SANTO DOMINGO.-. La Fundación Transparencia y Democracia, calificó de saludable la propuesta de Reforma Constitucional formulada por el poder ejecutivo, sobre la elección por 6 años y cambió de nombre del Procurador General de la República, la unificación de las elecciones municipales, presidenciales y legislativas, así como la eliminación del arrastre, a partir de los comicios del 2028.
El presidente de la Fundación Transparencia y Democracia, Lic. César Ml. Matos Díaz, fue enfático al afirmar que estamos frente a una de las pocas veces donde se plantea una Reforma Constitucional para el beneficio de la sociedad y no de un grupo de personas, como ha sucedido tradicionalmente.
Matos Díaz, afirmó que los partidos políticos no deben dejar pasar esta oportunidad, ya que el presidente Luis Abinader, se está desprendiendo del poder constitucional de designar al Procurador General de la República, asumiendo el rol de un presidente sin ambiciones viles, ni pretensiones personales, sin interés de conformar un poder judicial a su medida, como se hizo en el pasado.
Por lo que, hizo un llamado a los sectores políticos que se retiraron del Consejo Económico y Social, a reintegrarse a las discusiones y debates atinentes a la propuesta de Reforma Constitucional, pues llegó la hora de pensar en un país organizado internamente para enfrentar las adversidades internacionales, fortaleciendo cada día el estado de derechos para atraer inversiones extranjeras y aumentar nuestras exportaciones.
Coincidiendo con la Procuradora Yeni Berenice, el presidente de la Fundación Transparencia y Democracia, entiende que hay que reforzar la respuesta del Estado para proteger y resarcir a las personas que acuden a la justicia, tras resultar afectadas por diferentes tipos de delitos.
Externó que con la elección de un Ministerio Público independiente, se acabarán los desagradables privilegios que conceden “Archivos” a culpables de enriquecimiento ilícito.
Al concluir, Cesar Ml. Matos Díaz, señaló que deben ser incluidas en el proceso de Reforma, la las leyes de partidos políticos y régimen electoral, que fueron desmembradas por el Tribunal Constitucional, que permitió que varios precandidatos perdedores en las elecciones internas de sus partidos, convertidos en tránsfugas, migraron a otras parcelas políticas, donde encabezaron boletas electorales.
