El 2 de diciembre, la Procuradora General, Miriam Germán, y la Procuradora Adjunta, Yeni Berenice, recibieron en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR) a una comisión de defensores de derechos humanos y activistas de las organizaciones #HaitianosRD, Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA), Movimiento Reconocido, Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST) y el Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA).
La reunión tuvo por objeto presentar de viva voz ante las máximas representantes de la PGR las exigencias que desde el año 2019 vienen presentándose anualmente, contra la impunidad de linchamientos racistas, la impunidad de organizaciones de ultraderecha que exaltan el trujillismo y profieren amenazas de muerte y agreden físicamente a activistas, así como las violaciones de derechos humanos y quebrantamiento de las leyes nacionales por parte de la Dirección General de Migración.
Roudy Joseph, vocero de las organizaciones, expuso ante la Procuradora General y la Procuradora Adjunta la preocupación existente por el auge de discursos de incitación al odio racial y la sistemática violación de los derechos humanos de personas inmigrantes haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana. “Ante estas graves amenazas contra la convivencia democrática en el país, creemos que el Ministerio Público debe cumplir una importante función de poner freno a la impunidad que alienta el crecimiento de las violaciones de derechos humanos y los delitos vinculados a ideologías extremistas, racistas y xenófobas”, declaró Joseph.
Desde el año 2019 hasta la actualidad, las organizaciones han entregado cuatro comunicaciones a la PGR. En ellas se ha planteado la necesidad de investigar e imponer castigos ejemplarizantes a los linchamientos racistas, como en el caso del joven haitiano Jean Claude Harry “Tulile”, asesinado en 2015, y la agresión contra los trabajadores haitianos Victor Pierre y Esil’homme Atul en el año 2019, ambos crímenes ocurridos en la ciudad de Santiago. Se solicitó sancionar los desalojos violentos contra personas haitianas en Rancho Manuel, Estero Hondo, Provincia Puerto Plata, ocurridos en octubre de 2022, así como el asesinato de un trabajador haitiano alias “Armando” en Galván de Bahoruco en junio de 2022 por parte de tres presuntos militares. Se recordó que el manifiesto contra los linchamientos racistas tuvo más de cinco mil firmas internacionales de apoyo.
En cuanto a las violaciones de derechos humanos por parte de agentes migratorios, policiales y militares en el marco de las deportaciones masivas en curso, se solicitó investigar el funcionamiento del Centro de detención de Haina, sobre el que pesan denuncias de insalubridad, hacinamiento, maltratos, comida en mal estado y corrupción. Pidieron investigar las detenciones arbitrarias de mujeres embarazadas e infantes separados de sus padres y representantes legales, en violación de la Ley de Migración. También denunciar las detenciones arbitrarias en base al perfilamiento racial, además de la retención o robo de artículos personales y dinero, así como las detenciones con incomunicación. A todo esto se sumó la denuncia de la práctica de los allanamientos de viviendas sin orden judicial y la actuación de agentes sin identificación y con el rostro cubierto.
Se requirió también la investigación del asesinato del trabajador haitiano alias “Joel Lolo”, en Las Matas de Farfán, por parte de un agente de la DGM, durante un allanamiento ilegal en el mes de marzo de este año, y el asesinato del joven trabajador haitiano Delouise Estimable en Valverde, en el mes de julio.
Se solicitó investigar las amenazas de muerte por parte de organizaciones de ultraderecha contra defensores de derechos humanos, académicos, activistas y periodistas, así como la denuncia de la connivencia de instituciones estatales como la Policía Nacional y otros funcionarios, con estas organizaciones, en el caso la Antigua Orden Dominicana. Miembros de esta y otras organizaciones de ultraderecha también amenazaron a fotógrafos y organizadores de una exposición fotográfica de ACNUR en el año 2021, limitaron el derecho a la protesta durante un acto en homenaje a George Floyd en junio de 2020, ante la parada cívica en solidaridad con el pueblo haitiano en septiembre de este año y posteriormente al atacar un acto cultural el 12 de octubre de 2022. Expresaron preocupación ante la recurrente exaltación del régimen trujillista y la Masacre del Perejil de 1937.
En relación con la sanción aplicada por el gobierno de EEUU a la empresa azucarera estadounidense Central Romana por violaciones de derechos laborales, se solicitó abrir con urgencia una investigación para determinar si hay delitos por parte de esa empresa en perjuicio de los trabajadores cañeros haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana.
La Procuradora General y la Procuradora Adjunta tomaron nota de las inquietudes y exigencias expresadas por la comisión, informaron que en relación con algunos de estos casos hay investigaciones en curso y en otros se iniciarán.
