Defienden constitucionalidad de ley de extinción de dominio y piden aprobación inmediata del congreso
Santo Domingo.- Los magistrados Gissel Méndez y Juan Mateo Ciprian, jueza de lo penal del Distrito Nacional y fiscal titular de la provincia María Trinidad Sánchez, respectivamente, coincidieron en la necesidad y urgencia de aprobar en la República Dominicana, una ley de extinción de dominio, para lograr una mayor efectividad en la lucha y persecución del crimen organizado.
Las declaraciones de los juristas y servidores judiciales, Méndez y Mateo, fueron servidas en el marco de la celebración de un panel especializado sobre, La Extinción de Dominio y la Criminalidad Organizada, auspiciado por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), con la asistencia de un nutrido grupo de abogados y periodistas, donde destacaron su viabilidad constitucional y pertinencia.
La magistrada Méndez explicó que apenas se recupera el 1%, de los bienes y dineros que son defraudas o robados, bajo diversas modalidades de crímenes, y lo peor aún, es el abuso y aprovechamiento que hacen los abogados del tecnicismo legal para eternizar los procesos, en detrimento de la justicia a la hora de lograr condenas y decomiso definitivo de bienes en un tiempo prudente.
Asimismo, Méndez informó, que el artículo 51, numeral 6 de la constitución, prevé el proceso o juicios de extinción de dominio, el cual vendría a establecer la mecánica procedimental para el decomiso civil de patrimonios con orígenes ilícitos, con el objetivo de reincorporarlos al erario sin que haya que agotar juicios penales; además de zanjar las imposibilidades e impedimento que generan eventualidades como la muerte del imputado, la cual opera, al extinguir la acción penal, como un salvoconducto o legalización de riquezas de origen espurios e ilícito, en beneficio de los familiares herederos, entre otras tantas eventualidades.
De su lado el magistrado Mateo Ciprian, definió la ley de extinción de dominio como un proceso patriótico, urgente y necesario, para atenuar los efectos dañinos de la corrupción administrativa y delincuencia organizada.
En ese orden aclaró que las fortunas ilícitas no tienen tiempo de prescripción para convertirse en lícitas, en consecuencia la referida ley servirá para perseguir cualquier patrimonio ilegal, descartando el que se hable de irretroactividad de la ley, por tratarse, no de un tipo penal, sino más bien de una herramienta de tipo procedimental, acorde con el debido proceso de ley.
La actividad estuvo encabezada por el presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, quien al dirigirse a los presentes pidió la aprobación inmediata del congreso de la ley de extinción de dominio.
La extinción de dominio es una herramienta jurídica que existe en numerosos países y básicamente consiste en la posibilidad de que el Estado, a través de diversos mecanismos, pueda incautar o decomisar bienes que -en principio- son adquiridos producto de infracciones.
El presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas en la Reunión Conjunta del Congreso Nacional el pasado 27 de febrero, habló de su lucha contra la corrupción, y dijo: “Por eso informo que estoy de acuerdo con la Ley de Extinción de Dominio para recuperar el dinero robado al pueblo dominicano”.
Más adelante, el mandatario agregó: “En consecuencia, solicito a los honorables legisladores que se sumen a este propósito”.
