La Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) exige una actuación responsable e inmediata del Gobierno para ponerle fin al conflicto entre los prestadores de servicios de salud y las Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS).
Ese conflicto afecta directamente a cerca de 4 millones 800 mil personas, equivalente al 42% de toda la población dominicana, que paga un seguro de salud en el régimen contributivo, y a quienes se le está suspendiendo los servicios a que tiene derecho.
ADESA deplora que el Gobierno se declare “mediador” en este conflicto cuando, de acuerdo con la ley, es el árbitro y garante de los derechos de los afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS).
La ley No.87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, establece en su artículo 3, “que las funciones de conducción, financiamiento, planificación, captación y asignación de recursos del SDSS son EXCLUSIVAS DEL ESTADO Y SE EJERCERAN CON AUTONOMÍA INSTITUCIONAL respecto a las actividades de administración de riesgos y prestaciones de servicios”
Es de conocimiento público que los gremios médicos, las clínicas privadas, los dueños de laboratorios y del sector farmacéutico están reclamando que las ARS incrementen los precios de los servicios que prestan a sus asegurados.
Independientemente de la justeza de ese reclamo, corresponde al Consejo Nacional de la Seguridad Social conocerlo y adoptar una decisión al respecto, la cual debe estar orientada a preservar el derecho de los asegurados.
El acápite D, del artículo 22 de la ley de Seguridad Social, establece que una de las funciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social es “asumir la defensa de los afiliados en representación del Estado Dominicano”. Es hora de que el Consejo actúe en consecuencia y evite la prolongación de un conflicto de intereses en el que el pueblo lleva la de perder.
La ocasión es propicia para reclamar que el Gobierno priorice una reforma sustancial del Sistema de Seguridad Social en la que se le ponga límite al negocio de la salud, reduciendo los copagos, ampliando la cartera de servicios de los seguros, garantizando a la población asegurada servicios eficientes, de calidad y oportunos.
Esa reforma es reclamada por distintos sectores de la sociedad, pero no avanza ni en el Congreso Nacional ni en el Consejo de la Seguridad Social. Es hora de que el Gobierno Central formule e impulse un proyecto de reforma que satisfaga las aspiraciones de la población asegurada. ¿Qué impide que el Poder Ejecutivo tome la iniciativa al respecto, como lo ha hecho en otros asuntos de interés nacional?
El conflicto entre prestadores de servicios de salud desvía la atención de la sociedad sobre un tema esencial: la necesidad de transformación del Sistema de Salud y de la Seguridad Social. Por eso urge la solución de ese conflicto al tiempo que se retoma el debate sobre la reforma pendiente.
