El Ministerio Público califica el supuesto hecho con el tipo penal de desfalco
Santo Domingo.- Kenya Romero, jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional autorizó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), para la obtención de informe financiero respecto a una investigación abierta en contra del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz.
Romero, ordenó a las Superintendencias de Bancos, de Valores, de Seguro, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Instituto de Desarrollo del Crédito Cooperativo (Idecoop) proveer al director del Pepca, Wilson Camacho, los reportes e informes de los productos financieros, así como todas las informaciones tributarias.
La jueza en la autorización que fija como plazo de vigencia para ejecutar la orden judicial de 60 días a partir del 23 de agosto pasado, establece que incluye todas las informaciones que sobre estos existan en el sistema financiero de las entidades supervisadas por estos, tales como movimientos de todo tipo de cuentas y productos, entre otros. Relacionadas a pagos y excepción de impuestos relacionados a 209 personas físicas y jurídicas.
Modus Operandi
De acuerdo a los datos el modus operandi consistía en que bajo las instrucciones del Ministro de Hacienda, para ese entonces, Donald Guerrero, se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$9,653,871,513,80, por concepto de acuerdos transaccionales, de los cual han identificados que lograron sustraer RD$17,300.642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, así como la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa, cuyo elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes, es el relacionado a contratos de cesiones de crédito por más de diez mil quinientos millones de pesos a personas de su entera confianza.
Indican que en ocasiones que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta, disolviéndolas inmediatamente, constituyendo este acto el tipo penal de desfalco.
En ese orden especifican que Donald Guerrero Ortiz creo una estructura gubernamental con la participación de los funcionarios:
- Emilio Cesar Rivas Rodríguez director de la Dirección Nacional de Bienes Nacionales.
- Claudio Silver Peña, director de la Dirección Nacional de Catastro.
- Luis Miguel Piccirillo Mecabe y Domingo Enrique Martínez Reyes del Consejo Estatal del Azúcar
- Simón Lizardo Mezquita, administrador del Banco de Reservas.
- Luis Baldemiro Reyes Santos, Director General de Presupuesto
- Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Contralor General de la República
- Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública.
El documento indica que hay otros funcionarios de instituciones públicas que se encuentran involucrado y que eran subordinados al Ministerio de Hacienda.
El informe de investigación realizado por la unidad antifraude de la Contraloría General de la República, indica que la mayoría de los casos se verificaron diversas incongruencias entre los nombres de las personas asentadas como los titulares de los derechos afectados por los decretos, y los nombres que figuran en los documentos presentados por los reclamantes para soportar los pagos, los cuales fueron asumidos como errores tipográficos por los técnicos evaluadores de los documentos.
“Los miembros de esta estructura de corrupción para estafar al estado, maniobraron para obtener montos millonarios que superan los diecinueve mil millones de peso dominicanos, todo bajo manto y protección del Ministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, quien facilitaba los medios para girar los pagos burlando todo proceso de control administrativo y legal”
Expresa el documento de los Juzgado de la Instrucción del DN
En ese sentido determinan por lo anterior, que es necesario recurrir a la información de los productos financieros y tributarios de los sujeto investigados precisados en el cuerpo de la instancia y el petitorio de la misma, así como las de sus empresas relacionadas, a los fines de constatar los pagos recibidos por la supuestas expropiación de terrenos declarados de utilidad pública.
