El abogado del capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores y del general del Ejército Boanerges Reyes Batista, Waldo Paulino, recusó este viernes a la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, para que no continúe con el conocimiento de la audiencia preliminar y lectura de la acusación de acusación a imputados en el entramado casos de corrupción operación Coral y Coral 5G.
Ahora será la Corte la que determinará si sigue o retira a la magistrada. Debido a la situación, el tribunal fijó la audiencia para el próximo viernes 3 de febrero a las 9:00 de la mañana.
La recusación dentro del derecho procesal es una forma de apartamiento de un juez de un proceso, cuando una parte considera que su imparcialidad se encuentra en duda.
Se recuerda que al exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), Adan Cáceres, le variaron la prisión preventiva por arresto domiciliario, impedimento de salida y la colocación de grillete electrónico.
Al coronel Rafael Núñez de Aza, la pastora Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete, implicados en el caso Coral, también salieron de la cárcel tras cumplir con el pago de una fianza y están en arresto domiciliario.
Al coronel Rafael Núñez de Aza, también implicado en el presunto entramado criminal, se le impuso una garantía económica de 100 millones de pesos, al igual que a Cáceres, mientras a la pastora y su hijo fue de 50 millones de pesos.
Entre los apresados en la Operación Coral 5G se encuentra el general de la Fuerza Aérea Dominicana de República Dominicana (FARD), Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
También el general Julio Camilo de los Santos Viola, de la FARD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.
Asimismo, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, el coronel Miguel Ventura Pichardo y el cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez, así como Erasmo Roger Pérez Núñez y César Félix Ramos Ovalle.
El Ministerio Público aseguró que estos estafaron con más de 4,000 millones de pesos al Estado dominicano.
