Las Casas Comunitarias de Justicia no solo han contribuido con la disminución de la violencia, sino que también contribuyen con el acceso a la justicia formal y social de los sectores vulnerables de distintos lugares del país
Santo Domingo. – El Estado dominicano ha tenido un ahorro de más de 8 mil millones de pesos, en un período de 4 años, producto de la implementación del programa Casas Comunitarias de Justicia (CCJ) que tiene como metodología, la aplicación de la mediación familiar, comunitaria y escolar, así como la conciliación, lo cual contribuye con la disminución de la violencia, fomenta un ambiente propicio para el ejercicio de los derechos humanos y la convivencia pacífica.
Este hallazgo se desprende de un “Análisis del Impacto Económico y Social de las Casas Comunitarias de Justicia en la construcción de una cultura de paz en la República Dominicana 2017-2021”, elaborado por los consultores externos Oficina Sosa Montás S.R.L.
Agrega el informe que más de 500 mil usuarios se han beneficiado de esta iniciativa de la sociedad civil que inició en el año 2006 y que, 16 años después, permanece en siete municipios, un distrito municipal y el Distrito Nacional, con procesos de expansión a cuatro municipios del país.
En el informe de dicho estudio se señala que el Centro Casas Comunitarias de Justicia (CCCJ), a través de su programa Casas Comunitarias de Justicia ha contribuido con RD$4,884.2 millones de pesos al Estado Dominicano, a lo cual se suman otros RD$3,044.6 millones que reciben los usuarios de los sectores vulnerables al recibir servicios gratuitos en las CCCJ, así como genera ahorros al sector empresarial o laboral cuantificados en 249 millones 165 mil 734 pesos, lo cual totaliza 8 mil 178 millones 11 mil 766 pesos.
“Las Casas Comunitarias de Justicia no solo juegan un papel importante, al contribuir a la construcción y mantenimiento de la convivencia pacífica entre familias, vecinos y ciudadanos/as, sino que también realizan un aporte económico al Estado, a los usuarios y al sector empresarial”, señala el informe.
Sostiene que el CCCJ constituye un soporte importante en el desarrollo social y económico de la sociedad dominicana y, sobre todo, a la permanencia de un estado de derecho de calidad para la democracia.
El modelo que implementa el CCCJ, a través del programa de las CCJ, se caracteriza por contribuir a un trámite integral de las controversias que se presentan en las comunidades, los cuales generan credibilidad, confianza y transparencia.
El CCCJ trabaja en alianza estratégica con el Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación, gobiernos locales, Dirección General de Contrataciones Públicas, INDOTEL, sectores empresariales, universidades, agencias internacionales, organizaciones de la sociedad civil y las comunidades organizadas en los espacios territoriales donde están ubicadas las Casas Comunitarias de Justicia. Representantes de estas instituciones se integran al servicio cotidiano, contribuyendo con unas 8 horas de labor diarias.
El Centro Casas Comunitarias de Justicia es una organización sin fines de lucro que busca facilitar el acceso a la justicia formal y social. Este modelo surge en el país año 2005, concretando su primera experiencia piloto en Cienfuegos, Santiago el 13 de octubre del año 2006.
Otros resultados
“El Centro Casas Comunitarias de Justicia, contribuye de manera significativa con el acceso la justicia formal y social de sectores vulnerables, a través de los métodos de resolución de conflictos donde el ciudadano/a toma parte de las decisiones a tomar para llegar a una solución compartida entre las partes. Para lograr estos resultados la educación ciudadana y sus programas de prevención de la violencia, constituyen la piedra angular de la paz”, refiere el informe.
El estudio también señala entre sus principales conclusiones que los mecanismos alternos de resolución de conflictos contribuyen al ahorro de tiempo y recursos, tanto para el Estado como para las personas involucradas en una controversia.
También reduce la solicitud de permisos laborales que tanto se afecta con la judicialización de los problemas, así como se produce un ahorro económico y una tranquilidad psicológica para las personas que hacen uso de las CCJ.
Agrega que las CCJ favorecen la desjudicialización y el descongestionamiento de las instancias judiciales, acercando al ciudadano y a sus autoridades para una acción conjunta de prevención desde las comunidades.
