La Comisión Consultiva deberá presentar el borrador del instrumento normativo en un plazo no mayor de 90 días
Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader emitió el decreto núm. 333-22, del 23 de junio de 2022, que crea e integra una comisión consultiva con carácter honorifico que tendrá a su cargo presentar al Poder Ejecutivo un borrador de ley a los fines de actualizar la legislación vigente sobre la libertad de expresión.
Con el propósito de unificar criterios en torno a la regulación legislativa del referido derecho fundamental, la comisión consultiva ha sido integrada por un plural equipo de juristas y comunicadores.
Forman parte de la comisión Namphi Rodríguez, quien fungirá como su director ejecutivo, Miguel Antonio Franjul, Inés Aizpún Viñes, Persio Maldonado, Luis Eduardo Lora Iglesias (Huchi), Edith Febles Batista, Eric Raful Pérez, Hermógenes Acosta de los Santos, Miguel Ángel Prestol González, Jimena Conde Jiminián, Aurelio Henríquez, Elvira Lora Peña y Gabriela Beltré.
De cara a hacer de la eventual propuesta de ley el resultado de un amplio consenso con la sociedad civil, la comisión queda facultada para programar mesas de trabajo con los distintos sectores vinculados a la libertad de expresión y difusión del pensamiento.
La Comisión Consultiva deberá presentar el borrador del instrumento normativo correspondiente, en un plazo no mayor de noventa (90) días contados a partir de la emisión del indicado decreto que la conforma.
Se recuerda que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación por varios proyectos de ley en República Dominicana que insisten en el carácter penal de la difamación, incluso en el ciberespacio, y sobreprotegen a los dirigentes ante las críticas.
Según manifestó el gremio, la situación genera un efecto de inhibición para la libertad de prensa y la labor periodística.
Por su lado algunos diputados de los partidos Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Moderno (PRM) y Reformista Social Cristiano (PRSC) insistieron en asegurar que nunca aprobarían leyes que pudieran atentar contra la libertad de expresión.
