Las acusaciones señalas por el Ministerio Público en “Caso Medusa” y que ponen en vilo las funciones públicas que realizó el ex procurador Jean Alaín Rodríguez Sánchez, sostienen que supuestamente el encartado ordenó a su equipo todo tipo de pruebas que demostraran que dentro de la Procuraduría General de República (PGR), existieran irregularidades.
A mediados del mes julio y principios de agosto del año dos mil veinte (2020), justamente después de las “Elecciones Nacionales Presidenciales de 2020”, en la transición de gobierno, como parte de una política del ex procurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, a su paso por instituciones públicas de “no dejar información”, por lo que se inició un operativo de destrucción masiva de documentos públicos pertenecientes a los procesos de compras y contrataciones públicas de la PGR, acción que según la acusación, esta fue dirigida por el imputado Johannatan Loanders Medina Reyes.
El documento acusatorio afirma que, para este operativo de destrucción de documentos públicos, en la PGR se instaló una máquina trituradora, la cual fue utilizada, primero en la oficina del encartado Johannatan Loanders Medina Reyes, donde reposaban los documentos públicos en original y copias, de los procesos de compras, para lo cual se instruyó a los técnicos en compras Jeniffer Paola Sánchez Rodríguez, Marleny Pérez y el imputado Francis Ramírez Moreno.
El supuesto proceso de trituración fue trasladado a la oficina de la señora Amelia Isabel Escaño Mieses, donde según, fueron instruidos los técnicos de compras Jenniffer Maricet Peña Hernández, Francys Adalberto Pacheco Soto y Narcisse Heriberto Rivas Garib, a sumarse al operativo de destrucción de documentos ya iniciado.
La razón argumentada por el acusado Johannatan Loanders Medina Reyes para aparentemente ordenar destruir esos documentos públicos fue “dejar las oficinas limpias a la nueva gestión”. Los documentos públicos de los procesos de compras y contrataciones públicas de la PGR que se trituraron y/o destruyeron, fueron: las certificaciones de existencia de fondos, actas de aperturas, actas de inicios, actas de adjudicaciones, actas de notificación de oferentes, actas de resultados de evaluación, pliegos de condiciones, fichas y especificaciones técnicas, publicaciones en periódicos, originales y copias de los sobres A y B, entre otros documentos de índoles administrativa, los cuales se encontraban en la oficina del acusado Johannatan Loanders Medina Reyes, cuya oficina tenía acceso restringido y solo compartía la llave con su mano derecha, el acusado Francis Ramírez Moreno.
El PEPCA asegura en su investigación, que este proceso de destrucción y/o trituración de documentos públicos fue realizada por un periodo de aproximadamente tres semanas entre las fechas antes indicadas.
Los desechos eran recolectados en bolsas plásticas, las cuales eran recogidas por el personal de limpieza para su retiro a la basura. Lo anterior se corroboró con la no existencia de la documentación física del Departamento de Compras relativa a los procesos de compras, las cuales, según la certificación de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil veinte dos (2022), emitida por el Comité de Compras y Contrataciones, así como por la Dirección Jurídica del Ministerio Público, mediante oficio No. PGR-DJ-0381-2022, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veintidós (2022), hacen constar que en sus archivos no reposan las actas físicas originales y digitales de las sesiones del Comité de Compras y Contrataciones, así como los informes realizados por los peritos.
El PEPCA, también sostiene que la Directora General Administrativa del Ministerio Público, en fecha veintitrés (23) del mes de junio del año dos mi veintidós (2022), certificó que, en los expedientes de pagos resultante de los procesos de Licitación Pública Nacional y Comparación de Precio, de adquisición de bienes y servicios, del periodo del dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciséis (2016) al dieciséis (16) de agosto del año dos mil veinte (2020), no se encuentran las actas originales físicas de las sesiones del Comité de Compras y Contrataciones.
Entre las evidencias originales y que fueron destruidas se puede comprobar que a través de las licitaciones, contratación y suministro de alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del país, hubo estafa, así lo cita la investigación “Caso Medusa” que actualmente se encuentra en los tribunales.
