Durante el año pasado, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) recibió 866 casos nuevos relacionados con diferentes modalidades de contratación pública a través de sus departamentos de Reclamos, Impugnaciones y Controversias y de Análisis e Investigación.
En atención a estos requerimientos, el órgano rector dio respuesta a un total de 781 solicitudes, incluyendo 201 casos de años anteriores, concluyendo así con un caso correspondiente al 2017; diez del 2018; 59 del 2019 y 131 del 2020.
De las 220 resoluciones emitidas el pasado año, 111 fueron en respuesta a recursos jerárquicos, 29 medidas cautelares, 5 investigaciones de oficio, 23 solicitudes de investigación, 34 solicitudes de inhabilitación y 18 recursos de reconsideración.
Cabe destacar que 12 de estas resoluciones (01, 02, 38, 42, 47, 54, 67, 69, 85, 114, 188 y 209) anulan procedimientos de contratación o actos administrativos, que representan un monto de RD$3,573,067,174.89.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, reiteró este lunes que durante la gestión que encabeza no habrá silencio administrativo y que cada caso del que sea apoderado recibirá la debida atención y resolución por parte del órgano rector tras agotar su curso legal.
En ese sentido, Pimentel afirmó que la institución ha invertido tiempo y esfuerzo en limpiar sus archivos y concluyó el 2021 sin casos pendientes de años anteriores, gracias al proceso de fortalecimiento institucional que se lleva a cabo, lo que se ha traducido en una mayor confiabilidad por parte de los distintos actores que interactúan en el sistema de contrataciones.
Hay 263 solicitudes pendientes de decisión
Mediante una nota de prensa, la DGCP informó que al 30 de diciembre de 2021 estaban pendientes de decisión unas 263 solicitudes,188 de las cuales están agotando el debido proceso de instrucción y 75 que están listas para decidir.
De las 866 solicitudes recibidas de enero a diciembre del 2021, 213 corresponden a recursos jerárquicos; 176 a medidas cautelares; 125 a recursos de impugnación, 96 a solicitudes de investigación, 28 a solicitudes de inhabilitación, 19 de reconsideración, una variación de medida cautelar y otras 208 solicitudes varias, según consta en el informe anual emitido por la Dirección de Investigaciones y Reclamos de la DGCP.
Dentro de estas solicitudes, sobresalen las interpuestas contra los procedimientos de licitación pública nacional núm. INABIE-CCC-LPN-2021-0009 y el INABIE-CCC-LPN-2021-0007, del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).
Al respecto, la institución ha recibido 7 recursos jerárquicos contra el procedimiento INABIE-CCC-LPN-2021-0007, para la “adquisición de alimentos crudos y procesados y su distribución a los centros educativos públicos para ser utilizados en centros educativos públicos durante el año escolar 2021-2022.
En tanto, del procedimiento INABIE-CCC-LPN-2021-0009, para el “suministro de raciones alimenticias del almuerzo escolar y su distribución en los centros educativos públicos durante el periodo escolar 2021-2022, la DGCP ha recibido 48 recursos jerárquicos y 47 solicitudes de medida cautelar.
De estas acciones, 29 medidas cautelares serán declaradas sin objeto a raíz de que fueron respondidos los recursos de impugnación por el Inabie y de otros 28 recursos jerárquicos ya fueron solicitados los escritos de defensa al Inabie.
En otro orden, la institución destacó que los abogados de su Consultoría Jurídica acudieron a los tribunales de la República en defensa de 54 resoluciones que fueron recurridas, incluyendo la solicitud de medida cautelar interpuesta por el Ministerio de Educación, respecto de los procesos de licitación llevados a cabo para la adquisición de dispositivos tecnológicos y la rehabilitación de centros educativos.
Cabe destacar que, a diciembre de 2021 el departamento de Inteligencia y Casos especiales de la DGCP había recibido 169 requerimientos de información por parte del Ministerio Público, la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y la Cámara de Cuentas desde la implementación y seguimiento como parte de su relación de colaboración con la justicia y los órganos de control del país iniciada el 17 de agosto de 2020.
