El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, aplazó para el martes 25 a la 2:00 de la tarde el conocimiento de la audiencia para conocer la solicitud del Ministerio Público de cuatro meses de prórroga para presentar la acusación en contra de los imputados en el caso Coral
El juez acogió el pedimento de la defensa técnica del imputado Alejandro Montero Cruz, Yarni Aquino porque el Ministerio Público no le notificó los medios de pruebas en lo que iba a sustentar la prórroga en caso Coral.
De su lado, el director de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró que el Ministerio Público tiene como compromiso todo el que participe en un entramado de corrupción se siente en el banquillo de los acusados a responder por sus hechos.
En estos casos se investigan muchas empresas y eso vas hacer necesario para que el Ministerio Público tenga el tiempo prudente y razonable para que cuando presenten las acusaciones brindada y que esas investigaciones inovlocren a todas las personas que participen en estos entramado de corrupción. El compromiso del Ministerio Público es que todo el que participe en un acto de corrupción se siente en los banquillos de los acusados a responder por sus hechos”, agregó el titular de la Pepca.
A los acusados se les imputa los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
De acuerdo a las investigaciones que realizó Pepca, cuando en el 2012, el expresidente Danilo Medina llegó al poder, Cáceres Silvestre comenzó a crear un entramado militar-policial, social y religioso para distraer fondos del CUSEP y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Se recuerda que el pasado 10 de mayo del 2021, la jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, mediante resolución impuso 18 meses como medida de coerción de coerción preventiva de 18 meses en contra de los encartados, luego de haber declarado el caso complejo y ordenó además arresto domiciliario con vigilancia en contra del mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, testigo clave de la acusación.
