La sociedad dominicana fue sorprendida por el gobierno, con su iniciativa de reestablecer lo que fue práctica ya superada, el incumplimiento de la Ley 66-97, al proponer la reducción del presupuesto al Ministerio de Educación en más de 4,000 millones de pesos.
Esta propuesta enviada por el Ejecutivo al Congreso Nacional atenta contra el impulso que debe dar el país para superar los rezagos en la calidad de los aprendizajes en los centros educativos.
Como asociaciones y personas miembros del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, solicitamos en estos momentos que el Poder Ejecutivo, a través de su ministerio de Hacienda,
desista de incumplir la Constitución y las leyes con su propuesta de reducir el presupuesto de educación transfiriendo 4250 millones de pesos a subsidios.
Esta decisión no solo incumple la Constitución dominicana en su artículo 63, numeral 10, sino que atenta contra tres instrumentos legales clave de la administración del Estado: la Ley Orgánica de Educación 66-97, la Ley Orgánica 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo y el Pacto por la Educación ordenado por esta Ley orgánica.
Igualmente, incumple la palabra dada por el partido en el gobierno al firmar el Compromiso Político y Social por la Educación del 7 de septiembre de 2011 y su concepción de las políticas públicas.
En estos momentos la prioridad del país, y por ende del gobierno, en materia educativa debe
ser el respaldo a la agenda planteada por el ministro de educación Ángel Hernández.
Dicha agenda incluye puntos como los siguientes: atención especial a la calidad de los aprendizajes de niños, niñas y jóvenes; prioridad a los aprendizajes de la lectura y la escritura en los primeros cuatro años de escolaridad; desarrollo de un plan de acompañamiento y evaluación de desempeño docente; la mejora e intensificación de la formación docente; el impulso al uso de la tecnología en los procesos educativos; y la mejora en la gestión y calidad del gasto.
Desarrollar estas iniciativas, además de dar continuidad a las políticas heredadas, requiere de recursos humanos cualificados y, sobre todo, recursos económicos que deben estar disponibles para el MINERD.
La designación del nuevo ministro y el equipo que éste está integrando ha hecho renovar las esperanzas de una reforma educativa real. La reducción del presupuesto es una medida que nos vuelve a la desesperanza.
Recordaron que el 4% destinado a la educación es una conquista social del pueblo dominicano y, como tal, debe respetarse.
Las decisiones inapropiadas en materia de ejecución presupuestaria del pasado no han ayudado a mejorar los resultados; esto, sin embargo, no debe tomarse como pretexto para penalizar nuestro Sistema Educativo reduciendo el presupuesto.
La alternativa es, por parte del Gobierno, mejorar los procesos y las instancias en las que se toman dichas decisiones y, por parte de la sociedad civil, jugar el papel que le corresponde de veeduría social, en el marco del Pacto por la Educación que está en proceso de reactivación.
Precisamente por esto, su monto está protegido tanto en le Ley 66-97, como constitucionalmente, según el Art. 63 numeral 10:
“La inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida, en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país (…) En ningún caso se podrá hacer transferencias de fondos consignados a financiar el desarrollo de estas áreas”.
Por estas razones, solicitamos al Poder Ejecutivo desestimar la propuesta que pretende eliminar recursos del Presupuesto de Educación, pedimos al nuevo ministro de educación que defienda su gestión con gallardía contando con nosotros y recordamos a nuestros legisladores su sagrada función de veeduría y el derecho que les asiste de disentir del Poder Ejecutivo gracias a la separación de poderes.
Este es el momento de cambiar y recuperar el foco y los aprendizajes y decidirnos, de una vez por todas, por la institucionalidad que necesitamos para una educación de calidad.
