Denuncia presuntas irregularidades con el objetivo de beneficiar al empresario venezolando Leopoldo Castillo, acusado de fraude bancario en Venezuela
Santo Domingo, República Dominicana.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), depositó ante el Tribunal Superior Administrativo, un recurso Contencioso Administrativo en contra del Proyecto de Privatización del Sistema de Inspección Vehicular o de Cambio de Revista, que lleva a cabo el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) por presuntas irregularidades.
Miguel Surun Hernández, presidente del Colegio de Abogados, denunció que dicha entidad pretende desarrollar el proyecto para beneficiar al empresario venezolano Leopoldo López Boso, quien está acusado de Fraude Bancario y de Seguros en Venezuela, según informes que posee el jurista.
Surun Hernández, presidente del CARD, agregó que por los temas judiciales pendientes en su país fue que se dejó sin efecto el proceso de licitación INTRANT-CCC-LPI-2019-0001, donde por primera vez se intentó entregarle de manera fraudulenta a dicho empresario venezolano la inspección técnica vehicular o revista, utilizando la compañía Consorcio de Inspección Técnica del Caribe.
El jurista indicó que dicho proceso es nulo de pleno derecho, no sólo por beneficiar al CONSORCIO INTEVE, representado por CASTILLO HOLDING COMPANY, cuyo propietario es una persona contra quien se han vertido graves acusaciones de fraude y contra quien además se emitió una orden de captura internacional, por lo que las normas legales en materia de transparencia de RD lo inhabilitan para participar en procesos de contrataciones públicas.
El recurso depositado por el Card fue interpuesto también en contra de la Dirección General de Alianza Público Privada, donde se alega además que dicha entidad no puede emitir la Resolución 001-2022, acogiendo la iniciativa privada del Venezolano Leopoldo Castillo, sin cumplir con la auditoria social de factibilidad de implementación de Alianza Publico Privada en el párrafo I, del artículo 40, de la Ley 47-20 que rige la materia.
Dicha Ley plantea que previo al proceso de recepción de iniciativas privadas, dicho Consejo debe emitir una resolución determinando de interés público la realización de una Alianza Publico Privada para el servicio de privatizar la inspección de vehículos, la cual debe de estar debidamente fundamentada en consultas públicas a todos los sectores, y las mismas deben de tener estudios de impactos en los sectores carenciados y de clase media, lo cual no se hizo, y todo con el ánimo de hacerse con un negocio que anualmente generara ingresos de 11,000 millones de pesos, provenientes de los bolsillos de alrededor de CINCO MILLONES de propietarios de vehículos de motor en la República Dominicana.
Aseguro que de concretarse las pretensiones del INTRANT y la Dirección General de la Alianza Público Privada, conductores se verán impedidos de circular en las calles si previamente no hacen el pago correspondiente a la suma exigida por dicha entidad.
El jurista también reiteró que esto constituiría un gravísimo atentado no sólo en contra de la clase media, sino además de las clases populares como los motoconchos que serían obligados a pagar hasta 600 pesos anual por esa supuesta inspección.
“Lo grave de la situación es que todos los dominicanos que poseen una simple motocicleta hasta aquellos que tienen vehículo de transporte para su trabajo y los que tienen vehículos de alta gama, se verían obligados a pagar exorbitantes sumas por el derecho a transitar, lo que sumado a otros impuestos implicaría una carga inaguantable para la población dominicana, todo esto para beneficiar empresarios allegados a funcionarios gubernamentales y que tienen planificados acumular grandes sumas de dinero a costillas del pueblo” dominicano, señaló Iván Surun Hernández.
