Santo Domingo.- La politóloga Silvia Soto Fernández, considera, la propuesta presentada por el presidente de la República Luis Abinader, constituiría un gran impulso al Estado de derecho, entendido como un modelo de gobernanza política y social en el que todos los ciudadanos y ciudadanas de un país, son tratados en igualdad de condiciones por el sistema judicial.
La experta señaló, que el modelo de Estado de derecho, tiene como principios esenciales: el imperio de la ley, la división de poderes, el respeto de los derechos y las libertades fundamentales, y la legalidad de la administración pública. “Estos principios se ven reflejados en la igualdad ante la ley de todos los individuos, la no arbitrariedad, la independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial”.
Destacó que los aspectos fundamentales a ser modificados de la propuesta de reforma constitucional actual se encuentran: la reformulación del Consejo Nacional de la Magistratura, excluyendo del mismo al procurador general de la República. También, la reorganización del funcionamiento de las Altas Cortes, para que sus jueces estén ligados a un régimen de ingreso, permanencia y alternancia más riguroso y, la independencia del Ministerio Público del Poder Ejecutivo y de los demás poderes del Estado, delimitando también sus funciones, especializándolo en la investigación y persecución de los hechos punibles.
Soto Fernández entiende, que los aspectos a ser reformulados en la nueva Constitución se encuentran en consonancia con la aspiración de una gran parte de la ciudadanía, de contar con un régimen que garantice que las tomadas por el Poder Judicial sean apegadas por completo a la Constitución y a las leyes, sin discriminación de ninguna especie, tal como lo establece el artículo 39.
“Las decisiones judiciales históricamente era una práctica que el sistema judicial estuviera bajo el imperio de influencias de las elites. Es decir, todo el que tuviera poder económico o político lograba sin dificultad ser beneficiado por una decisión judicial, situación que se agravó en los últimos 26 años, especialmente durante las gestiones de los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina”, aseguró.
Además, señaló que algunos sectores critican la cantidad de veces que ha sido modificada la Constitución, pero, que eso no es lo importante, puesto que las sociedades son dialécticas, se van transformando permanentemente, y en esta era posmoderna e incluso con la velocidad casi de la luz, y por ende los estamentos jurídicos deben irse adaptando.
También, indicó que otros plantean que nos es prioritario en este momento la reforma propuesta, y que entiende que si lo debe ser, pues de la independencia del Poder Judicial, no solo depende una garantía de justicia sin discriminación que protegería de manera especial, a los ciudadanos y ciudadanas más vulnerables, aquellos que no pertenecen a las elites de poder, sino, que incluso impulsaría el desarrollo comercial en especial del internacional por la seguridad jurídica que daría el país a los inversionistas.
Destacó que la reforma, sobre todo, ayudaría a saldar la gran deuda que tiene la clase política, y en especial el actual gobierno con la ciudadanía de establecer un sistema judicial que garantice un régimen de consecuencias para los actos de corrupción y una administración transparente de los recursos del Estado.
Finalmente, la también investigadora dijo, que del presidente Luis Abinader lograr este objetivo se catapultaría en la historia, y que los demás actores del sistema político, en especial, los de la oposición podrían hacer también un gran aporte apoyando esta propuesta, ya que los intereses del país deben estar por encima de los particulares, y, que en términos de imagen pública contribuiría a mejorar su posicionamiento ante el imaginario electoral.
