El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, sometió un proyecto de ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos; el cual fue discutido y aprobado por el Congreso de la República, y luego fue promulgada el pasado 22 de diciembre como ley núm. 368-22.
El movimiento ambiental, social y municipalista; así como especialistas, científicos, organismos de cooperación, instituciones y academias esperaron por más 22 años la aprobación de una justa y equitativa ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamiento humano.
Sin embargo, el resultado de esta espera con lo discutido y aprobado por el Congreso, sin el debido proceso de consultas, vistas públicas y participación de la sociedad civil y las entidades concernidas en el tema; y luego promulgado de manera ágil y rápida por el presidente Luis Abinader, no llena nuestras expectativas de una buena, justa y correcta ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamiento humano que garantice el desarrollo sostenible de República Dominicana.
Una ley que por demás entra en conflicto con el ordenamiento institucional del pais, la propia Constitución de la República y acuerdos internacionales; y que está basada en favorecer preeminentemente al impulso de las actividades mineras en el país territorio nacional, lo que podría violentar derechos ciudadanos y territoriales de desarrollo endógeno de primer orden en la prioridad que debe tener una ley como la referida, tal es el caso del agua, el hábitat y el desarrollo humano inclusivo.
Con esta ley, visto el enfoque denunciado se pone en juego lo planteado en la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00), en su artículo 31, donde plantea: que esta ley “tendrá como objetivos principales la protección de los recursos, la disminución de su vulnerabilidad y alcanzar la máxima armonía posible entre los actores de la sociedad y el medio natural”. Y para colmo, esta entidad, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que debe ser la gestora de esta ley, queda excluida de esta función. También se entra en contradicción con lo planteado en la constitución vigente desde el 26 de enero del 2010, en la que se establece en el artículo 194: que “es prioridad del Estado la formulación y ejecución, mediante ley, de un plan de ordenamiento territorial que asegure el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de la nación, acorde con la necesidad de adaptación al cambio climático”.
En igual sentido, con esta ley queda en entredicho La Estrategia Nacional de Desarrollo (END), aprobada el 26 de enero de 2012, la cual establece en su segundo eje, específicamente el objetivo general 2.4 (cohesión territorial), los objetivos específicos y las líneas de acción a seguir: “Integrar la dimensión de la cohesión territorial en el diseño y la gestión de las políticas públicas” y “Reducir la disparidad urbano-rural e interregional en el acceso a servicios y oportunidades económicas, mediante la promoción de un desarrollo territorial ordenado e inclusivo”.
La Red Socioambiental Nacional expresa además su preocupación sobre una serie de marcos legales que parecen ir orientados a enajenar los bienes públicos, excluir la participación social y concentrar los poderes quebrantando la institucionalidad jurídica y favoreciendo intereses elitistas tanto nacionales como internacionales (Ley de Ordenamiento Territorial, Ley de Fideicomiso Público, Ley de Alianzas Público Privadas y la futura Ley del Agua). Por ello asumiremos el reto de impugnar la Ley de Ordenamiento Territorial promulgada por el presidente Abinader, haciendo uso de todos los medios legales, mientras nos preparamos para convocar movilizaciones sociales y para asumir todas las luchas populares que demanden el respecto a nuestros derechos humanos, como lo es el derecho al agua y a nuestros derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución. En ese sentido, la Red Socioambiental exige que el propuesto proyecto de Ley de Agua, a conocerse en el Congreso de la República, sea debidamente debatido, escuchando a todos los actores que nos interesa que el agua se mantenga como un recurso de uso público, protegida las cuencas hidrográficas y que garantice que el agua nunca sea Concesionada, ni le sea otorgado a un beneficiario el Derecho Real Administrativo de su Uso y Aprovechamiento, ni sea privatizada.
En la Red Socioambiental Nacional, estamos convencidos de que solo a través del diálogo, la participación ciudadana y el estricto respeto a los derechos humanos y ambientales podremos construir un futuro justo y equitativo para todos. Reafirmamos nuestro compromiso en la defensa del territorio y del agua como bienes comunes, y en la lucha contra la imposición de leyes que atenten contra nuestro patrimonio, nuestros derechos constitucionales y los de las generaciones futuras.
Más de cien organizaciones se apoyan con determinación este posicionamiento, entre ellas se encuentran:
Articulación Nacional Campesina (ANC)
Articulación Nacional por el Derecho Humano al Agua (ANDHA)
Coalición Enriquillo
Coalición Ambiental del Noroeste (COANOR)
Coalición de Organizaciones Populares, Sociales, Feministas y Ambientales del Cibao
Comisión Ambiental de la Esperanza por el Ozama (CAMBIESO) Coordinadora Popular Nacional
Foro USA-RD
La Gente del Ozama
Red Urbano Popular
Samanenses Empoderados
Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI)
Voces del Camú
