El informe evidencia a irregularidades millonarias durante la gestión de Jean Alain Rodríguez
Santo Domingo.- Expedientes de obras incompletos, vicios ocultos de construcción, pagos ejecutados fuera del monto del contrato, son algunas de las irregularidades reveladas en el informe oficial de la Cámara de Cuentas sobre el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.
Los montos van desde 46 mil pesos hasta superiores a los 5 mil millones de pesos.
De acuerdo a los datos por concepto de inauguración y compra de equipamientos de obras sin culminar el monto asciende a RD$1,526,048,964, así mismo citan que se registraron pagos a facturas con comprobantes fiscal no válido por un monto de 46,728 y 178,370.
Entre las inobservancias encontradas están documentación no suministrada, por un valor de RD$1,782,419; además, la adjudicación por RD$103,525,976 a una empresa, que señala como propietaria a una funcionaria del Ministerio de la Presidencia, durante el periodo 16 de agosto de 2016 a igual fecha de 2020.
La Cámara de Cuentas enlista dentro de las irregularidades deficiencia en la supervisión y fiscalización de obras, expedientes de obras incompletos y procesos sin evidencia de publicidad ni registro en portales, por un valor de RD$4,389,800.
La Cámara de Cuentas de la República informó anteriormente que la investigación se realizó a solicitud de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Se recuerda que el exprocurador Jean Alain Rodríguez autorizó desde el centro de reclusión el lanzamiento y distribución de una memoria que recoge el proceso completo hasta la entrega de cada uno de los centros intervenidos durante su gestión y la polémica construcción de La Nueva Victoria, en lo que denomina Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.
“Este nuevo modelo penitenciario, el cual muchos atacan y se niegan a reconocer su valor al grado de privarme de mi libertad, habla realmente de un país consciente de que aquellos que cumplen condena formen parte de nuestra sociedad y puedan regresar a ella con las herramientas necesarias para su reincorporación social, para así romper definitivamente el círculo de la delincuencia”, expresa en dicha publicación.
El informe de la Cámara de Cuentas finaliza indicando que los funcionarios de la citada gestión no se desempeñaron al nivel esperado en cuanto a salvaguardar los intereses públicos, comprometiendo su responsabilidad administrativa, por lo que se espera que debe haber alguna responsabilidad penal por lo evidenciado.
