Peralta sostuvo que es de mucha trascendencia la creación de una institución que se encarga de juzgar y regular la relación de los ciudadanos como administrados con la administración pública.
Santo Domingo.- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, al ser entrevistado en el programa semanal “Líderes”, conducido por el diputado Orlando Salvador Jorge Villegas, reveló que preparan un proyecto de ley que será sometido para regular el Tribunal Superior Administrativo con la finalidad de garantizar las relaciones de la ciudadanía con la administración pública.
Además, propone la creación de tribunales de primer grado en todos los distritos judiciales y tribunales de apelación.
La ley que regula el Tribunal Superior Administrativo es la 1494, que data del 1947. En el 2007, se dictó la 13-07, sin embargo, a partir del 2010 con la nueva Constitución, se introdujeron elementos importantes que no están recogidos en ninguna ley, resaltó Peralta.
‘‘Para mí, este proyecto es de tanta trascendencia que cuando yo me senté en el sillón correspondiente al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, dije no quiero irme de aquí sin dejar eso resuelto. Si hay algún legado al final de mi gestión que se pueda apreciar, sería esta ley, en caso de ser aprobada, como saben los abogados y muchos ciudadanos que han tenido que acceder al Tribunal Superior Administrativo (TSA), a dirimir un conflicto con la administración pública’’, expresó Antoliano Peralta.
El consultor destacó que los entes y órganos de la administración pública dictan actos administrativos, resoluciones, toman medidas, rechazan cosas a la gente y aceptan otras, a lo que cuestionó: ‘‘¿Quién regula eso? ¿Quién somete a la legalidad que está consignada en la Constitución de la República, la actuación de la Administración Pública?”.
‘‘Esta ley es un paso más de este gobierno y del presidente Abinader por establecer límites a la actuación de la administración pública, para que esta no esté absuelta haciendo lo que quiera con la gente. Estas leyes no son lo suficientemente amplías para una regulación efectiva que garanticen la tutela de los derechos de los administradores’’, puntualizó.
Otro de los temas expuestos durante la entrevista, fue el de la Modificación de la Ley 6132 de Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento, a lo que el consultor jurídico indicó que es una ley antigua y desfasada, a la que se habían hecho varios esfuerzos, tendente a su reformulación.
‘‘Será de gran trascendencia para la institucionalidad de la República Dominicana. Hay gente que se han constituido en un ‘club de chantajistas’ y tienen los medios a su disposición, además de las redes y las plataformas digitales’’, afirmó el funcionario jurídico.
Explicó que este tipo de acciones difamatorias no ocurrían antes con tanta frecuencia, al tiempo que, confesó haber sido víctima de libelos de esa categoría. También, agregó que ‘‘en muchos de los casos, las personas que acuden a ese tipo de chantajes lo hacen con el propósito de provocar que le compren el silencio, gente que sin conocerte y sin tú conocerlos a ellos dicen cualquier cosa de ti. La actitud de la gente decente debe ser que cuando uno de estos profesionales del chantaje en las redes asuma una de esas conductas, sensatamente las obvie’’.
De su lado, el diputado Jorge Villegas, también emitió su comentario respecto a la ley 6132 para lo que dijo: ‘‘yo creo que es importante esa comisión y ese proyecto, porque estamos viviendo en un mundo donde naturalmente la globalización, la expansión de la información, lleva a la desinformación y, existe una línea muy delgada entre la libertad de expresión y elementos como la difamación y la falta de honor. Esa comisión ayudaría bastante a que en nuestro país eso pueda quedar claro’’.
Finalmente, Antoliano Peralta, al ser cuestionado por Villegas, sobre la Ley de Extinción de Dominio, de sí forma parte de un principio orgánico u ordinario respondió: ‘‘la discusión toca una separación fina y, yo soy dado a opinar de estas cosas desde mi butaca de abogado, ahora desde la consultoría me veo abocado a ofrecer una opinión en el momento en que la ley llegue’’.
