La Oficina Nacional de Defensa Publica (ONDP) presenta el Primer Informe “Condiciones de Detención y Prisión 2021“, con los hallazgos a partir de las visitas realizadas por la Comisión Carcelarias cada semana durante el 2021, en el contexto de la situación que viven los privados de libertad en el país.
Este informe da cuenta de los desafíos que tiene el Estado, el sistema de Justicia y Penitenciario, frente a las diversas situaciones que se viven en las cárceles dominicanas, y del inminente riesgo a la violencia, vida salud, incendios, motines, fugas, maltratos y violación a la integridad que enfrentan las personas privadas de libertad.
En 2021, un total de 27,315 personas se encuentran privadas de libertad dentro de la de las 19 cárceles del modelo tradicional y de los 27 centros del modelo nuevo de gestión penitenciaria.
De esta cifra un 40 % de los internos de las 19 cárceles del modelo tradicional duermen en el suelo, y una gran cantidad de personas se encentran en prisión preventiva acusados por delitos menores.
El informe releva la existencia un excesivo de prisión preventiva, una gran cantidad de personas con problemas de salud física y mental, diversas carencias dan imposibilidad de garantizar la reinserción social a las personas detenidas. De igual forma, se advierte que la institucionalidad del sistema carcelario estaría debilitada por la disminución de su presupuesto, poco personal técnico y de custodia.
Asimismo, se da cuenta de las lamentables condiciones de detención a raíz del hacinamiento como es el caso de la cárcel de la victoria que fue construida para alojar a 2,103 personas y al momento del levantamiento habían 7,625 internos, seguido de otras cárceles con la misma situación como la de Bani, azua, San Juan de la Maguana y Barahona; en cuanto a las cárceles de Salcedo, nagua y Samaná no podemos hablar de una verdadera separación entre hombres y mujeres lo que conlleva a una verdadera vulneración al derecho a la intimidad y al honor; infraestructura deficiente; atención médica negligente, y en cuanto a la alimentación aunque ha mejorado aún sigue siendo inadecuada.
El gran problema en República Dominicana, no radica en los Centros Penitenciarios (Modelo Nuevo o Tradicional) como forma de control, sino que la política que el Estado plantea para el respeto de los Derechos Humanos, y lo que se lleva a cabo en la práctica son hasta cierto punto, dos caras de una misma moneda. Lo que el Estado expresamente plantea a través de la norma, respeto a lo que debe hacerse, en la práctica no se realiza, las autoridades se esmeran en plantear programas y sistemas penitenciarios que llevan consigo el respeto a la dignidad, para llevarlos a la práctica, pero es en cierta medida irónico, pues es como si en teoría es la Política de respeto a la integridad y dignidad de las personas y en la practica la Anti-política, de ahí que, en el presente informe, las recomendaciones son las siguientes:
1.- Las autoridades deben dotar de personal médico suficiente donde no los hay, y que se incluya personal psiquiátrico, odontológico, y ginecólogo en el caso de las mujeres, exigiendo a salud pública abastecer de todos los medicamentos necesarios a los centros, así como que se establezcan conexiones con laboratorios ubicados en el país a fin de lograr donaciones.
2.- Canalizar la construcción de nuevas estructuras en los lugares donde existe hacinamiento, y que se proceda a la reubicación de las mujeres recluidas en Nagua, Samaná, Salcedo y Monte Cristi, por su cercanía con el área de hombres, y en el caso de los menores implementar los programas de reinserción social en todos los centros, procediendo a la eliminación del centro de La Vega por no estar apto para alojar ningún adolescente.
3- Gestionar con las autoridades penitenciarias para que los internos sean reubicados en aquellos lugares donde existen nuevas construcciones de CCR, o que puedan lograr sus equipamientos para tales fines
4- Aumentar la calidad y cantidad de los alimentos en los Centros Penitenciarios, tomando en cuenta los que requieren una dieta especial.
5- Que en todos los centros de privación de libertad se cumpla con el sistema progresivo de tratamiento que establece la Ley 113-21.
6- Gestionar y establecer de manera permanente en los centros programas educativos, brindándoseles además oportunidades labores.
7- Contratar personal para todos los Centros donde no existen Comisión de Vigilancia, Evaluación y Sanción, con finalidad de trabajar la reinserción.
8- Adecuar de manera urgente los baños de los últimos centros construidos en Najayo-Hombres. Najayo San Cristobalense, Santiago, Puerto Plata, Dajabón, así como el área de Observación del centro de Mao, que vulneran el principio de intimidad y dignidad al estar ubicados sin ninguna división, lo que permite que los demás internos presencien a otro realizando sus necedades fisiológicas.
9- Aplicación de criterios de igualdad en casos de grupos vulnerables tales como los LGTB y en consecuencia se les permita tener intimidad con su pareja, así como también desarrollar la libre personalidad, y en ese mismo orden tener especial atención en los internos transgénero tomando las previsiones del lugar.
10- En cuanto a los internos de máxima seguridad que los mismos sean sacados al patio una hora al día, y con las debidas precauciones sean beneficiados de programas de reinserción social, conforme los dispuesto en el artículo 4 numeral 8 d le lay 113-21.
11- Tomar todas las medidas necesarias a los fines de evitar la propagación del virus del COVID, y proporcionar mascarillas y los insumos de limpieza.
12- Crear mecanismos de supervisión a las visitas que no laceren su intimidad, ya que las mujeres deben someterse a una revisión vergonzosa.
13- Apertura de las visitas conyugales, ya que como vimos hay centros que aún no inician luego de la pandemia, y que las mujeres privadas de libertad en las cárceles tradicionales tengan derecho a las mismas en igualdad de condiciones con las que están recluidas en los 5 centros del nuevo modelo, quienes desde hace un tiempo cuentan con ese beneficio.
14- Que la Procuraduría General de la República, Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales y a la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, clausure la cárcel que funciona en el sótano del Destacamento de Bella Colina, por la misma no reunir requisitos mínimos de habitabilidad para ser humano alguno y constituirse en una edificación que promueve la constante vulneración a derechos fundamentales de los internos.
15- Que las cárceles del Modelo Tradicional sean sustituidas con carácter de prioridad por los Centros de Corrección y Rehabilitación, para que todo el sistema pase bajo la gerencia del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, como garantía de los Derechos Humanos a permanecer en un ambiente donde se respete su dignidad e integridad.
16- Que la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales desarrolle auditorias de calidad a los diferentes servicios ofrecido a interno/as, que permitan establecer debilidades concretas en ambos Sistemas, específicamente, aquellos servicios básicos como alimentación, albergue, salubridad, higiene, así como los demás servicios que deben ser ofrecidos en el marco del proceso de rehabilitación y reinserción, entre estos mencionamos: educación, formación técnica, etc.
17- Que la Procuraduría General de la República a través de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, amplíe los programas de vinculación con los sectores de la sociedad y medios de comunicación, para concienciar a la población de las bondades que brinda el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, sujeto al respeto de los derechos humanos.
18- Que la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, realicen acuerdos con instituciones y organizaciones públicas y privadas a los fines de que los internos y las internas, después de cumplir la pena, puedan obtener un empleo, de esa manera se da seguimiento a la post-prisión y se rompe con el estigma o prejuicio de haber sido convicto.
Finalmente, la Oficina Nacional de Defensa Publica, reitera que continuará dando seguimiento cercano a la situación de las personas privadas de libertad.
