el investigado José Ramón Peralta, todo con el fin de enriquecerse y favorecer la campaña política del investigado Gonzalo Castillo, quien recibió un aproximado de seis mil cuatrocientos cincuenta y siete millones (DOP$ 6,457,000,000.00). Estos hechos constituyen coalición de funcionarios públicos con el objetivo desfalcar y estafar al Estado Dominicano, así como de cometer el ilícito de lavado de activo.
Sostienen que el entramado de corrupción se valió de personas físicas, abogados, bróker, empresarios, ingenieros, supuestos sucesores de las parcelas investigadas para cometer los hechos ilícitos antes mencionados entre estos se encuentran los investigados:
Ángel Lockward
Ángel Lockward abogado en ejercicio privado, se asoció con Alejandro Constanzo, Antonio Lujan Mercedes, Pedro María Veras, Fernando Crisóstomo, Álvaro Jiménez Crisóstomo, entre otros investigados, los cuales junto a los funcionarios públicos, investigados Donald Guerrero, Claudio Silver, Belkiz Tejada y Emilio Rivas realizaron de manera fraudulenta la compra y pago de los terrenos expropiados a través de Bienes Nacionales, Instituto Agrario Dominicano y el Consejo Estatal de la Azúcar (CEA). Con dichos actos ilícito desfalcaron y estafaron al
Estado Dominicano. Estos distribuyeron sobornos, para la obtención de dichos pagos fraudulentos, a los funcionarios públicos, Donald Guerrero Ortiz, Claudio Silver, Belkiz Tejada, Emilio Rivas, los que se coalicionaron para realizar los referidos pagos. Para la comisión de estos actos ilícitos se utilizaron prestanombres y testaferros para recibir el dinero productos de los mismos, entre ellos Joar Emil Ortiz Hernández, de igual forma Ángel Gilberto Lockward Cruz y Ángel Gerge Lockward Cruz, hijos del investigado Ángel Lockward, así como su oficina de abogados Ángel Lockward & Asociados SRL y el investigado Agustín Mejía Ávila. El investigado Ángel Lockward colocó bienes en el mercado financiero, productos de los actos ilícitos, a través de certificados financiero de ciento de millones de pesos, comprometiendo su responsabilidad penal y la de su firma de abogados Ángel Lockward & asociados S.R.L.
Agustín Mejía Ávila, abogado, quien participó en el proceso en el caso de Fincas de Recreo Villa Mella. Agustín Mejía Ávila y Ángel Lockward, se presentaron ante Roberto Santiago Moquete, ofertándole gestionar el pago irregular a través de la estructura criminal. En la oficina de abogados Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., se realizaron cesiones de créditos ficticias para realizar los pagos a la estructura criminal del ex ministro de Hacienda Donald Guerrero, para lo cual utilizaron la empresa Axionova Group, S.R.L. y al señor Pedro Ma. De la Altagracia Veras, a través de los cuales recibieron la suma de doscientos noventa y seis millones seiscientos treinta y siete mil ciento veinticinco pesos con 29/100 (DOP 296,637,125.29),
y a nombre del investigado Agustín Mejía Ávila la suma (DOP 9,394,526.17), por hacer las negociaciones de los pagos y las cesiones de créditos ficticias a la estructura criminal. El investigado está relacionado también el caso de expropiación de la sociedad inmobiliaria Algodonal S.R.L, en la cual recibió una cesión de crédito de más cincuenta cinco millones de pesos en calidad de testaferro del investigado Ángel Lockward. Alejandro Constanzo Sosa, formó parte de la citada estructura criminal, dedicada a desviar fondos estatales. En este entramado de corrupción, en esta modalidad participaron el ex ministro de hacienda el investigado Donald Guerrero, el ex Contralor General Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Ángel Lockward, los cuales desviaron fondos públicos con la anuencia además del fenecido ex director de Bienes Nacionales y el ex director del Consejo Estatal del azúcar, usando empresas de la estructura y cobros de cesiones de créditos valiéndose del motivo de deuda inexistente. Alejandro Constanzo Sosa recibió pagos indebidos como resultado de la autorización irregular de libramientos sin cumplir las formalidades de la ley.
Roberto Santiago Moquete Ortiz
Roberto Santiago Moquete Ortiz, se asoció con los investigados Ramón David Hernández y Yahaira Encarnación Brito, realizando maniobras fraudulentas, para la transformación de las compañías Finca de Recreo Villa Mella, S.A y Desarrollos Rurales S.A, pasándolas a su nombre, así como la constitución de una nueva compañía con el nombre de Inmobiliaria Santa Bárbara S.R.L., para usurpar la personería jurídica de la compañía original Inmobiliaria Santa Bárbara S.A, siendo estas compañías originales las verdaderas propietarias de los terrenos ubicados en la Parcela No. 1-Reformada del Distrito Catastral 20, Distrito Nacional, y de esta forma estafar al Estado dominicano exigiendo el pago de los terrenos declarados de
utilidad pública a través del decreto No. 194 de fecha diecisiete (17) del mes de octubre del año 1974. Roberto Santiago Moquete Ortiz, cedió a la estructura criminal la suma de doscientos noventa y seis millones seiscientos treinta y siete mil ciento veinticinco pesos con 29/100 (RD$296,637,125.29), a través de cesiones de crédito firmadas en la oficina del investigado Ángel Lockward.
Ana Linda Fernández De Paola y Emir José Fernández De Paola
Los investigan por supuestos sucesores de Alexandro de Paola, en asociación de malhechores, aparentaron ser herederos legítimos de un finado, falsificando documentaciones públicas y privadas, usando esa documentación falsa, reclamaron y recibieron pagos, estafando al Estado dominicano. Con el dinero recibido adquirieron bienes muebles e inmuebles, incurriendo en lavado de activos.
Marcial Reyes
Marcial Reyes, supuesto sucesor de Generosa Reyes, se asoció con la estructura de corrupción para estafar al Estado dominicano reclamando el pago de una porción terrenos del Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), alegando la representación de personas fallecidas, falsificando y haciendo uso de documentos falsos, para ceder en su nombre, sin tener calidad ni poder de representación, sumas millonarias del dinero público a favor de la estructura criminal utilizada por el investigado Donald Guerrero para adueñarse de parte del dinero que desde el Ministerio de Hacienda era pagado por
concepto de expropiación, así como al investigado Ángel Lockward y la razón social Ángel Lockward. Además, de lavado de activos del dinero obtenido de forma fraudulenta mediante operaciones de compra de vehículos alta gama como Ranger Rover y bienes inmuebles.
Marcial Humberto Mejía Guerrero
Marcial Humberto Mejía Guerrero, en fecha 16 de mayo del 2020, en su calidad de Director de Administración Financiera Integrada (DAFI), del Ministerio de Hacienda, procedió a remitirle la comunicación No. MH-2018-014840, al señor Luís Emilio de la Cruz, Director de Administración de Bienes y Servicios para el inicio del proceso de licitación, denominado “Solución de Software para el Control, Supervisión, Monitoreo y Autenticación, de las Operaciones para Bancas de Lotería. El investigado designó un equipo de peritos que se encargaron de manejar a través de maniobras fraudulentas la licitación, a los fines de adjudicar el proyecto a la empresa Matero Comunicaciones SRL, representada por German Fernando Mateo Comunicaciones.
Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó
Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, empresario, fue quien financió con veintiún millones de pesos (RD$21,000,000.00) el denominado “El Programa o El Proyecto”, que consistía en el cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de lotería, deportivas y los colmados que tenían máquinas tragamonedas, en coordinación con la alta gerencia del Ministerio de Hacienda, encabezada por Donald Guerrero, recibió una cantidad considerable de recursos producto de esta operación.
