Santo Domingo – En ocasión de la celebración del Día del Poder Judicial, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) compartió algunas reflexiones pertinentes en torno al balance general que, a su juicio, tuvo el sistema de justicia en el pasado año 2022.
De acuerdo a la organización, dicho balance es del que se derivan algunos retos de gran importancia para la sociedad dominicana y la institucionalidad democrática.
A continuación el texto íntegro de FINJUS:
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En ocasión de la celebración del Día del Poder Judicial, desde la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) deseamos compartir algunas reflexiones pertinentes en torno al balance general que, a nuestro juicio, tuvo el sistema de justicia en el pasado año 2022 y del que se derivan algunos retos de gran importancia para la sociedad dominicana y la institucionalidad democrática.
Toda la vida institucional, social y económica del país se desarrolló a lo largo del año pasado en el marco de los efectos de la pandemia por Covid-19 y una serie de fenómenos políticos que tuvieron su origen en Europa y otras latitudes, cuya influencia aún persiste en nuestro medio.
De todos los fenómenos importantes ocurridos en ese lapso queremos concentrarnos en los eventos que marcaron a las instituciones del sistema de justicia, en sus actuaciones y en el servicio que brindaron a la población, haciendo una valoración sobre los avances o retrocesos observados. Lo anterior es especialmente relevante al considerar que el sistema de justicia está compuesto por diferentes órganos que forman parte de distintos poderes públicos y al mismo tiempo las acciones cotidianas de esas entidades tienen una influencia directa en aspectos sustanciales de la realización de los derechos fundamentales, en la seguridad ciudadana, en el clima de negocios y en la seguridad jurídica en general.
Esto significa que para que el funcionamiento del sistema de justicia sea coherente con el Estado social y democrático de derecho debe caracterizarse por ser oportuno, accesible, equitativo, sostenible y enmarcado en el imperio de la ley por encima de cualquier circunstancia. Todos los actos de cada uno de estos órganos, en base a sus estructuras organizativas y jerárquicas, deben ser previsibles y apegados al orden constitucional.
2022 representó un espacio para mostrar las potencialidades y voluntades de las organizaciones del sistema de justicia. Luego de un periodo de dos años caracterizado por las limitaciones impuestas por la pandemia, que afectaron sensiblemente el servicio judicial, hemos observado importantes avances en el proceso de adecuar dicho servicio a las nuevas condiciones sociales, sanitarias y estructurales que existen en la actualidad.
En general las labores cotidianas del Poder Judicial se han dinamizado y la ralentización que se produjo en 2020 y 2021 ha cedido ante los cambios organizacionales introducidos. Dentro de los aspectos más importantes registrados en 2022 destacamos los siguientes:
- La aprobación y promulgación de la Ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial y su reglamento de aplicación, para enfrentar adecuadamente la realidad de las limitaciones que impuso la crisis sanitaria y que nos pone a tono con los procesos de virtualización de los servicios judiciales a nivel mundial, garantizando mecanismos de acceso inmediato y seguro en materia judicial. Es importante subrayar que esta normativa fue el producto de un amplio consenso con la comunidad jurídica, sectores legislativos y académicos.
- Los esfuerzos para reducir la mora o retardo judicial en diferentes jurisdicciones, lo que siempre ha representado un obstáculo para la realización de los principios de acceso pleno a los mecanismos de la justicia para la ciudadanía. De acuerdo a los informes recopilados existen reducciones significativas de las tasas de mora en casi todos los tribunales del país.
- Fue creado y se está implementando un sistema de gestión de casos para incrementar la eficiencia en las difertrtnes jurisidicciones, que ha sido completado en dos salas de la Suprema Corte de Justicia; en el Tribunal Superior Administrativo y en la Jurisdicción laboral implementado en su totalidad y en la mayoría de la Jurisdicción civil y comercial.
- En la actualidad se cuenta con un espacio en la página web del Poder Judicial que permite conocer en línea la evolución de los sistemas de integridad y transparencia a través de tableros de control, lo que facilita que las organizaciones jurídicas y sociales, así como las comunidades, puedan hacer recomendaciones y críticas sobre el desempeño de todas las estructuras judiciales.
- Se han actualizado los reglamentos del sistema inmobiliario, como un mecanismo para propiciar la confianza requerida para la inversión y seguridad jurídica, que incluye a los Tribunales de la Jurisdicción inmobiliaria en general, el Registro de Títulos; la Mensuras Catastrales y la Regularización Parcelaria y el Deslinde.
- Se evidencian significativos avances en el Programa de aspirantes a jueces, con mejores criterios de selección, en base a un innovador modelo educativo de la Escuela Nacional de la Judicatura.
Es importante mencionar que el Poder Judicial ha puesto en marcha un plan para el uso de mecanismos de resolución alterna de conflictos, dando como resultado la resolución de 4,000 casos que se encontraban en estado de rebeldía.
A la luz de estas informaciones que hemos recopilado podemos prefigurar algunos de los retos más importantes que la ciudadanía espera en 2023 dentro del Poder Judicial, que incluyen entre otros:
Reforzar la cultura de eficiencia que se ha puesto en ejecución en los tribunales de la República, al tiempo que se incentive el uso de vías alternas de resolución, para que en corto plazo la mayoría de los casos se resuelvan con penas sin llegar a juicio, lo que se traduciría en grandes economías en los limitados recursos que llegan a la judicatura y otros órganos del sistema de justicia.
Implementar de manera planificada y sistemática la nueva Ley de uso de medios digitales en todo el país, que permita el establecimiento del canal digital para los usuarios, las audiencias virtuales, los centros de consulta y autoservicio y los cubículos para las audiencias virtuales.
Realizar las consultas imprescindibles en la comunidad jurídica y la sociedad en general sobre la importancia de la actualización y adecuación de la Ley de Casación, que lamentablemente representa un factor de inercia para el sistema jurisdiccional por su obsolescencia.
Aumentar las cámaras especializadas, ampliando el número de sus jueces y adecuar los espacios físicos de acuerdo a necesidades de eficiencia. En este sentido es urgente que sea prontamente inaugurada la Ciudad Judicial en el municipio de Santo Domingo Este.
Valoramos asimismo la necesidad de que los juzgados de paz, en el marco de las leyes actuales y con las adecuaciones que resulten imprescindibles, sean la base de una nueva cultura ciudadana que refuerce la convivencia pacífica, la resolución alterna de disputas y la desjudicialización de una serie de procesos a su cargo, dando lugar a que estos juzgados se conviertan un punto de encuentro de la justicia con las comunidades y faciliten la creación de un nuevo modelo de justicia al servicio del desarrollo de las personas.
Estas medidas deberán estar acompañadas de pasos concretos para mejorar la gravísima situación que persiste en el sistema penitenciario, que condena a miles de personas a cumplir una pena anticipada y sufrir malos tratos.
Es urgente que el Poder Judicial se articule con la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Prisiones para establecer un censo penitenciario verificable y que sea adecuado a los cambios en el funcionamiento ordinario del sistema de justicia penal, lo que implicaría el establecimiento de un sistema de identificación biométrico, que permita poner al día la totalidad de las órdenes de libertad en todos los tribunales de ejecución de la pena y de la sanción adolescente y garantice la reducción de la cantidad excesiva de presos preventivos.
Sigue siendo una tarea pendiente en el sistema de justicia la transformación del sistema penitenciario, que se ha convertido en una grave anomalía en nuestro régimen democrático y que, pese al empeño que muestra la Procuraduría General de la República, vía la Dirección General de Prisiones y la Escuela Nacional Penitenciaria, todavía está muy alejado de los mandatos de las leyes y la Constitución al respecto. FINJUS se unió a la iniciativa del INFOTEP, la PGR y Prisiones, para la creación de talleres móviles en 7 recintos penitenciarios en todo el país, con diversos programas de formación, en lo que se espera sea un aporte sostenido para garantizar la reinserción social de los internos y mejores perspectivas para sus familias.
Sobre el Ministerio Público
El rasgo más destacado de la labor del Ministerio Público en este período ha sido su dedicación para llevar adelante una serie de procesos judiciales vinculados con expedientes sobre supuestos casos de corrupción, con gran notoriedad e impacto social.
Las acciones que han encaminado los programas especializados de lucha contra la corrupción en el Ministerio Público han reflejado una clara determinación de iniciar procesos judiciales contra las prácticas de corrupción y combatir la cultura de impunidad, que han sido de las principales demandas de la sociedad en los últimos años. Con ello se ha mostrado que el Ministerio Público, en base a su cuerpo normativo actual, tiene la capacidad para desarrollar una labor independiente del Poder Ejecutivo, y que el devenir de sus acciones dependerá sobre todo de su capacidad técnica y de gestión de las evidencias en estos procesos.
Como era de esperarse, estas gestiones del Ministerio Público han generado altos niveles de polémica y discusión jurídica sobre los fundamentos de cada caso, y será labor de los tribunales de la República determinar su veracidad o no.
Pero ha sido muy preocupante para amplios sectores de la sociedad, incluyendo las altas instancias de las propias instituciones del sistema de justicia, el enfrentamiento que se ha derivado entre los operadores en su seno, lo que contraviene con el deseo de la sociedad de que estos procesos no sean empañados por imputaciones derivadas de las actuaciones de los responsables de los órganos.
A fin de cuentas, tanto los miembros del Ministerio Público actuante como los magistrados del área penal, están realizando sus funciones en el marco de sus atribuciones legales y competencias, y como se apuntó recientemente, las disputas en los medios de comunicación entre estos actores sólo beneficia a quienes apuestan a la división, el resentimiento y la confusión entre los operadores del sistema.
Consideramos que actualmente existe suficiente evidencia de que tanto los fiscales como los jueces están actuando apegados a sus respectivas leyes y cuidando que el debido proceso de ley sea el marco para dirimir y dilucidar las acusaciones correspondientes.
Desde FINJUS valoramos que el Ministerio Público ha acumulado las suficientes competencias y capacidades para acometer los grandes retos que le esperan en 2023, para seguir cumpliendo con su misión institucional. Estos retos incluyen:
- El mejoramiento del contenido del servicio que se presta a la ciudadanía, especialmente el que está dirigido a las víctimas y sectores vulnerables, quienes por su condición especial son objeto de malos tratos y abusos, desarrollando nuevos enfoques para un trabajo oportuno y más humano.
- Brindar especial atención al perfeccionamiento o creación de sus capacidades de persecución estratégica, mediante mecanismos innovadores que permitan un abordaje más sistemático y eficiente de los casos que serán presentados ante el sistema de justicia penal.
- Seguir fortaleciendo la capacidad de dirección de la investigación penal en una relación más cooperativa con la Policía Nacional y otras agencias de investigación o persecución penal, incrementando las posibilidades del logro de condenas en los casos presentados ante la jurisdicción penal.
- Alcanzar mejores índices de éxito en la persecución del crimen organizado trasnacional, sobre todo en los casos de trata y tráfico de personas, delitos financieros y corrupción.
- Fortalecer los mecanismos de fiscalización funcional al interior del Ministerio Público para garantizar los criterios de unidad en las actuaciones en sus diversas dependencias en cada uno de los distritos judiciales, en base a los mandatos de su Ley Orgánica, la Constitución y las leyes.
- Crear los mecanismos para una mayor racionalización de la persecución penal, de forma que sean mejor utilizados y se implanten los planes nacionales que sean necesarios para el uso de mecanismos alternos de solución del conflicto, articulándose con instancias o iniciativas comunitarias que se dirigen a esos mismos objetivos.
- Fortalecer los mecanismos de gestión de la carrera del Ministerio Público en sus diferentes niveles o aspectos: matrícula, evaluación de desempeño y escalafón.
- Hacer más efectivos los mecanismos de control disciplinario previstos en la Ley Orgánica del Ministerio Público y sus reglamentos, para garantizar un ejercicio funcional más apegado al cumplimiento del derecho y las buenas prácticas.
- Propiciar la creación de los mecanismos de diálogo y seguimiento con las organizaciones sociales representativas en los distintos distritos y departamentos judiciales del país, o fortalecerlos si ya existen.
Todo lo anterior debe permitir el surgimiento de un gran movimiento que sea la base de la consolidación de la filosofía institucional de responsabilidad interna y la ética profesional, al tiempo que se propicie un mejoramiento sustancial de la interacción institucional con el Poder Judicial en las etapas críticas de los procesos penales de alto perfil.
Otro de los grandes retos institucionales del país que está íntimamente relacionado con el sistema de justicia lo constituye la reforma policial y el reforzamiento de la seguridad ciudadana. La sociedad está observando con gran esperanza las transformaciones que vienen operándose en el cuerpo policial, tras la labor desarrollada por el Grupo de Trabajo para la Transformación Policial, integrada por organizaciones sociales y las medidas que está diseñando e implementando directamente el Poder Ejecutivo y a través del Ministerio de Interior y Policía.
La creación de un verdadero sistema de formación y capacitación en la Policía y la aplicación de metodologías modernos en el trabajo policial darán sus frutos en el corto y mediano plazo, sobre todo si cuentan con el seguimiento y participación de la ciudadanía en sus comunidades. En este aspecto es vital la coordinación interinstitucional amplia, donde los operadores del sistema de justicia deben jugar un rol destacado.
Otra de las instituciones claves del sistema de justicia, que continua aspirando a ser provista de las condiciones materiales adecuadas para su funcionamiento, es la Defensa Pública, que en el año 2022 ha mostrado toda su potencialidad y que tiene sobre sus hombros más del 60 por ciento de los casos penales en todo el sistema de justicia. La labor esforzada que realizan sus miembros debe ser reforzada, como una contribución imprescindible del Estado dominicano para mostrar nuestro compromiso al principio constitucional de garantizar la tutela efectiva del derecho a la defensa de todas las personas imputadas o en conflicto con la ley, mediante un personal altamente calificado.
Finalmente debemos referirnos a un punto que continúa siendo un déficit sensible del Estado para que el sistema de justicia logre un rendimiento excelente en sus respectivas organizaciones. Nos referimos a la inobservancia de la ley que sustenta la autonomía financiera y presupuestaria de los órganos del sistema de justicia.
Para 2023, como ha ocurrido en años anteriores, las partidas consignadas para los órganos e instituciones del sistema de justicia quedarán muy por debajo de las necesidades que enfrentan y recibirán montos inferiores a los que les corresponde de acuerdo a leyes especiales vigentes. Es oportuno recordar al Gobierno Central que sin los recursos adecuados, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Servicio Nacional de la Defensa Pública no podrán contribuir a reducir o prevenir la criminalidad, investigar sus responsables ni aplicar las consecuencias que de ellos se derivan.”
