Pablo Ulloa afirma que las cárceles dominicanas presentan una sobrepoblación de un 170 %, en las que un número importante de internos padece enfermedades terminales, mentales, VIH y tuberculosis
Santo Domingo.- El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, clamó por la aprobación en el país de una ley de indultos que permita evaluar y dar salida a muchos casos de privados de libertad que guardan prisión con enfermedades terminales y propias del hacinamiento existente en cárceles dominicanas.
Sostuvo que en un estudio que realiza la entidad que dirige, y que está en la etapa de cotejo de la información, ha determinado que existen cerca de 27,000 intentos en los centros de prisión, divididos entre el nuevo y viejo modelos penitenciarios.
“Hay una realidad lacerante y es que existe una sobrepoblación en las cárceles sin una medida inmediata para solucionar el problema, por lo que es propicia una ley de indultos que nos permita analizar cada caso para conseguir descongestionar los centros carcelarios”, precisó Ulloa.
“En este renglón existen casos emblemáticos y que pudiéramos mencionar a modo de ejemplo, mediante los datos que el Defensor del Pueblo ha recopilado hasta el momento, concentrándonos en la categoría de centros de privación de libertad (CPL)”, prosiguió.
En ese orden, detalló que el Centro Baní-Hombres presenta una sobrepoblación de un 335.50 %. Asimismo, la Cárcel de La Victoria muestra una sobrepoblación de un 208.68 %. Por su lado, la Pública de Azua registra una sobrepoblación de un 301.67% y la de Nagua, una sobrepoblación de un 304.29 %.
“Esta realidad debe movernos a la acción, porque son numerosos los casos de personas afectadas por males como el VIH, enfermedades mentales, tuberculosis, entre otras, y los mismos han llevado a crear hasta el ‘pabellón de los enfermos’ en la Cárcel de La Victoria”, señaló el Defensor del Pueblo.
“Nuestra institución tiene una serie de observaciones y propuestas de mejora para la Ley 113-21 del año 2021 sobre el Régimen Penitenciario, entre las cuales se encuentra la inclusión del Defensor del Pueblo en el Consejo Consultivo que contempla su artículo 8, a los fines de fortalecer la perspectiva de los derechos humanos en la creación de políticas y la adopción de medidas en el sistema penitenciario y correccional”, prosiguió Ulloa.
“Tenemos mucho que promover, mucho que hacer y mucho que fiscalizar en el Sistema Nacional Penitenciario, y el Defensor del Pueblo seguirá trabajando para contribuir con las autoridades y actores involucrados para salvaguardar los derechos fundamentales en los centros de privación de libertad en la República Dominicana”, puntualizó.
