Tras más de tres horas ponderando, el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, ortogó 60 días hábiles de plazo a las barras de la defensa del presunto entramado de corrupción Medusa para que estudien las pruebas entregadas por el Ministerio Público y preparar su defensa para la audiencia preliminar.
Será el 19 de diciembre a las 9:00 de la mañana cuando se le dará inicio a la audiencia preliminar, donde se debatirán más de 3 mil pruebas presentadas por el Ministerio Público, las cuales suman un total de 156 mil páginas en contra de 41 imputados y 22 empresas. El expediente acusatorio contiene unas 12 mil páginas.
La decisión del magistrado se produjo a solicitud de la defensa de los imputados, quienes pidieron entre 100 y 120 dias para conocer las pruebas y preparar su defensa. En tanto que, el Ministerio Público pidió que sólo se les otorgara 45 días por entender que eran suficientes.
El magistrado también otorgó un plazo de 20 días al Ministerio Público para que entregue los discos duros con las pruebas a las imputados que aún no las tienen para aquellos que han sido notificados con problemas para reproducirse. Vencido ese plazo 10 días hábiles para que la secretaría del tribunal notifique a la defensa técnica.
Entre los que pidieron 100 días para estudiar las pruebas, está la barra de la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal implicado en el caso. Mientras que, los abogados de Alfredo Solano Augusto, quien se desempeñaba como subdirector administrativo de la Procuraduría, pidieron el plazo de cuatro meses.
Los abogados también solicitaron al magistrado que ordene al Ministerio Público entregar las pruebas que tienen en contra de los imputados de manera física, pues lo hicieron de manera virtual y esto les complica el trabajo. Este pedimento fue rechazado por el juez.
A medida que se le iba dando la palabra a las diferentes barras de defensa de este caso se pedía al juez que otorgue un plazo razonable para elaborar el escrito de defensa y con esto cumplir con el debido proceso.
En esta nueva etapa del proceso, el juez Amauri Martínez tendrá que determinar si la acusación hecha por el Ministerio Público contra los imputados tiene los méritos suficientes para ir a juicio de fondo.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa a los implicados en el caso Medusa de crear un entramado, supuestamente dirigido por Jean Alain Rodríguez, para distraer miles de millones de pesos de la Procuraduría mediante una serie de maniobras. Los cargos en su contra son: estafa contra el Estado, sobornos, prevaricación, lavado de activos, coalición de funcionarios y delitos de alta tecnología.
Por el caso guardan prisión el exprocurador Jean Alain Rodríguez, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.
Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la exsubdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
En tanto que el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Por igual son imputados en el caso, pero no cumplen medidas de coerción Rolando Sebelén Torres, cuñado del exprocurador Rodríguez; José Estrada, César Nicolás Rizik, Hilda Cristina Jackson y José Alberto Abbot, madre y suegro de José Estrada.
También Juan Asael Martínez, Vianela Pimentel y Giselle del Carmen Molano, hermano, madre y esposa de César Nicolás Rizik, respectivamente.
Por igual, en la lista de los acusados figura Ramón Burgos Acosta, quien fue director del Sistema Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (Sinarec), y Alejandro Martín Rosa, quien fue director de la Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados del Ministerio Público.
Además son imputados Félix Antonio Rosario, exdirector de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público; Sara Fernández de José, Braulio Michael Batista, Jonathan Medina Reyes, Ysis Tapia, Mercedes Salcedo Disla, Carolina Pimentel Bonifacio y Francis Ramírez Moreno.
Asimismo, Reynaldo Santos de la Cruz, Daniel Enrique Feliz, Francisco Arturo Santos, Fausto Cáceres Salterio, Francisco Alberto Vásquez, Carlos Augusto Guzmán Oliver, Rafael Salvador Rasuk, Sean Hudson Dwiggins, Ricardo Antonio Carrasquero, José Antonio Santana Julián, Felipe Fernández de Castro e Ismael Elías de Jesús.
Entre las empresas imputadas están Morel Grullón, Constructora Integral SAS, Abatesa, Constructora Carrasco SRL, Smart Logistc, Distribuidora Ropi, Inversiones Swaziland EIRl.
También, Inversiones Carivieri, Ropalma SRL, Getran del Caribe, Dimamor Group, Herrage Rachel SRL, F y F Ezel Import, Rogama, Comercial Viarios, la Parasata Mercantil y Fire Control System Magm.
