El Director de la Unidad Técnica de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Mérido Torres, se puso este miércoles a disposición del Ministerio Público, ya que su nombre figura en el listado del documento de solicitud de investigación que hizo la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa por caso Donal Guerrero.
Mediante un comunicado leído por sus abogados, dijo que en el caso de investigación en el que se menciona su nombre, no tiene nada que ver con la institución que actualmente dirige, pues son expedientes llevados en su condición de abogado desde su oficina privada, y antes de asumir la función pública que hoy desempeña.
A través de su firma de abogados Torres Espinal y Asociados, representada por los abogados Geovanni Castro y Derik Báez Torres, dieron lectura a las siguientes declaraciones:
“Yo Mérido Torres, como abogado, recibí en el 2018 en mi oficina privada a los familiares del señor Moisés Reyes O Ben y estos me otorgaron un poder con el que iniciamos una demanda en justiprecio contra del Estado Dominicano por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), y a finales del 2019 logramos una sentencia que ordenó el pago a esa familia”.
Explicó.
En ese sentido, se puso a disposición de la Justicia “estoy dispuesto a acudir a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en caso de ser requerido para colaborar con las investigaciones. Saludamos el accionar de un Ministerio Público independiente”.
Reiteró que no he recibido dinero del Estado Dominicano, sino el pago de honorarios profesionales que me hicieron esos clientes por el proceso que se llevó en su oficina privada de abogados y como ganancia de causa.
Torres está en el número 94 de las 183 personas que figuran en el caso investigado por el supuesto entramado que desfalcó al Estado por unos 17 mil millones de pesos, en el cual también figura el exministro de Hacienda Donald Guerrero.
