La Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres, rechazó este viernes de forma contundente, lo que calificó como un nuevo intento de criminalizar a las mujeres dominicanas por actuar en defensa propia interrumpiendo un embarazo que pone en peligro su vida, su salud y su dignidad como personas.
Mediante una nota de prensa, expresó que “es un acto de irracionalidad, insensatez y desproporcionalidad llevar a la cárcel a una mujer que en circunstancias excepcionales necesita interrumpir el embarazo para salvar su vida e integridad y constituye, además, una interferencia con el ejercicio de la profesión médica, quienes, frente a cualquier complicación de un embarazo se sentirán limitados de actuar por miedo a represalias legales.”
Recordó que se estima que cada año, 25.000 mujeres y niñas son atendidas en el sistema de salud pública de la República Dominicana por complicaciones vinculadas con abortos espontáneos o inducidos, de ahí la gravedad de la penalización absoluta, pues significaría la inacción del personal de salud frente a dichas complicaciones.
“Queremos advertirles a todos los legisladores que están sentenciando a las mujeres a la muerte, la tortura, y despojándolas de su dignidad y capacidad ética para tomar decisiones, que no vamos a tolerar más muertes y violencia. En el país el aborto en condiciones de riesgo es la tercera causa de muerte materna las cuales a partir de ahora les serán imputadas. Ya está bueno que los legisladores no respondan por sus actuaciones contrarias a los derechos consagrados en nuestra constitución”, afirmó la coalición que lucha por los derechos de las mujeres.
Reiteró que los estudios y encuestas realizadas han dado como resultado que en la Republica Dominicana el 79 % de la población considera que el aborto no debería estar penalizado cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo, el 76 % cuando el embarazo no es viable y el 67 % cuando el embarazo es resultado de una violación o incesto.
En ese sentido, afirmó que no seguirá permitiendo que “un grupo de legisladores traicionando su investidura de legislar para garantizar derechos secuestren el Congreso para convertirlo en un púlpito religioso.
“Tampoco vamos a permitir que los derechos de las mujeres sigan siendo la moneda de cambio en la negociación de intereses políticos y religiosos. La garantía de la vida y la salud de las mujeres es un derecho fundamental, al que no vamos a renunciar, cueste lo que cueste”, agregó.
Finalmente advirtió que las organizaciones que conforman la Coalición no detendrán la lucha por las tres causales y que agotaran todos los recursos de garantía de derechos, tanto en el ámbito nacional como internacional.
“Garantizar la vida y la salud de las mujeres es un derecho fundamental que no debe ser objeto de negociación e intereses políticos particulares y creencias religiosas.”
