En el curso que avanza la investigación intrumentada por la la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), los imputados en dicho proceso penal, también utilizaban como excusa el servicio de transporte para desviar fondos públicos.
Según confirma el expediente, Jean Alain Rodríguez Sánchez y gran parte de sus principales colaboradores, estos maniobraban sus irregularidades en servicios de transporte contratados supuestamente por la Procuraduría General de la República (PGR), lo que llamó atención de veintidós contratos de servicios de transporte, acuerdo avalado supuestamente entre un Poder Especial de fecha 24 de octubre del año 2016, y los acusados Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y los señores Angely Annerys Villar Augusto, Anaimy Rosibel Frías Mendoza, Anselmo Augusto, Elam Miguel Ramírez Pérez, Juan David Tejada Santana, Michael Javier Sepúlveda, Miguel Ángel Gómez Rosario, Roberto Augusto, Frank Luis Santana Matos, Leonel Fermín Rodríguez, Víctor Samboy Feliz, Mallia Bartólo Figueroa Evangelista, Frank De León Fermín, Carmen María Segura, Elías Núñez, Ana Dianelva Rodríguez Regalado, Lissett Mabel Pérez, Ana Dolores Regalado de Gómez, Leoncia Suárez, Suzi Yesenia Pérez Suárez, Natividad Francisca Ortega Santos y Merquiades Feliz Matos”.
La investigación también detecta que, los imputados Alfredo Alexander Solano Augusto y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, luego de firmar los contratos supuestamente se comunicaban con los aparentes prestadores de servicios y les decían que “en sus cuentas se había depositado por error unas cantidades de dinero que debían retirar y entregar junto a una tarjeta de débito a la persona que designaban para esos fines”.
De acuerdo con la acusación Pepca , sostiene que con las anomalías mencionadas, se verifica, una vez más, las múltiples maniobras fraudulentas para estafar al Estado dominicano, cometidas en coalición de funcionarios, por los acusados Alfredo Alexander Solano Augusto y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, mediante documentos y firmas falsificadas de Lissett Mabel Pérez y Elam Miguel Ramírez Pérez”. Estos últimos,eran hijo de una empleada de la PGR que le había solicitado una ayuda para resolver un tema de salud.
Las certificaciones de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil veintidós (2022), emitidas por Silvya Rafaela Marte Corporán, Encargada del Departamento de Contabilidad de la PGR, desde el año 2019 hasta el año 2020, el señor Elam Miguel Ramírez Pérez y la señora Lissett Mabel Pérez, cobraron por concepto de servicios de transporte, la suma total de un millón cuatrocientos setenta mil pesos dominicanos (RD$1, 470,000.00)”, dice el expediente.
Otro contratos con irregularidades detectadas, según Pepca es vinculado al acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, es el Contrato Servicio de Transporte No. 0722/19, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019), entre la Procuraduría General de la República Dominicana, representada por el acusado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y el señor Juan David Tejada Santana, en el cual este último se comprometía a realizar los servicios de transporte del personal de la Unidad de Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Provincia Hermanas Mirabal, por lo cual recibiría un pago mensual de ciento veinticinco mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$125,000.00), con un vigencia desde el primero (01) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) hasta el primero (01) de mayo del año dos mil veinte (2020), para un monto total de un millón quinientos mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$1,500,00.00); este contrato fue registrado en la Contraloría General de la República, mediante el registro No. BS-0000668-2020 de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil veinte (2020)”, así lo señala la acusación del caso Medusa.
