Santo Domingo, RD. – Familiares de un joven asesinado a manos de tres individuos, incluído un miembro de la Policía Nacional, denunciaron que el agente continúa en libertad, tras ser condenado a 20 años de cárcel junto a los demás responsables del hecho de sangre, en medio de un atraco.
Explicaron que, por la muerte de José Miguel Rodríguez, de 35 años de edad, fueron condenados a 20 años de prisión en marzo pasado, los nombrados Juan Peña Pérez, alias kike y Nelson Peña Encarnación, El Guey, enviados a Najayo y La Victoria respectivamente, sin embargo, al cabo policial Alexis Manuel Trinidad Morillo, le fue impuesta la misma pena y traslado a la cárcel de Operaciones Especiales, tiene el privilegio de salir los fines de semana.
Precisaron que el hecho se produjo en agosto del 2020, en el barrio El Hoyo, del sector Enriquillo de Herrera, Santo Domingo Oeste, donde fue ultimado a tiros su pariente en medio de un atraco por parte del agente Trinidad Morillo y sus cómplices, quienes formaban parte de una banda de asaltantes.
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Ante esta situación, la madre del hoy occiso, Brudalisa Altagracia Rosa, pidió la intervención del director de la Policía Nacional, general Eduardo Alberto Then, a fin de que se lleve a cabo una investigación en la cárcel de Operaciones Especiales, donde el agente tiene privilegio y se le otorgar permiso para salir los viernes, evidenciado este lunes cuando alertaron de que se había fugado, y fue apresado más tarde en el kilómetro 13 de la Autopista Duarte.
Indicó que teme por su vida y la de su familia, por lo que solicitó a la Procuradora General, Mirian German, disponer de sus buenos oficios y enviar al imputado a la cárcel La Victoria, a donde fue dispuesto por un juez que cumpla la condena de 20 años, a la que fue sentenciado.
Así mismo, pidió al presidente de la República, Luis Abinader disponer una exhaustiva investigación del hecho, a fin de que la muerte de su hijo no quede impugne, quien fue vilmente asesinado de varios impactos de bala para despojarlo de sus pertenencias, a la vez que solicitó una sanción ejemplarizadora para los responsables y que sean todos condenados a la máxima pena de 30 años de prisión.