Muestran preocupación por la no aprobación a las leyes de partidos políticos y del régimen electoral
El Consejo Nacional de Participación Ciudadana, presentó este miércoles su informe donde avalua el año 2022, en el cual denunció que los partidos políticos están en campaña en violación a la ley incluyendo al presidente de la República Luis Abinader.
“El presidente Abinader y parte de su gobierno aparecen ya definitivamente en campaña, tal como muestra la publicidad desbordada del gobierno, centrada en el culto a la personalidad, como siempre se ha hecho”, señaló el presidente del organismo Joseph Abreu.
Agregó además “los principales partidos de oposición ya están lanzados a las calles en una carrera sin frenos que no deja espacio para lograr acuerdos de reformas”.
Mostraron preocupación por la no aprobación a las leyes de partidos políticos y del régimen electoral a ser aplicada en los venideros comicios.
“Nadie niega que esas leyes necesitan modificaciones para avanzar hacia una democracia más desarrollada, pero los principales partidos y sus representantes en el Congreso, prefieren dejar las cosas como están, mientras someten al país a una intensa campaña a destiempo”, señaló Abreu.
Criticaron las promesas hechas en ese sentido por los presidentes de las cámaras legislativas, sin que hasta el momento hayan sido aprobadas las modificaciones a la ley 33-18 y 15-19 “todo apunta hacia unas elecciones del 2024 con dos leyes ineficaces, campañas costosas y desbordadas, con mecanismos de control muy débiles y sanciones casi inexistentes a quienes violan la normativa”.
Informe
- Reformas institucionales y politicas
El final del año 2022 encuentra a la sociedad dominicana con un severo retraso en la aprobación de las trece reformas sometidas en el 2021 por el gobierno al Consejo Económico y Social.
Las principales reformas pendientes abarcan los temas de: calidad educativa, leyes electorales y de partidos, reforma fiscal, seguridad social, administración pública, hidrocarburos, cambio climático, migración, salud, reforma policial, seguridad ciudadana. Siete de las propuestas de reformas fueron terminadas, pero ninguna ha sido discutida y aprobada en el Congreso Nacional.
Participación Ciudadana expresa su preocupación por la falta de voluntad que muestra la dirigencia política y los legisladores frente a las necesarias reformas que requiere el país. Es una pena que, en vez de lograr acuerdos para que el país avance en tantas reformas pendientes, que todo el mundo reconoce como necesarias, el 2022 se haya perdido en campaña política a destiempo, promociones personales, posiciones extremistas con relación a la migración haitiana, o en planteamientos contrarios a la institucionalidad, como lo fue el llamado a boicotear el censo nacional, una actividad obligatoria, absolutamente necesaria, que venía organizándose desde el 2017,a un costo de miles de millones y que no debe estar sujeta a proselitismo político.
Un ejemplo claro de esta situación lo constituye lo que ha pasado con las propuestas de reforma a las Leyes 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y 15-19 de Régimen Electoral.
La Junta Central Electoral entregó al Congreso Nacional sendas propuestas de modificaciones a estas leyes, en abril del 2022. Adicionalmente una mesa del CES que contó con representación de todos los sectores, discutió las propuestas y en septiembre fue entregado al Congreso un documento contentivo de los acuerdos.
A pesar de las promesas de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, el 2023 nos encontrará con las mismas leyes que mostraron una gran cantidad de debilidades y falencias en las pasadas elecciones.
Nadie niega que esas leyes necesitan modificaciones para avanzar hacia una democracia más desarrollada, pero los principales partidos y sus representantes en el Congreso, prefieren dejar las cosas como están, mientras someten al país a una intensa campaña a destiempo. Ante tal realidad, la JCE se ha visto en la necesidad de hacer firmar un acuerdo de compromiso para reducir las campañas, más allá de lo establecido en el Artículo 78, numeral 8 de la Ley de Partidos y del Artículo 280.4 del Régimen Electoral.
Todo apunta hacia unas elecciones del 2024 con dos leyes ineficaces, campañas costosas y desbordadas, con mecanismos de control muy débiles y sanciones casi inexistentes a quienes violan la normativa.
El presidente Abinader y parte de su gobierno aparecen ya definitivamente en campaña, tal como muestra la publicidad desbordada del gobierno, centrada en el culto a la personalidad, como siempre se ha hecho. Los principales partidos de oposición ya están lanzados a las calles en una carrera sin frenos que no deja espacio para lograr acuerdos de reformas.
En resumen, el panorama político electoral apunta hacia la repetición de la misma cultura, solo concentrada en la descalificación. Abundan los discursos mesiánicos, llenos de promesas vacías de contenido; carentes de valores éticos y de compromisos claros con la institucionalidad y la honradez en el manejo de los recursos públicos, entre otros vicios que han caracterizado la vida política y de los que la población está hastiada.
La percepción hacia la democracia, su valoración y confianza han aumentado en los últimos dos años, principalmente debido a la valoración personal que todavía tiene el Presidente Abinader, por el rol protagónico de la Procuraduría General, que sigue siendo el punto más luminoso de esta gestión gubernamental, así como también, por los efectos de una sociedad civil y una prensa con mayores capacidades para incidir en las decisiones gubernamentales.
Según en su último informe de Latinobarómetro, han mejorado las puntuaciones de instituciones como la Justicia (36), Congreso (33), Fuerzas Armadas (52), Iglesias (70), Partidos Políticos (24), todas ellas por encima del promedio de la región.
- Transparencia y lucha contra la corrupción. El año 2022 estuvo marcado por importantes acciones que indican que estamos ante algunos avances en el trabajo de los órganos de control interno del gasto público, como lo son la Contraloría General de la República (CGRD), la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), el Ministerio de Administración Pública (MAP) y con mayor protagonismo la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP). También se destacan avances en el trabajo del principal órgano de control externo, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) así como en las comisiones especiales del Congreso Nacional.
Se percibe que el país ha avanzado en aspectos de transparencia y en el accionar de las instituciones de control, así como en la incidencia de la sociedad civil, procesos que han sido notables en los últimos dos años, tal como lo muestran las destituciones y renuncias forzadas de varios funcionarios del actual gobierno que han sido denunciados por actuaciones alejadas de la ley o de la ética.
En enero del presente año, como capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana dio a conocer el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, el cual presentó un ligero avance, con una puntuación de 30/100, alcanzando la posición 128/180, mejorando nueve posiciones.
Dentro de las acciones de los órganos de control del gasto público que inciden en la materia de transparencia podemos destacar, en el 2022:
• Informe de la DGCP, apoderando a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), de una investigación realizada en conjunto con la Unidad Antifraude de la CGRD al Instituto de Bienestar Estudiantil INABIE, correspondiente a gestiones de la administración de Danilo Medida, como también a funcionarios salientes de la actual gestión, en enero de 2022.
• Comunicación de la DGCP a INPOSDOM, a raíz de una investigación de oficio realizada en conjunto con la Unidad Antifraude de la CGRD por violaciones a las leyes 340-06 de Compras y Contrataciones, Ley 41-08 de Función Pública y Ley 10-07 de Control Interno, en contrato con la empresa MIA CARGO GROUP.
• Suspensión de contratos de trabajos de saneamiento de la cañada de Arroyo Gurabo, realizada por el INAPA, a raíz de denuncia en investigación de la periodista Nuria Piera. La suspensión la hizo la el propio INAPA ante las irregularidades denunciadas, antes de la intervención de la DGCP, en marzo de 2022.
• Investigación especial de la CCRD al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) por resultados de auditoria en el período abril- agosto del 2020.
• Investigación especial de la CCRD a la empresa eléctrica EGEHID por auditoria al período enero 2014- diciembre 2020, sometida ante la PEPCA, en abril de 2022.
• Invitación a comparecer realizada por la Comisión de Justicia del Senado de la República a la directora del Programa Supérate, Gloria Reyes, a raíz de los casos de fraudes con las tarjetas de ayuda social de ese programa, en mayo de 2022.
• Informe de la DGCP apoderando a la CGRD y CCRD de irregularidades en la construcción de las estaciones de transferencia de residuos sólidos en el municipio de Nagua, de la provincia Sánchez Ramírez, que incluyó la suspensión de varios lotes de licitación realizadas por la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), en mayo del 2022, a raíz de investigación periodística de El Informe con Alicia Ortega.
• Resolución DGCP por irregularidades en el programa «Pinta tu Barrio» desarrollado por PROPEEP, en junio de 2022, a raíz de las irregularidades denunciadas por el programa de investigación periodística de El Informe con Alicia Ortega.
• Resolución de la DGCP, suspendiendo contratos al Ministerio de Educación por más de RD$2,500 millones, en la adquisición de libros digitales para el nivel secundario del año escolar 2022-2023.
• Resolución de DGCP para la suspensión de licitación pública en compra de conductores y materiales de la empresa de distribución eléctrica EDENORTE, en julio de 2022, a raíz de denuncias realizas por el movimiento Somos Pueblo.
• Resolución RIC-160-2022 emitida por la Dirección de Contrataciones Públicas según la cual la Oficina Nacional de Estadística (ONE) habría cometido irregularidades graves en la compra de las tabletas que fueron utilizadas en el X Censo.
La cantidad de denuncias ante los órganos de control, realizadas por diferentes programas de investigación periodística, la sociedad civil, proveedores y ciudadanos afectados e interesados, apunta a un mayor nivel de confianza y esperanza en el régimen de consecuencias. A los casos ocurridos en el 2021, se sumaron en el presente año, la destitución o renuncia de varios funcionarios del gobierno, entre los que se destacan:
• El ex ministro de educación Roberto Fulcar,
• El ex director de INABIE Cecilio Rodríguez,
• El ex superintendente de electricidad Rafael Velasco tras escándalo por aumento de salarios.
• El ex ministro de la Presidencia Lizandro Macarrulla, señalado en distintos escándalos y expedientes de corrupción en su ejercicio privado en gestiones pasadas,
• La ex directora ejecutiva del CONANI Ana Cecilia Morun Solano, por diferentes situaciones presentadas en esa institución con muertes de niños y escapes de adolescentes.
Otras decisiones tomadas por el gobierno en el 2022 y que contribuyen a fortalecer la confianza, fueron:
• Rescisión de contrato entre INPOSDOM y MIA CARGO GROUP ante irregularidades encontradas en investigación conjunta de la DGCP y la Unidad Antifraude de la CGRD.
• Retiro del contrato de Fideicomiso Punta Catalina del Congreso Nacional, a raíz de las preocupaciones de distintas entidades de la sociedad dominicana.
• Rescisión de contratos por más de RD$239 millones, por no entrega de butacas, realizado por el Ministerio de Educación, en la actual gestión del ministro Ángel Hernández, así como la suspensión de procesos de compras en los diferentes casos denunciados.
El país tiene muchos retos por delante, pero claramente hemos avanzado respeto a años anteriores. La sociedad civil organizada, la prensa y la ciudadanía en general, deben continuar involucrándose para garantizar la consolidación y el fortalecimiento de las acciones en procura de mayor transparencia y la aplicación del régimen de consecuencias.
En el presente año, PC denunció en varias ocasiones los intentos de minúsculos grupos que, mediante campañas en las redes y a través de algunos medios de comunicación, han pretendido detener las acciones que hemos enumerado, con el claro propósito de proteger a intereses particulares que se benefician de la ausencia de controles. Fueron notables los ataques a la Procuraduría General de la República, a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General.
- Luces y sombras en el sector justicia
Participación Ciudadana ha celebrado el importante avance en la lucha contra la corrupción que representó el nombramiento de personas independientes y bien preparadas al frente de la Procuraduría General de la República y algunas de sus principales dependencias, lo cual arrojó un balance muy positivo con el sometimiento a la justicia de extensos expedientes de corrupción. Sin embargo, en el 2022, este proceso se ha ralentizado, principalmente por la lentitud con que los tribunales han llevado las audiencias, con excesivo tiempo en las posposiciones.
Las mayores energías del Ministerio Público han estado dirigidas en este año al sostenimiento de los expedientes presentados y a enfrentar los intentos de evadir a la justicia por parte de imputados que cuentan con recursos más que suficientes para obstaculizar los procesos.
Los casos: Antipulpo, que involucra a hermanos del pasado presidente de la República; Coral y Coral 5G, que involucra a generales y coroneles, algunos de la seguridad del pasado presidente; caso Medusa, que acusa de múltiples crímenes al anterior procurador general de la República; el caso Caracol, que involucra a anteriores miembros de la Cámara de Cuentas; las investigaciones en el caso del Ministerio de Hacienda de la pasada gestión. Cada uno de estos expedientes presenta pruebas de sustracción de miles de millones de pesos de los fondos públicos. A estos se agregan acusaciones contra funcionarios del presente gobierno, como el de la operación 13 en la Lotería Nacional, el caso de INAIBI, el de CONANI y otras instituciones, representan un serio reto para los fiscales que han tenido que trabajar por más de dos años en jornadas extraordinarias y con recursos muy limitados.
Es lamentable que, en uno de los casos de los que más se conoce, tanto por investigaciones periodísticas como por informes procedentes del exterior y de la propia empresa involucrada, como es la licitación, contratación y construcción de Punta Catalina, todavía no se tenga conocimiento de expediente.
Sin embargo, la actuación de los tribunales no ha estado a la altura de las expectativas ciudadanas. Por un lado, la lentitud en los procesos que están en curso despierta el temor de que se extiendan tanto como para perder el interés público, o queden atrapados entre legiones de abogados y de imputados que interponen cada día nuevos obstáculos en el arduo camino de lograr que se haga justicia y se recuperen los recursos sustraídos al pueblo dominicano.
Cuatro sentencias en casos de corrupción han creado la inquietud de que los tribunales dominicanos no estén a la altura del reclamo nacional de avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
En el 2022 los casos de ODEBRECHT Y EMBRAER avanzaron camino a la sempiterna impunidad, con sentencias de fondo de primer grado que favorecieron a la mayoría de los imputados, aunque en los dos casos las empresas brasileñas involucradas admitieron los sobornos y pagaron multas. Se trata de expedientes que fueron instrumentados en la gestión del procurador general de la República anterior, compañero de partido de varios de los involucrados y actualmente preso por acusaciones de corrupción.
También en el 2022 asistimos impotentes a otra sentencia que avergonzó a todo el sistema de justicia (jueces y fiscales). La declaración de “no ha lugar” en el caso del barrio Los Tres Brazos dejó atónito al país, porque las pruebas de robo del patrimonio público y extorción contra cientos de ciudadanos están más que documentadas en el expediente, que se elaboró luego de denuncias periodísticas y de una investigacion realizada por una comisión especial, sobre lo que estaba pasando en ese barrio.
Afortunadamente, el Consejo del Poder Judicial suspendió al juez Juan Rodríguez Consoró y lo sometió a la Justicia, decisión que envía un mensaje muy oportuno y se puede anotar como un resultado de la presión de la opinión pública.
Otra sentencia que dejo insatisfecha a la opinión pública fue la referente al caso de la OMSA, porque solo se condenó el asesinato del abogado Juniol Ramírez, mientras dejaron fuera las acusaciones de corrupción en esa institución estatal.
En Participación Ciudadana creemos que nos encontramos en un buen momento en el fortalecimiento y adecentamiento de las instituciones fundamentales del sistema democrático. Apelamos a un ejercicio más ético de la vida política, gracias a la aplicación del régimen de consecuencias que deberá imperar en todos los casos y que ayudará a frenar la impunidad existente.
En los esfuerzos por evitar situaciones como las que se describen en los casos mencionados, el presidente Abinader ha propuesto la creación de un Ministerio de Justicia, lo cual permitiría que el Ministerio Público se concentré en dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública contra la corrupción y todos los tipos de delitos.
El nuevo ministerio se ocuparía de la administración de las cárceles; la operación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF); la custodia y conservación de bienes incautados o secuestrados; la administración de los registros de antecedentes penales y emitir las certificaciones correspondientes; procurar la protección de víctimas y testigos, sus familiares y demás intervinientes en los procesos penales; representar los intereses del Estado ante cualquier jurisdicción; adoptar medidas para proteger los intereses de los menores, los indigentes y los incapaces y otras tareas puramente administrativas que actualmente se encuentran bajo la competencia del ministerio público
Valoramos esta propuesta del presidente Abinader, que deberá ser incluida en una futura reforma constitucional, complementando la importante decisión de sustraer de la competencia del Poder Ejecutivo la designación del procurador general de la República y la mitad de sus adjuntos, pasándola a un Consejo Nacional de la Magistratura reconformado.
Mientras tanto, apelamos a la buena voluntad del ejecutivo y del Congreso Nacional para que cumplan la Ley que estipula 1.44% del presupuesto a la Procuraduría General y, de esta manera, encaminarnos hacia un ministerio público preparado para desempeñar el papel que le corresponde en la lucha contra el crimen en general, la corrupción y por el fin de la impunidad.
Un importante avance en el 2022 fue la aprobación y promulgación de la Ley de Extinción de Dominio, normativa llamada a fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción administrativa.
Esta Ley es un mandato constitucional que estaba pendiente desde el 2010, que permite perseguir, de forma autónoma, los bienes obtenidos de manera ilícita; que no haya la necesidad de esperar una sentencia en lo penal para tales fines; que aquellos que cumplan condena penal, al salir de la prisión no se burlen de la sociedad exhibiendo los bienes mal habidos como un premio a su conducta delictiva. Esperamos que los reglamentos correspondientes sean elaborados con presteza para que esta importante Ley entre en plena ejecución.
- El tema haitiano
Durante el 2022, la República Dominicana se enfrentó a varias situaciones controversiales respecto a temas de derechos humanos y seguridad ciudadana, siendo los más relevantes la situación migratoria con los nacionales haitianos en territorio nacional y la delincuencia común.
Participación Ciudadana ha sostenido la posición de respaldar el derecho del Estado Dominicano de cumplir la normativa vigente con respecto a las políticas de control y regulación migratoria, como así lo ejerce cualquier otro estado en el contexto internacional. El país cuenta con la potestad de aplicar las normativas migratorias, siempre garantizando el respeto a los derechos humanos.
Nuestra organización sigue aspirando a un debate serio, sereno y realista de toda la complejidad que encierra el acuciante fenómeno social de las migraciones, sobre todo en una situación tan difícil y particular como el hecho de compartir la misma isla con el país más pobre del hemisferio occidental. En ese debate, en cualquier reforma de las leyes y en las decisiones que tome el Estado dominicano, no debe ignorarse la realidad del papel que desempeña la mano de obra haitiana y los negocios con esa vecina nación, en la economía dominicana.
Para poder realizar acciones exitosas respecto a la situación migratoria con Haití, es necesario eliminar la corrupción que da lugar a que esta migración ocurra de manera ilegal. A la República Dominicana le corresponde que la entrada al país de estos inmigrantes sea de forma regulada, en las cantidades que puedan ser absorbidas por el mercado laboral y garantizando un trato digno y justo.
Informaciones oficiales indican que una enorme cantidad de los ciudadanos haitianos que llegan a República Dominicana lo hacen con visas otorgadas por los consulados dominicanos, situación que hace décadas viene siendo denunciada como un negocio jugoso que solo favorece a las personas que ejercen las funciones consulares. Si el Estado Dominicano no puede controlar sus propias visas y detener las denuncias de que se comercia con ellas, es difícil que pueda hablar de controles migratorios.
En el 2022, la situación de Haití se ha agravado enormemente, lo cual es un motivo de gran preocupación para el pueblo dominicano, sobre todo porque la comunidad internacional es poco lo que está haciendo para ayudar a nuestros vecinos a recuperar la gobernabilidad perdida. Sin embargo, entendemos que, aun en las peores circunstancias, el país no puede permitir que ninguna de los agentes involucrados en esta problemática, incurran en actuaciones arbitrarias, violentas, violatorias a los derechos humanos, que afecten a los inmigrantes haitianos, ni mucho menos a dominicanos de origen haitiano o a humildes ciudadanos que, en algunos casos, son confundidos en las redadas, detenidos y sometidos a vejaciones y extorción, antes de ser puestos en libertad.
La República Dominicana y Haití seguirán compartiendo esta isla, por lo que, la agenda social, política e institucional debe estar orientada a un ganar-ganar, desde la visión colectiva del objetivo común, que conduzca a una sociedad más justa, más humana, más democrática y de un desarrollo más sostenible.
- Los derechos humanos y la reforma Policial
Este es un tema que ha dominado la opinión pública en el 2022. Un problema recurrente en las últimas décadas y, aunque las estadísticas oficiales indican una baja en la tasa de homicidios, la cantidad de crímenes, asaltos y delitos es suficiente para mantener a la ciudadanía en un ambiente de temor.
Son pocos los que se sienten seguros y confiados con el trabajo que realiza la policía. El gobierno ha iniciado una reforma policial. Se han aumentado los salarios y beneficios y se crearon varias comisiones que han estado trabajando en los diversos aspectos que se requieren para una transformación sostenible y profunda. Pero los resultados todavía no se ven, la policía sigue presentando comportamientos arbitrarios y represivos frente a la ciudadanía, actuaciones violatorias a los derechos humanos que a la vez son ineficaces frente a la delincuencia callejera. De igual manera, los feminicidios siguen creando consternación en la sociedad dominicana. El 2022 termina sin avances visibles en la policía, la reforma parece ir muy lenta y algunas acciones tomadas en este año han sido claramente ineficientes.
Recientemente, el Comisionado para la reforma policial dijo que una estructura delictiva ha actuado al interior de la institución policial desde hace décadas y que con los actuales aprestos de reforma se está avanzando en desmantelar esa estructura. Participación Ciudadana espera que los anunciados cambios no se queden en declaraciones, como siempre ha ocurrido y que las actuales autoridades logren enfrentar este problema con medidas eficaces que devuelvan la tranquilidad y la confianza a la ciudadanía.
La Defensoría del Pueblo es una institución que ha realizado un buen trabajo en el 2022, pero se ve desbordada por la cantidad de casos de abusos que presenta la ciudadanía.
- El desempeño económico en 2022
Por segunda vez en los últimos tres años, la economía dominicana ha sido víctima de eventos originados en el exterior pero que han dejado sentir sus efectos en todo el mundo. En ambos casos la economía ha resistido la prueba relativamente bien, en comparación con la mayoría de sus pares de América Latina y el Caribe.
El entorno internacional se volvió a tornar terriblemente adverso, por los efectos retardados de la pandemia, la política de Covid cero de China, los problemas confrontados con las cadenas de suministro, los altos costos del transporte y las alzas de precios de los combustibles, alimentados por la guerra en Ucrania y la guerra comercial de los EUA contra China. Si bien en el 2021 se dio una importante reactivación tras el confinamiento, la evolución posterior se ha complicado y se presenta la amenaza de estanflación.
Aun en ese contexto internacional, la economía dominicana siguió exhibiendo un notable crecimiento con estabilidad en el 2022. En los primeros nueve meses, el PIB aumentó en 5.4% y se espera que al terminar el año cierre con un crecimiento de 5%, lo cual ya no sería por rebote, porque ocurre tras una expansión de 12.3 en el 2021.
Esto es un gran logro, en un contexto en el cual la economía mundial solo crece al 3.2%, la de EUA al 1.6%, la de Europa al 3.1%, la de China al 3.2% y el promedio de ALyC se espera un 3.2%.
El crecimiento se ha visto favorecido por la fuerte recuperación del sector turismo, cuya cantidad de visitantes extranjeros podría este año volver a recuperar los niveles previos más altos obtenidos en el 2018. También han crecido los sectores salud y servicios, incluidos los de administración pública. Es destacable el crecimiento de las zonas francas, el comercio y las finanzas.
Los sectores llamados productivos, como la industria, agricultura, construcción y minería exhiben tasas de incremento mucho menores que el promedio.
Congruente con esta evolución, el empleo se sigue recuperando, pues la población ocupada superó los 4.7 millones, cosa que no ocurría desde el 2019. La tasa de desempleo bajó al 5.2% en el segundo trimestre del 2022, colocándose ligeramente por debajo del período prepandemia, y cayendo desde un 7.5% en igual período del año anterior. Es resaltable, sin embargo, que de esos 4.7 millones de ocupados, más de la mitad se ubica en actividades informales que en algunos casos no es más que desempleo disfrazado. Según el Banco Central, el empleo informal, que estaba en 55% previo a la pandemia, se elevó al 58% en el tercer trimestre de 2022.
A juzgar por la cantidad de cotizantes en la Tesorería de la Seguridad Social, la nómina pública parece haber vuelto a incrementarse en el último año, ahora de manera abrupta, al pasar de 636,956 en septiembre del 2021 a 720, 831 en igual mes de 2022, para un incremento de 13.2%.
La inflación alcanzó el 8.24% anual a octubre, pero es fundamentalmente importada, pues no se aleja mucho de la reportada en EUA y en las principales economías europeas. En la República Dominicana, la inflación se ha mantenido relativamente controlada principalmente por tres razones. Una es que el gobierno ha decidido mantener subsidiados a la energía y los combustibles; la segunda es que el Banco Central ha provocado una fuerte contracción monetaria; y la tercera, que la tasa de cambio se ha revaluado, gracias a las remesas y las fuertes entradas de capitales por endeudamiento público y privado
El principal costo de ello ha sido mantener un acelerado proceso de endeudamiento fiscal, al tiempo que se mantiene restringida la inversión pública y la provisión de servicios.
En los primeros diez meses del año, la deuda del Gobierno, excluyendo el Banco Central, aumentó en US$4,815 millones, pero la deuda pública total aumentó en cerca de ocho mil millones de dólares, puesto que la deuda cuasifiscal, medida por los valores en circulación del BC, aumentó en unos RD$163 mil millones a octubre, en el esfuerzo por mantener controlado el tipo de cambio.
Hasta octubre, la moneda nacional se ha revaluado en 4.6% en 12 meses. Si bien la menor tasa de cambio tiene un indudable efecto atenuador de la inflación, también tiene sus efectos adversos, pues alguien que tiene o produce dólares para gastarlos en el mercado internacional se ve afectado doblemente: pierde 4.6% al cambiarlos por pesos, con los cuales compra 8.2% menos por la inflación.
Esto estimula las importaciones y desalienta la producción para exportación, teniendo relación con el pobre desempeño de los sectores productivos como industria y agricultura.
Hasta septiembre las importaciones habían aumentado a un ritmo anual de 30.6% mientras las exportaciones solo lo hacían al 3.6%. Se estima que, al terminar el año, el país podría cerrar con un déficit comercial de cerca de US$18,000 millones y, pese a la excelente recuperación del turismo, la cuenta corriente podría terminar deficitaria, en torno a los 7,000 millones de dólares, o el 6% del PIB. Contribuye a ello que los principales productos básicos que exporta la República Dominicana, entiéndase oro, níquel y cacao, inicialmente subieron de precios con la invasión a Ucrania, pero volvieron a bajar después; mientras los que el país importa, como petróleo, gas, carbón, granos y aceites, se mantuvieron bastante altos casi todo el año.
El tercer costo de la política antiinflacionaria es el gran gasto fiscal en subsidios, que puede alcanzar más de RD$70,000 millones en el 2022, dificultando el logro de la pretendida reducción del déficit fiscal por parte del gobierno. Hasta octubre se había registrado un déficit de 61,000 millones de pesos, pero está previsto que al agregar los gastos extraordinarios de fin de año alcance los RD$225,000 millones, o el 3.6% del PIB. Y todo ello, sin contar que se mantiene restringido el gasto público en infraestructura y en servicios a la ciudadanía, impidiendo que el Gobierno tenga éxito en sus prometidas reformas de la policía, la salud, el agua o provocando deterioro de la seguridad ciudadana e incluso la atención de emergencia 911.
Preocupa la elevación de las tasas de interés internacional por sus repercusiones en el servicio de la deuda pública, y el acceso al financiamiento presupuestario. Entre el agravamiento del desequilibrio externo, y no reducción del déficit fiscal, un entorno internacional desfavorable y las más altas tasas de interés tienden a elevar el nivel de riesgo de la deuda para los países latinoamericanos, incluyendo la República Dominicana, lo que encarecerá los nuevos financiamientos.
Si se mantiene el clima de incertidumbre internacional, se corre el riesgo de una crisis de deuda originada en otros países, que se reflejaría en el nuestro, pues en estos casos se cierra el crédito para los países que no se encuentran en categoría A en grado de inversión, lo cual afecta a la mayoría de ALyC, incluyendo nuestro país.
Contrario a todas las expectativas favorables con que cerró el año 2021, tras la rápida recuperación económica pos pandemia, el 2022 concluye con un ambiente negativo que se proyecta sobre el mundo y el país.
La postergación de decisiones de política económica que debieron adoptarse hace mucho tiempo, ha implicado el mantenimiento de condiciones de fragilidad económica que, ante situaciones como las señaladas anteriormente, representan, no solo riesgos de pérdida de la estabilidad macroeconómica tan necesaria para el desarrollo, sino de deterioro de la calidad de vida de la población.
Tal es el caso de la falta de diseño e implementación de una reforma fiscal integral, orientada a garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y mejorar los servicios públicos y disminuir de manera sostenida los niveles de pobreza y desigualdad.
El fortalecimiento de la gestión de las finanzas públicas y consolidación de la sostenibilidad macroeconómica, junto a mejoras significativas en el funcionamiento de las instituciones, son condiciones necesarias para disminuir la vulnerabilidad del país a cambios en el entorno internacional y lograr avanzar a un mayor nivel de desarrollo.
El panorama que presenta el inicio del 2023 está lleno de desafíos, abundan los presagios de un agravamiento de la economía mundial, lo cual es muy probable que nos afecte. Frente a esto, Participación Ciudadana apuesta a la fortaleza del pueblo dominicano que ha demostrado capacidades para salir adelante en las peores circunstancias.
Ojalá que nuestros gobernantes y el liderazgo político en general, sepa comportarse a la altura de estos delicados momentos, fortaleciendo la democracia, contribuyendo a un clima de entendimiento y compromiso con los mejores intereses de la nación.
