El ex procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, advirtió a su sucesora, Mirian Germán Brito que existen alegadamente “vicios de construcción y pérdida de garantías de obras y equipos” lo que podrían generar cuantiosas pérdidas al Estado dominicano.
Así lo sé lo informó el mismo Jean Alain Rodríguez a la actual procuradora Germán Brito a través de una carta enviada a su despacho el pasado 17 de enero de 2022.
En la misiva, Jean Alain manifiesta que por haber sido procurador se le responsabilidad de todo lo que sucedió durante su gestión y que ahora se encuentra en presión acusado, entre otras, por supuestos cargos de corrupción con la obras de construcción de unos recintos penitenciarios, poniendo a la magistrada Germán Brito en alerta, para que no se vea en la misma situación que él.
Lea aquí la carta íntegra de Jean Alain Rodríguez a la procuradora General de la República, Mirian Germán Brito:
Luego de saludarle cordialmente, me dirijo a usted con respecto y humildad en condición de exprocurador, para informarle que ha sido puesto en mi conocimiento alegados vicios de construcción y pérdida de garantías de obras y equipos de los nuevos recintos penitenciarios, que de ser reales y no reclamados oportunamente, podrían generar pérdidas millonarias al Estado Dominicano y hasta erróneamente una nueva investigación penal a la pasada y a la actual gestión, por los mismos hechos que pongo en su conocimiento.
En este sentido y al encontrarse usted inhibida de la investigación que sigue el Ministerio Público en mi contra, podría no estar informada y le comunico para fines administrativos exclusivamente, que el expediente de solicitud de medidas de coerción, simplemente por haber sido Procurador, como hoy lo es usted y ser el precursor del Plan Nacional de Humanización del Sistema Penitenciario (punto 4.5 página 9) y (punto 1-10 página 12-17), se me atribuye ser responsable de supuestas irregularidades por la suma total invertida de 10,000 millones de pesos, como sí las obras no se hubieran realizado sin existir una inspección que soporte esa falacia y no existir alguien que me señale como receptor de sobornos o valores.
Me preocupa y debe preocupar que se me acuse de fraude fundamentado y documentado únicamente en alegatos y denuncias ligeras de malas terminaciones, defectos, vicios de construcción y supuestas pérdidas de garantías de abanicos, bebederos y televisiones entre otros, de los más de 100 edificios que fueron efectivamente construidos y equipados.
Estas obras fueron realizadas por más de 50 contratistas y suplidores, mediante licitaciones públicas y contratos bajo mi firma cuyos principales 11 contratos de obras usted tuvo a bien confirmarlos, extenderles el tiempo de entrega, ratificarlos y aumentar y pagar más de 220 millones de pesos no contemplados inicialmente, bajo el amparo legal de la cláusula de equilibrio económico, a través de 11 adendums que al igual que los firmados por mi, estos también cuentan con su rúbrica y firma.
Las eventuales malas terminaciones, errores o vicios que el Ministerio Público pretende responsabilizarme (punto 9 página 16), incluyen supuestas deficiencias en impermeabilizantes, falta de agua en algunos inodoros, y desgaste en la pintura, entre otros, poniendo en su conocimiento que los contratos que suscribí y que usted ratificó establecen las adecuadas protecciones y garantías a favor de la Procuraduría General de la República, y de ser ciertos dichos defectos, es a los contratistas y no a los Procuradores Generales actuantes, a quienes eventualmente les corresponde realizar los correspondientes reparos. De manera particular nuestros contratos establecen que:
- El contratista está obligado a concluir la obra en el tiempo establecido, aún lo haga con sus propios recursos (Art. 6).
- El contratista ejecutará, concluirá y subsanará completamente y de forma inmediata cualquier deficiencia en las obras dentro del plazo establecido. Se compromete, obliga y acepta a utilizar productos de altos estándares de calidad yseguridad aprobados por la Procuraduría General de la República. (Art. 18).
- OEl contratista será responsable de la correcta interpretación de los planos, respondiendo por los errores de interpretación incurridos durante la ejecución. (Art. 18).
- El contratista será responsable cuando los vicios advertidos puedan llegar a comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial. (Art. 18).
- El contratista asumirá la responsabilidad total por el fiel y debido trazado y disposición de la obra y si sumiera o se presentará algún error de disposición, dimensiones o alineación, el contratista deberá, a su propio costo, rectificar dicho error a entera satisfacción. (Art. 18).
- Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista constituyó una garantía bancaria a favor de la Procuraduría General de la República con la cual responderá los daños y perjuicios que se produzcan a la institución en caso de incumplimiento, independientemente del resto de las acciones que legalmente proceden. (Art. 19).
- Al finalizar los trabajos, el contratista deberá presentar una garantía de vicios ocultos de las obras por un período de 3 años con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que surja por algún defecto de construcción no detectado. (Art. 21).
Expuesto lo anterior, también pongo en su conocimiento que en fechas 30 de junio y 6 de diciembre del 2021 fueron depositados por la PEPCA en los expedientes relativos a mi solicitud y revisión de medidas de coerción 2 informes elaborados durante su gestión en fechas 30 de junio y 31 de agosto 2021 por el Departamento de Ingeniería y Arquitectura y la Dirección Nacional de Adolescentes en Conflicto con la Ley, respectivamente (anexos), en los cuales se recogen y resaltan supuestos errores, falta de terminación y desperfectos en equipos electrónicos corno fundamentos parciales de mi privación de libertad, exhortándole humildemente a verificar su contenido y si es cierta dicha información, total o parcialmente.
En el caso de identificar errores, desperfectos y/o vicios, solicitamos como ciudadano, requerir con urgencia a los más de 50 contratistas y suplidores responsables, que realicen los reparos de lugar antes de que a la Procuraduría General de la República se le venza la garantía y el plazo de reclamo a los mismos, en caso de ser ciertos, y de esta manera el Estado Dominicano no se exponga a perder sus derechos consignados en los contratos suscritos, por no haberse canalizado el reclamo a las personas correctas y en el tiempo oportuno.
Asimismo, también pongo en su conocimiento que en la referida medida de coerción se contempló como argumento para solicitar y obtener la privación de mi libertad, (punto 6 página 15), que yo mismo autoricé y realicé una maniobra ilegal para que un contratista de una obra transfiriera a otra obra distinta una partida de 16 millones de pesos para construir la verja perimetral de Najayo Hombres 17, cuando aún incorrecto y falso, este, es un tema administrativo y no penal, pero más grave aún, se trata de una solicitud que se realizó en el mes de noviembre del 2020, es decir, durante su gestión, meses después de yo haber cesado en mis funciones, como lo puede comprobar en la certificación del contratista TOR Cons, S.R.L. depositada por el mismo órgano persecutor (anexa)
No puedo dejar de externarle altísima preocupación y sugerirle tomar las debidas medidas de seguridad y protección respecto al deterioro y posibles saqueos que puedan suceder en las 2 principales obras, La Nueva Victoria en Las Parras y San Juan, las cuales se encontraban prácticamente listas para su inicio de operación conforme puede observar en la bitácora de fotografías y videos de esa fecha, encontrándose equipadas con decenas de millones de pesos en equipos de comunicación y seguridad de alta tecnología, mobiliario, cocinas industriales, vehículos, autobuses, motocicletas, colchones, ropa de cama, mas de 30,000 libros y todo lo necesario para su puesta en marcha, que a un año y cinco meses deben estar deteriorándose, perderán su garantía y podrían ser saqueados. Esas instalaciones se entregaron con más de 200 agentes penitenciarios y una Directora, pero todos fueron removidos de las obras abandonadas. No podemos permitir que los celos personales nos expongan a usted y a mí, al daño que hoy pretenden contra mi persona y que se convertirán en pérdidas multimillonarias del dinero del pueblo dominicano.
Al efecto y por no continuarse y concluirse las obras en el tiempo previsto, como debe ser de su conocimiento, uno de los almacenes de uso de la Procuraduría General de la República fue saqueado en el mes de septiembre del 2020 sustrayendo delincuentes más de 700 televisores, según el Ministerio Público, todo orquestado por la persona Encargada de Almacén, a quien se le solicitó 20 años de prisión por robo asalariado, pero posteriormente esta imputada de robo, extrañamente se convirtió en la testigo estrella de mi caso, solicitando el Ministerio Público la variación de la medida de coerción de prisión a domiciliaria, a cambio de haber colaborado con evidentes falsedades a su conveniencia, que a pesar de no imputarme directamente, sirvieron de soporte a mi privación de la libertad y a la de todos los demás imputados en el caso.
Resalto lo anterior, en especial, para sugerirle exigir a los contratistas finalizar las obras como lo establecen los contratos y tomar las medidas de seguridad y que no se generen más saqueos y pérdidas para el Estado; pero sobre todo, los más de 6,000 millones de pesos invertidos en esas obras y su equipamiento no continúen deteriorándose por el abandono, y se permita que ajeno a los intereses personales sean efectivamente aprovechados por los más de 9,500 privados de libertad que esperan dar uso a las instalaciones de La Nueva Victoria, San Juan, San Pedro de Macorís y Barahona, dejando atrás el inhumano hacinamiento, condiciones deplorables y enfermedades de las que sufren día a día en las condiciones que actualmente se encuentran esos privados de libertad.
Otro caso que pongo en su conocimiento es lo relativo a las más de 20 obras que fueron puestas en funcionamiento, dentro de las cuales cito el ejemplo vivido en el CCR XX donde me encuentro privado de libertad y he visto con mis propios ojos diversos aparatos electrónicos como abanicos, luces y bebederos, que ante cualquier mal funcionamiento son desechados y cambiados, en lugar de reclamar las garantías aún vigentes en piezas y servicios al suplidor. Lo mismo sucede con algunas duchas e inodoros antívandalicos, bombas de agua, puertas y ventanas, que están siendo reparadas o sustituidas por personal y con recursos de la Procuraduría y no por el contratista bajo las garantías vigentes, persona responsable contractualmente. Esto también se convierte en un gasto innecesario en una institución con tantas necesidades y limitado presupuesto, que al replicarlo en todas las obras del país, contabilizamos millones de pesos en pérdidas que pudimos evitar.
Si el motivo de no reclamar a los contratistas se fundamenta en finalizar eventuales auditorías, que bien hacen en realizarlas, le aseguro que resultará menos lesivo para el Estado finalizar las obras como fuera anunciado por el señor Presidente Luis Abinader Corona a través de su asesor de seguridad, al inicio de su gobierno y luego, concluir dichas auditorías, primero porque las auditorías a obras inconclusas no son realizadas comúnmente por la Cámara de Cuentas de la República por presentar resultados inconclusos y segundo, porque los mismos contratistas serían los eventuales responsables de repararlos y responder por ellas.
Similar situación acontece con la innecesaria detención de la puesta en funcionamiento del laboratorio de ADN del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) manteniéndome privado de libertad por supuestos incumplimientos del suplidor (punto 52-74 páginas 46-58), sin que a un año y 5 meses de la nueva gestión se le haya exigido al mismo finalizar los trabajos supuestamente inconclusos o terminarlos la Procuraduría General de la República, si no fuera responsabilidad del suplidor. Por mi parte, previo a concluir mi gestión, transferimos cerca de 3 millones de pesos al INACIF para la compra de insumos y puesta en marcha operativa de dicho importante laboratorio. Mientras, el tiempo pasa, el Estado no cuenta con un laboratorio oficial de ADN, se vence la garantía del suplidor y se generará un gasto adicional para el Estado y un daño al sistema de justicia por inacción de la institución en tiempo oportuno.
Distinguida Procuradora, hoy estoy siendo perseguido y privado de libertad, entre otros actos de mera administración, por obras que no he construido y por vencimiento de garantías que no vencieron en mi gestión y que en la mayoría de los casos no han vencido aún, que además de ser temas administrativos y no penales, sería igual injusto que por analogía de los mismos supuestos que hoy me tienen privado de libertad (firmar contratos y pagar las construcciones), mañana pretendan imputar a cualquier otro procurador o ministro que contrate obras, por el mismo concepto o mas delicado aún, por no tramitar el reclamo administrativo y civil de supuestos defectos, errores y vicios ya identificados en su gestión pero no reclamados en el tiempo oportuno a las personas eventualmente responsables.
Aprovecho la ocasión para agradecer el contenido de su carta pública de fecha 28 de junio 2021 mediante la cual reprochó a sus subalternos que me fuera impedido ilegalmente sin orden judicial salir del país en viaje familiar.
Reitero nueva vez mi mejor disposición de colaboración voluntaria en todos los temas relativos a mi gestión que servían de base y fundamento al fortalecimiento de esa institución y nuestra República Dominicana.
Atentamente,
Jean Alain Rodríguez ( Ex procuradora General de la República
1) Copia del “Informe actualizado del Plan de Humanización”, de fecha treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021) preparado por las señoras Wendy Carolina Frías, Joely Rodríguez y Indira Vásquez. 2) Copia del oficio No. DINAIACLP-DIR-2021-225 de fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiuno (2021), emitido por la Dirección Nacional de Atención Integral para la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, contentivo de la remisión del informe sobre el levantamiento realizado a centros del plan de humanización en fecha veintitrés (23) de agosto de dos mil veintiuno (2021). 3) Copia de la comunicación emitida por TorCons, S.R.L., en fecha veinte (20) de abril de dos mil veintiuno (2021) y dirigida a la Arq. Wendy Frías.
