Santo Domingo.- La fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), resaltó las nuevas pruebas aportadas contra los imputados del Caso Coral y confió en que los tribunales mantendrán las medidas de coerción impuestas a los involucrados en el expediente.
Ortiz hizo la afirmación al responder preguntas de la prensa, luego de que el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazara para el próximo 21 de febrero la revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas a los encartados, debido a que el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez no pudo ser trasladado al tribunal por razones de salud.
Explicó que el imputado Girón Jiménez enfrenta molestias tras haber recibido la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19, algo que sucede a muchas personas. Detalló que, en esa situación, el sistema del Medio Libre, que debe trasladarlo, prefirió dejarlo en reposo.
“En esta ocasión hemos depositado pruebas testimoniales, hemos depositado pruebas periciales, que harán ver al tribunal que debe mantener las medidas de coerción, porque la investigación sigue avanzando y cada vez más se confirman las imputaciones que ha realizado el Ministerio Público”, destacó Ortiz.
Ante preguntas de los periodistas sobre alegatos de fusión con el Caso Coral 5G, la fiscal coordinadora de Litigación de la Pepca explicó que “el Ministerio Público no ha solicitado fusión de este proceso”. “Eso quedó claro en la audiencia de medida de coerción de Coral 5G; varios abogados solicitaron la fusión, sin embargo, el juez no la acordó en la audiencia de medida de coerción del caso Coral 5G”, añadió.
Sobre el mantenimiento en prisión de los imputados, contestó: “Claro que sí, la prisión seguirá manteniéndose y ya verán cuando depositemos el acto conclusivo, que el Ministerio Público siempre ha tenido la razón”.
Declaró que el Ministerio Público en el día de hoy, como en todas las revisiones que se coordinan por el tribunal o a solicitud, informa tanto al tribunal como a los imputados, sobre los avances de la investigación.
El magistrado Raymundo Mejía también pospuso para el próximo 21 de febrero el conocimiento de varias peticiones de la defensa del imputado Rafael Núñez de Aza.
El pasado 26 de enero, el Ministerio Público obtuvo una prórroga, otorgada por el juez Mejía hasta el próximo 16 de abril, para presentar acusación en el Caso Coral.
En mayo del pasado año el Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a los tribunales a imponer 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre y Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
En tanto que contra Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.
Los imputados guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa profundizando la investigación del caso, que fue declarado de tramitación compleja.
