Ministerio de Educación tirará a la basura 3,800 millones de pesos al elaborar nuevos libros de texto

<strong>Ministerio de Educación tirará a la basura 3,800 millones de pesos al elaborar nuevos libros de texto</strong>

Al sustituir de manera repentina los libros de textos comprados y pagados entre los años 2021 y 2022, el Ministerio de Educación arrojará a la basura 3,800,000 de pesos, recursos provenientes del Erario y de los contribuyentes.

La denuncia fue hecha por la abogada Luz Díaz, representante de la editora Actualidad 2000, SRL, que ha presentado una denuncia y una petición de investigación al MINERD por ante la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.

La jurista señaló que el Ministro de Educación, Ángel Hernández, ha ofrecido cifras erradas a la ciudadanía al asegurar que se ahorrará 5,500, 000 millones de pesos anualmente si el MINERD imprime sus propios libros. Aclaró que en el histórico de esa institución se demuestra que nunca las compras han ascendido a ese monto.

Recordó que entre 2021 y 2022 se emitieron dos ordenanzas en las que se aprobaron 402 libros de textos, luego de 4 años en los que hubo que presentar esos libros a todos los niveles de evaluación del MINERD, como lo establece la ordenanza 26-2017. Díaz fue entrevistada por Jacqueline Morel en Telematutino 11, por Telesistema.

Agregó que el ministro Ángel Hernández pretende que se olviden esas compras de libros y tirar a la basura los 3,800 millones de pesos pagados por el Estado, por lo cual es falso que haya algún ahorro con la impresión de nuevos textos de parte de la institución, bajo contrato que se desconocen con universidades y otras organizaciones y personas.

Explicó que siempre se hace una primera compra, como sucedió entre el 2021 y 2022, y posteriormente se realiza una recompra ascendente a un 20% o 25% del total, dependiendo del deterioro de los libros. “En los libros de secundaria que son textos digitales que se compraron en el 2022, esos ni siquiera se distribuyeron, ni siquiera el Ministerio que en su plan de distribución de libros de textos establece que había una plataforma digital realizada por ellos, una aplicación que no la realizaron, no distribuyeron esos libros, por lo que esas compras que están desde el 2022, las están tirando a la basura”.

Recordó que, en el año 2021, siendo Ángel Hernández asesor del Poder Ejecutivo en materia de educación celebró la aprobación de esos libros y que, al llegar a la posición de Ministro de Educación, aseguró en un tuit, el 15 de septiembre de 2022, que el MINERD disponía de esos libros de texto, pero que 88 días después ante el Consejo Nacional de Educación dice que todos esos libros deben ser echados a la basura porque la institución hará sus propios libros.

Argumentó que el ministro no ha dicho cuáles son las reales causas de ese viraje de la política editorial dominicana, la cual califican de ilegal, por lo que se encuentra en los tribunales de la República Dominicana.

“Nosotros (Actualidad 2000) particularmente también estamos cuestionando la forma en la que ha habido las contrataciones a esas universidades, a esos intelectuales, a los cuales el ministro, a dedo, ha seleccionado en violación de la Ley de Compras y Contrataciones” señaló Díaz. 

Explicó que el proceso de contratación de intelectuales y universidades se realizó con “un secretismo” que llama la atención, y el mismo debe ser revisado, razón por la cual Actualidad Escolar denunció el proceso ante la Dirección General de Contrataciones Públicas. Agregó que no hubo llamado público, ni posibilidad de participación de todo el sector.

Pero el problema -recalcó Díaz- es que la contratación pública implica el principio de participación: “Usted no puede preseleccionar a quien usted va a contratar. Sobre todo, cuando usted está aniquilando una industria, cuando está decidiendo cambiar toda una política sin una fundamentación legal”, dijo.   En ese sentido manifestó que si el ministro de educación realmente tiene una propuesta para cambiar la política editorial dominicana, la que está fijada en las normas, tiene que hacer un proceso transparente, sentarse en la mesa del diálogo y presentar una propuesta donde obviamente, se modifique todo el marco normativo.