El Observatorio Nacional Para la Protección del Consumidor (ONPECO) exhortó a las autoridades a propiciar algún tipo de medidas compensatorias de los efectos de la inflación que afecta a las familias más vulnerables, principalmente, y que han visto con espanto las alzas de los productos de la canasta familiar durante el primer mes del presente año.
“Hay aceites en el mercado, que en diciembre del recién pasado año costaban 700 pesos y hoy, el mismo aceite, cantidad y envase, se oferta en mil pesos (RD$1000), lo que equivale a trescientos pesos más en el presente mes de enero de 2022, pese a que antes de la pandemia este producto costaba solo 400 pesos. Algo parecido ocurre con los precios del azúcar, el café, las habichuelas, los huevos, el pollo; y ni que hablar de las carnes y el pescado”, argumenta la organización.
Asímismo, señalan que a estas alzas se le añade el precio del transporte, la energía eléctrica, el gas de cocinar y los combustibles en general, lo que genera un impacto inmediato en todos los renglones de la economía familiar. Cuando suben 5 pesos a los combustibles, el alza se le agrega a cada usuario, por lo que entendemos debe propiciarse un mecanismo más equitativo para evitar que la afecte tanto a las familias de bajos ingresos y de clase media también.
La Ley número 358-05 de Protección al Consumidor, establece que desde el Estado debe propiciarse un sistema de información transparente sobre los precios para que el ciudadano en su relación con el mercado tenga mecanismos para defenderse ante las alzas de productos básicos. Esto quedó así en la legislación que crea a Pro Consumidor como una forma de llenar el vacío ante la eliminación del Control de Precios que establecía la Ley número 13 de 1963, de Protección a la Economía Popular.
“Con esto se pretendió que el consumidor, por ejemplo, conozca lo que cuesta un plátano en una finca de Barahona y compare lo que le cuesta en el mercado o supermercado, y con base en esa información pueda conocer si se especula o no con el precio. Porque la especulación es un delito penal, que lesiona los intereses de la población consumidora, y en especial, de los más vulnerables”, indican.
Onpeco, como entidad para la defensa de la población consumidora, entiende que en estos momentos hay especulación con el precio de las grasas comestibles, por lo que exhorta a las autoridades a investigar la razón, y actuar en consecuencia.
Además, Onpeco demanda focalizar y fortalecer el subsidio del GLP para las amas de casa cocinar los alimentos, lo que podría representar un gran alivio para los hogares de bajos ingresos. También la entidad llamó la atención sobre el precio de los medicamentos, principalmente de los que se indican para afrontar el Covid-19, cuyos precios están fuera del alcance de la mayoría de los ciudadanos.
