Por Ángel Lockward
Santo Domingo.- El jueves este diario dio a conocer al país una información escandalosa, extraída de una instancia judicial depositada por la Contraloría conforme a la cual, la piedra angular de un expediente del que desde hace meses se habla, es falsa, pues se trata de un documento interno de trámite, que nunca fue visto, ni firmado ni tramitado por el titular de ese órgano y, que según sus autores, tampoco contiene dictamen conclusivo.
El viernes el, Contralor declaró que se “llevaba bien con la PEPCA” pero confirmó lo expresado en el párrafo anterior –que alguien usurpó sus funciones– y, sin embargo, el sábado, el Licdo Wilson Camacho, declaró que en base a ese “informe”, con el que obtuvo decisiones judiciales e hizo oposiciones por ante el Ministerio de Hacienda, no autorizadas por la ley, ni por ningún Juez, habría sometimientos, algo que debe ser investigado por la titular, pues someter a procesos judiciales con pruebas ilícitas, es un delito feo y anunciarlo le permite a ella evitar la consumación del abuso del poder y la prevaricación.
Este lunes el país se entera de que el Supervisor General de la Procuraduría, procurador Juan Medina, designado por el Consejo Superior del Ministerio Público, ha sido suspendido por espiar –supuestamente– al Procurador General Adjunto, Pedro Amador, todo esto revela que algo no huele bien en la Procuraduría, órgano que debe representar la excelencia ética y el respeto a legalidad.
Al margen de la foto publicitaria que circuló profusamente en autobuses de “Miriam y Yeni”, lo cierto es que la Procuradora General de la República, desde afuera, algo nunca visto, parece enfrentar una insubordinación en toda regla en el Ministerio Público a la luz de la negativa de la segunda a cumplir una instrucción especial dictada por la primera mediante oficio de fecha 18 de marzo del 2022: Los memes y fotos que están circulando no hacen bien, es mejor retomar la calma.
Germán Brito tiene una bien ganada fama de honestidad, igual que Yeni Berenice; sin embargo, parecen haber discrepado por la instrucción particular dictada por la primera, titular del órgano que ordenó conforme disponen los artículos 9, 24 y 30.9 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, “dar acceso a la carpeta fiscal de investigación cursada en contra de una persona”; su Adjunta para no ejecutar la orden recurrió en revisión, algo inusual –hasta insólito–, pero no ilegal, mediante Oficio de fecha 24 de abril del 2022.
Como se aprecia por la fecha, es una decisión vieja que la titular de la Procuraduría notificó mediante Acto-2022 de fecha 19 de julio del 2022 –cuando su acto administrativo de instrucción particular ya era definitivo– y, eso sí es nuevo porque la Ley de los Procedimientos Administrativos, para actos administrativos como este, concede 30 días a la vía recursiva en sede administrativa, pues la Ley 107-13 –que en su artículo 62 deroga toda normativa contraria– dispone que los actos administrativos, como el de la Dra. Germán, son ejecutorios y se presumen lícitos hasta tanto sean revocados por la autoridad que lo produjo o el TSA.
El presidente Abinader, quien se ha declarado ajeno a los avatares de la Justicia, designó titular del Ministerio Público a una ex jueza –preparada como pocos en materia penal– por una cualidad especial: Por haber sido la magistrada más garantista del sistema. Lo fue en contra del Dr. Balaguer, quien sin ser su correligionaria, sino más bien contradictoria, la distinguía, lo fue durante los gobiernos de Hipólito Mejía y siguió siéndolo en los gobiernos de Leonel Fernández y de Danilo Medina, con ese aval terminó su carrera en la judicatura en el lugar más alto, la Suprema Corte de Justicia.
Ahora, si bien la persecución, por delegación ha sido puesta “por ella” en manos de la Directora General de Persecución, a quien designó ella y no Luis, la política de respeto a la Constitución y al debido proceso que esta consagra, es una responsabilidad indelegable de su cargo, sobre todo porque en todas las encuestas, la última Engage de esta semana, es ella la funcionaria que representa el mayor nivel de garantía (14.4), le siguen, Collado y un poco más distante, Yayo Lovatón.
En la historia de la humanidad, la gente –hasta los que vociferaban crucifícale, a Jesús, pasando por los que en su momento gritaron a la hoguera a Juana de Arco– en Europa o línchalo– en el oeste– saben que la garantía judicial, dentro del Estado de derecho, en un bien jurídico más alto que la persecución y, es por eso que doña Miriam es Procuradora.
La Procuradora Adjunta, que acumula simpatías por su trabajo y a quien hasta hoy nadie le imputa peculado, debe seguir su trabajo, entendiendo que la política general es competencia de la titular, quien a su vez, debe responder a una política de Estado que traza el Presidente de la República porque el país no es un conjunto de islas autónomas con banderas propias y, las actuaciones del Ministerio Público, oportunas e inoportunas, afectan a la nación que hoy está más preocupado por la pérdida del Estado de derecho que de la supuesta –porque debe ser probada– corrupción que en todas las encuestas –como preocupación– ocupa el décimo lugar.
De manera que todos debemos hacer votos porque la armonía retorne a esa dependencia, entendiendo que en la Administración Pública, el principio de jerarquía, constitucional y legalmente establecido, es sagrado y el Presidente, ante este impasse, no debe ser puesto a elegir entre ambas designadas por decreto, puesto que él ya eligió el 20 de agosto del 2020: Está forzosamente obligado a respaldar a la titular o colocar uno –quizás menos idóneo– que imponga el orden jerárquico.
El Fiscal –y Yeni Berenice fue muy buena– es como un perro de caza europeo detrás de su presa o un “viralata” detrás de un hueso, corre con la mirada fija en la presea, por eso pocas veces llega a Procurador, quien es alguien que ve todo el terreno, todos los pájaros o todos los huesos y la dificultad de cada uno; Luís Abinader ha respetado su palabra, pero nadie puede esperar que si descubre que se equivocó –y por ejemplo, la persecución cayera en manos del diablo–, vaya a cometer suicidio político por no enmendar un error o suspender una confrontación entre subalternos, aceptando las sugerencias –coincidentes– de amigos y de adversarios, que no comparto.
