Santo Domingo.- En el marco de la celebración del Día Internacional del Migrante,Colectivo Haitianos RD, resaltaron este viernes los aportes de nuestra comunidada la economía y la sociedad dominicana, ya que a pesar de la propaganda sin fundamentosque somos una carga para el Estado, las cifras y los estudios científicos, como la ENI 2017,sitúan nuestros aportes a la actividad económica dominicana de un 7 a 9.5% del PIB.
También resaltaron que la balanza comercial favorece a República Dominicana en una
proporción 97 a 3.
“Fuimos testigos de las consecuencias del cierre de un punto fronterizo
en Dajabón, para los productores agrícolas dominicanos. Los inmigrantes haitianos, al igual
que gran parte de la sociedad dominicana, somos gente trabajadora y no se nos debe
maltratar por buscar mejores condiciones de vida”, expresaron.
“La situación crítica de nuestro país Haití,
no se resolverá con una nueva invasión, como lo pide el gobierno dominicano a la
comunidad internacional. Tampoco estigmatizar a los haitianos que emigran, al igual que
más de dos millones de dominicanos, buscando oportunidades y mejores condiciones de
vida en Puerto Rico, España o EEUU”, sostuvieron.
Agregan en ese orden que se encuentran con violaciones sistemáticas de derechos humanos, en el marco de políticas que deshumanizan y humillan a una comunidad inmigrante que hace tan importantes aportes a todos los órdenes de la vida nacional.
“Creemos que hubo un retroceso en materia de derechos humanos”, manifestaron al respecto.
Varios organismos internacionales, como
ACNUR y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, han reiterado la solicitud de una suspensión de las deportaciones de personas haitianas, a todos los gobiernos de la región incluida la República Dominicana.
“Lamentablemente, la reacción del
gobierno fue recrudecer una política violatoria de los derechos humanos, como lo es la
expulsión colectiva”, dijeron.
Peor aún, el decreto 668-22 da el marco para una persecución dirigida especialmente
contra inmigrantes que vivan en tierras estatales o privadas, como es el caso de las
comunidades bateyeras. Estas comunidades ya sufren los efectos de la superexplotación
laboral y la ausencia de derechos.
Aseguraron, que luego de trabajar por décadas en la industria azucarera y haber solicitado sus pensiones hace más de 10 años, más de 5,000 ex trabajadores cañeros tienen que movilizarse exigiendo una pensión que les corresponde por ley.
“Quienes Trabajan actualmente en ese sector, en muchos casos no tienen ingresos fijos ni contratos sino que les pagan precios muy bajos por cada tonelada de caña cortada y transportada”, expresaron.
En ese sentido hablaron de las actuaciones de la Dirección General de Migración en contra de su comunidad y también en contra de las personas dominicanas de tez negra sin tener alguna ascendencia haitiana, las que consideran están plagadas de ilegalidades.
De acuerdo a su criterio los agentes migratorios suelen operar con caras cubiertas y no se identifican a la hora de realizar detenciones, en abierta violación de la Constitución dominicana.
Dicen que se han documentado extorsiones, robos de pertenencias, asesinatos, allanamientos sin orden judicial, detenciones de mujeres embarazadas y menores de edad, entre otras violaciones graves de derechos humanos, leyes nacionales y convenios binacionales e internacionales.
El pasado 2 de diciembre, junto con otras organizaciones sociales y de derechos humanos, participaron en una reunión con la Procuradora General de la República, para plantear la necesidad de investigar las violaciones a los derechos humanos por parte de la DGM,terminar con la impunidad de los linchamientos racistas y que se tomen medidas contradiscursos de odio y acciones de intimidación por parte de “grupos neofascistas y trujillistas”.
Invitaron asimismo al gobierno dominicano a invertir esfuerzos en la regularización tanto ordinaria como extraordinaria a través de una tercera fase del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros/as, iniciado y no culminado por la administración pasada.
