La gobernadora provincial de Monseñor Nouel, Raquel Jiménez, manifestó en rueda de prensa que es de interés del Poder Ejecutivo que en la selección de los miembros del Consejo Provincial de Desarrollo se debe dar mayor relevancia a los temas ético y moral, para desvincularlos de la política partidaria.
Jiménez externó su opinión ante los comentarios surgidos tras el decreto presidencial No. 158-22, del treinta del pasado mes de marzo respecto a la conformación del Consejo Para el Desarrollo de dicha provincia.
Indicó que desde el cierre del Consejo en el año 2020, se han estado reuniendo la mayor cantidad de autoridades y representantes auténticos de la provincia en el interés de llegar a un consenso en relación a la dirección del Consejo Provincial de Desarrollo.
“En los últimos meses hemos llegado a un acuerdo donde estarían integrados la mayor cantidad de miembros del Consejo anterior más algunas otras instituciones que deberíamos incluir, para que sea más participativo y plural el consejo” manifestó la Gobernadora.
Aseguró que con el fin de no alterar el decreto original, se propuso incluir por resolución a los representantes de las entidades sugeridas para ser miembros de este, lo que provocó malos entendidos y la percepción de que los mismos quedarían fuera.
Ante esta situación, externó el interés de integrar la mayor cantidad de instituciones posibles, por lo que para esclarecer la situación están solicitando al Poder Ejecutivo la integración en el decreto de los siguientes sectores:
1) Un representante de la Unión Deportiva de Monseñor Nouel.
2) Un representante del sector Cultura.
3) Un representante de la seccional del Colegio de Abogados Filial de Monseñor Nouel.
4) Un representante de la ADP Filial Bonao.
5) Un representante de la UASD Bonao.
6) Un representante de los Grupos Populares.
7) Un representante de los Ambientalista.
8) Un representante de la Federación de las Juntas Vecinos.
9) Colegio dominicano de periodista filial Bonao.
Finalmente, puntualizó que es de alto interés del Poder Ejecutivo, la Gobernación provincial y las autoridades de la provincia, la participación en la toma de decisiones del Consejo Provincial de Desarrollo, las diversas fuerzas sociales y representativas del que hacer provincial.
De igual forma, que el Poder Ejecutivo, la Gobernación provincial y el Consejo de Desarrollo garantizan la administración equitativa, participativa, incluyente y transparente de los recursos asignados por la ley 507-05 a nuestra provincia.
