La abogada, Laura Acosta, dijo que la razón de la solicitud de prisión preventiva, es que muchos imputados creen que el proceso debe adaptarse a ellos, y no al revés, lo que provoca que a algunos se les dicte “rebeldía”, por el hecho de no comparecer.
Alegó, que si se lee bien el Código Procesal Penal, establece que la prisión preventiva en su plazo máximo, son 12 meses, y cuando es un caso complejo, lo máximo es de hasta 18 meses.
“Pudiendo extenderse seis meses más, luego de una condena, y que más partes recurran, resulta que es este caso no hay condena, sino que está iniciando la audiencia preliminar, algunas personas dicen: bueno, el Ministerio Público pide siempre prisión preventiva; y el Ministerio Público no siempre pide prisión preventiva, la prueba es, en estos casos de corrupción, que hay muchos imputados a quienes no se le presentó medida de coerción, y que están en la acusación, y que están compareciendo en la audiencia”, aclaró la abogada.
además, explicó que jurisprudencia ha establecido que el plazo no se puede contar matemáticamente, “los que son muy garantistas dicen que esto no puede ser, que una persona privada de su libertad por más de 18 meses, le viola su derecho”, agregando que “hay que colocarse en el lugar de quién sufre la prisión preventiva”.
Explicó que la finalidad de la prisión preventiva, es mantener o sujetar al individuo que está sometido, al proceso, para que el mismo no se suspenda o extienda, por razones de que el imputado no aparece, lo que representaría, el peligro de fuga.
