A través de un exhaustivo análisis, en una secuencia de mensajes en su cuenta de Twitter, el jurista Francisco Álvarez Martínez expuso su punto, sobre las causas y consecuencias de la supuesta censura de cuenta de Twitter de la doctora Julissa Espaillat.
“La libertad de expresión impregna la totalidad de las interacciones entre los usuarios, limitada solo por el terrorismo, extremismo violento, elementos ilegales, seguridad nacional y autolesiones. Twitter, al tomar conocimiento, evalúa y decide si elimina contenido”, expresó el joven abogado en uno de sus mensajes.
Explicó que el referido caso es “contenido retenido”, que tiene otra naturaleza ya que Twitter dice que nace de la solicitud de un Estado, y responde a un elemento territorial. Es decir, en teoría, se retiene (no elimina) acceso, en el territorio afectado.
Sobre la interrogante de quienes pueden solicitar que se retenga un tuit, dijo que esto lo puede hacer un representante de la autoridad gubernamental.
“Se requiere el nombre, el correo institucional, pruebas de la calidad y la solicitud. Es decir, para acceder a la figura de la retención, hay que cumplir un ritual”, afirmó.
Sostuvo que es evidente que la retención que afecta a la doctora surge de que Twitter recibió una solicitud, y la interpretó como requerimiento de retención, puesto que recibió un formulario y su apoyo, y procedió en consecuencia. De esto debemos capitalizar lo rescatar.
De acuerdo a Álvarez Martínez, el Estado tiene ese derecho, Twitter, contrario a la censura por violación a sus términos, no evalúa el contenido, sino que “respeta” el requerimiento y el usuario tiene vías recursivas que le permiten contestar y obtener más información sobre la decisión de retención.
Por ultimo, explicó que si alguna institución lo solicitó, necesitamos razones. El silencio se infecta de incertidumbre, y genera inseguridad. La libertad de expresión (derecho poliédrico que sustenta decenas de garantías constitucionales) debe ser celosamente protegido. Estamos a tiempo.
Recordemos que en el día de ayer, el Gobierno desmintió y tildó como “rumor” la versión que hay en las redes sociales de que supuestamente ordenó bloquear la cuenta de una persona por mensajes que publicó en los que cuestionaba el destino de las vacunas AstraZeneca que adquirió para ponerla a la población para enfrentar el COVID-19, según comunicó Homero Figueroa, director de Estrategia y Comunicación Gubernamental.
“El Gobierno dominicano garantiza a todos los ciudadanos el ejercicio pleno de la libertad de expresión a través de los medios de comunicación análogos y digitales”, indicó en un documento se prensa.
Aunque no mencionó nombres, se sabía que se trataba del caso de la doctora Julissa Espaillat, cuya cuenta de Twitter fue censurada hace unos días. La profesional atribuyó el hecho a un post que colocó en el cual se preguntaba qué destino daría el Gobierno a las vacunas de AstraZeneca contratadas y por qué supuestamente no fueron incluidas en el plan de vacunación de la tercera y cuarta dosis.
Dijo que Twitter la había censurado con el argumento de que atendió a una “solicitud válida y correctamente definida proveniente de una entidad autorizada del país en cuestión”.
La situación provocó la solidaridad de internautas que, a su vez, acusaron a las autoridades de estar detrás del bloqueo a la cuenta de la doctora.
