Los empleadores públicos en cualquier institución, ya sea de salud, educación, policía, justicia; o cualquier otra, son los responsables de garantizar estos derechos, y debe primar siempre el interés superior del niño.
SANTO DOMINGO. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) manifiesta su profundo pesar por la muerte del niño Donaly Martínez, de 12 años, y de la adolescente Esmeralda Richiez, de 16 años.
“Desde UNICEF, expresamos nuestra solidaridad con las familias de ambos chicos y nos comprometemos a seguir trabajando arduamente para evitar que estas situaciones se vuelvan a dar”, dijo la doctora Rosa Elcarte, representante del Fondo de la ONU en el país.
Asimismo, la vocera del mencionado organismo internacional externa: “queremos hacer un llamamiento a la sociedad y a los medios de comunicación; a respetar, sin juzgar, el duelo de las familias, amigos y sus comunidades; y alertamos de que pronunciamientos que culpabilizan las mismas víctimas o sus familias deben de ser evitados para no provocar sufrimiento adicional en dichas familias”.
SOBRE LOS HECHOS
En el caso de Donaly Martínez, víctima de un disparo letal hecho por un agente policial, el Fondo que vela por el cuidado de la infancia establece que “la Policía Nacional Dominicana dispone de reglas y de procedimientos sobre las circunstancias en que agentes de la ley deben hacer uso de la fuerza o no”.
A su vez, remarcan: “pero, teniendo en cuenta que ya ha habido varios casos de personas que accidentalmente han sido alcanzadas por disparos por parte de autoridades policiales, habría que revisar si este protocolo se encuentra actualizado, si los agentes han sido adecuadamente formados y si estaban preparados para actuar en distintas situaciones, como son los eventos masivos o populares”.
“UNICEF confía en las autoridades para que la investigación sea rápida, imparcial y transparente y con resultados para definir responsabilidades. De nuestro lado, reafirmamos nuestro compromiso con el apoyo técnico para el fortalecimiento de capacidades de manera que ningún chico o chica vuelva a perder la vida en manos de las autoridades policiales o cualquier otro integrante del Estado dominicano”, enfatiza Elcarte.
Por otro lado, mencionada entidad, hace referencia al reciente caso de la adolescente asesinada.
“Dolorosamente frecuente, es el caso de la adolescente Esmeralda Richiez, que murió a causa de una hemorragia por la violencia sexual infligida por un hombre adulto. Las circunstancias no están completamente claras, pero los hechos públicos son sumamente preocupantes”.
“Estos tristes sucesos se suman a otros ocurridos anteriormente en territorio dominicano, en los que los niños, las niñas y adolescentes son objeto de violencia física, y de abuso y explotación sexual”, enuncia la doctora Elcarte.
La representante de UNICEF asegura que “en la mayor parte de los casos judicializados, los abusos sexuales son cometidos por conocidos y familiares, que acceden con facilidad al niño, niña o adolescente y aprovechan la confianza nacida de la convivencia”.
“En República Dominicana, de manera triste, hay una excesiva normalización de las relaciones sexuales entre adultos y personas menores de edad, sin tener en cuenta que estas implican en violencia sexual”, asevera la doctora.
Según encuestas en el país, el 65% de las adolescentes entre 15 y 17 años ha sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. Uno de los hallazgos más preocupantes es que el 2% de las mujeres jóvenes tuvo un hijo antes de los 15 años, y bajo esta cifra frecuentemente se esconden situaciones de abuso, de incesto y de violencia sexual.
“Todavía hay demasiadas excepciones, atenuantes, excusas y excesivos cuestionamientos a las víctimas y sus familias; no a los agresores, como era de esperar. La disparidad de poder, de conocimientos y de experiencias de vida es de alguna forma equiparada entre el agresor y la víctima, en perjuicio de las personas menores de edad”, repuntan.
En los dos casos coincide que son empleados públicos pertenecientes a un Estado que es garante de los derechos de los niños, quienes han sido los agresores, quienes han causado las muertes, lo que hace más perverso y agravante, estos crímenes.
PREGUNTAS QUE NECESITAN RESPUESTA
La pregunta ahora es, ¿qué se debe hacer para que estas agresiones terminen y el país cambie y avance en la tan necesaria protección de los niños, niñas y adolescentes de la violencia?
Elcarte, declara que: “es de todos sabido que lo mejor es prevenir la violencia, y en este momento el país tiene magníficas oportunidades para hacerlo. Primero, el Código Penal debe de dejar claro que ningún tipo de violencia contra personas menores de 18 años sea aceptada, en cualquier entorno, inclusive, el digital. También, la ley contra la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños, es otra gran oportunidad. Asimismo, al país, le hace falta una ley para definir la edad que determine cuándo es posible tener el ‘consentimiento’ para llevar a cabo relaciones sexuales, lo cual señalaría que las relaciones por debajo de dicha edad serían siempre violaciones”.
UNICEF, de igual manera, plantea que “la dimensión y la gravedad de esta forma de violencia ejercida contra la infancia vuelven sumamente relevante el diseño de políticas públicas que promuevan la prevención, la recolección de datos, la persecución de los perpetradores y la asistencia de las víctimas de abuso sexual”.
FORMACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL
Sin embargo, esto no es suficiente; todos los funcionarios o empleados públicos, como agentes de la ley, procuradores y jueces, maestros, sanitarios, y todos aquellos que de alguna manera tratan con infantes, deben ser formados para que puedan replantear sus conductas, y así eliminar completamente la violencia psicológica, física y sexual.
“Los funcionarios deben formar a las comunidades, a las familias, y a los propios adolescentes, para que también ellos puedan cambiar sus conductas, y mantener canales de diálogos abiertos en las familias, para que se pueda hablar de relaciones sexuales, de cómo protegerse de la violencia, y que los chicos y chicas puedan expresarse ante cualquier situación, sin miedo a castigos”, puntualiza la doctora Elcarte.
Finalmente, explica que: “en los últimos años, basándose en evidencias, se ha aprendido mucho sobre cómo promover acciones para reducir la violencia. Muchos países han seguido esta ruta, con cambios legales, políticos, educacionales y sociales, y ya han empezado a ver los frutos en la reducción de casos de abuso y de violencia. En el Caribe, muy recientemente Cuba y Jamaica han pasado por situaciones similares, y desde ya han expresado su compromiso con los infantes”.
“UNICEF espera que República Dominicana siga por el mismo camino; el de la paz, el del respeto a una vida feliz durante toda la infancia, en salud, con acceso a educación (de calidad), y libre de violencia”, agudiza el comunicado.
