Santo Domingo.- El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), indicó este martes que la sentencia absolutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en el caso Súper Tucano, y él no ha lugar en el de Los Tres Brazos, se suman al expediente Odebrecht en la misma ruta de impunidad que sigue nuestro país desde siempre, dejando muy mal parado al sistema de justicia.
“No importa que la culpa sea del Ministerio Público o de los jueces, quien resulta finalmente perjudicado es la ciudadanía”
indicaron.
El coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, señaló en rueda de prensa que, ha fallado el sistema de justicia pues los hechos criminales han sido mucho más que evidentes, llegando en el caso de la empresa brasileña, hasta el punto de haber confesado los sobornos y declarado los montos entregados.
En Los Tres Brazos se vendieron terrenos del Estado en forma irregular y contrario a la Constitución y las leyes, en favor de una empresa privada y en perjuicio de personas que ocupaban dichos terrenos por largos años. No cumplieron con la obligación constitucional de obtener la aprobación del Congreso Nacional, según se hizo constar en un informe rendido por una comisión especial encabezada por el entonces Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Dr. Flavio Darío Espinal.
El movimiento cívico, señaló que en el caso Super Tucano, revela la imperiosa necesidad de introducir reformas que impidan se instale el interés partidario en el Ministerio Público, pues este caso, al igual que el de Odebrecht, estuvo bajo la responsabilidad de Jean Alain Rodríguez, un procurador general de la República que fue incapaz de perseguir la corrupción de sus propios compañeros de partido.
Se presentaron acusaciones sin haber recolectado en Brasil las pruebas que las empresas se comprometieron a entregar cuando firmaron con él sendos acuerdos de penal abreviado.
“Permitir que los casos Super Tucano y Odebrecht llegarán a juicio de fondo sin las pruebas correspondientes, a pesar de tener el compromiso escrito de entregar las mismas por parte de ambas empresas, revela una clara obstrucción a la justicia y, en el menor de los casos, una negligencia grosera, que debe ser investigada por las actuales autoridades del Ministerio Público”
señalo Participación Ciudadana.
La institución de la sociedad civil, indica que las decisiones sobre estos tres casos se producen en momentos en que se han instalado francotiradores que pretenden descalificar a la magistrada Miriam German Brito, a pesar de que estos expedientes, al igual que la precaria situación carcelaria que existe en el país, no han sido responsabilidad suya.
“Las críticas a la magistrada Germán tienen por finalidad presionarla para hacerla renunciar a su posición y colocar allí a alguien que permita que los escándalos de corrupción que cursan ante el Poder Judicial o se encuentran bajo investigación actualmente, sigan la suerte de los preparados bajo la responsabilidad del antiguo procurador general de la República”
concluyó Joseph Abreu.
Participación Ciudadana reitera su confianza en el equipo encabezado por la procuradora general de la República, magistrada Miriam Germán Brito, e integrado, entre otros, por los magistrados Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución, y Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El Movimiento Cívico se ha comprometido a dar seguimiento a los casos de corrupción sobre los cuales se presente acusación. En relación a las amenazas de accionar judicialmente contra la institución, reiteraron que seguirá defendiendo el derecho que el Código Procesal Penal les concede de tener acceso a las acusaciones y sus pruebas y a divulgarlas, con la única intención de que la ciudadanía conozca el contenido de las mismas y pueda formarse su propia opinión.
Concluyeron que respetan la obligación de los jueces de fallar los casos conforme a las pruebas presentadas y sólo bajo el amparo de la Constitución y las leyes, pero, al mismo tiempo, defienden el derecho ciudadano de propugnar y luchar por el fin de la impunidad que ha permitido el enorme crecimiento de la corrupción en el país.
