Santo Domingo.- El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales,interpuso una querella contra un hombre que agredió a un guardaparques mientras se encontraba en el cumplimiento de sus labores en la entrada del Parque Nacional Jaragua.
La información fue compartida este miércoles por el ministro Orlando Jorge Mera a través de su cuenta de Twitter, donde reveló el documento con la acusación.
De acuerdo a los datos la querella fue interpuesta contra Santiago Rodríguez, por incurrir en agresión verbal y física en contra del guardaparques Juan Pablo Reyes, quien cumplía con su deber en Cabo Rojo, en la entrada del PN Jaragua.
“Defender a quienes cumplen con su deber es mi compromiso”, agregó el ministro.
El trabajador del Ministerio de Medio Ambiente, fue agredido por el empresario, de forma física y verbal, el pasado sábado 8 del presente mes, cuando este se dispuso a supervisar una denuncia realizada por los servidores de la boletería de la Cueva, Bahía de las Águilas, quienes denunciaron que los visitantes se quejaban por la molestia y mal olor que provocaron los trabajos de excavación del séptico, realizados por Rodríguez en su negocio.
El guardaparque narra, que al acercarse al empresario para hablar sobre la situación, se dispuso a grabar y tomar fotos para usarlos como prueba del delito ambiental, el propietario del restaurante lo golpeó y agredió también verbalmente.
Estos trabajaos realizados por el empresario, estaban siendo realizados con un camión succionador que daban mantenimiento a los sépticos de los baños, provocando con esto un hedor insoportable en el entorno, contaminando la zona y causando malestar entre los visitantes que se encontraban en la playa.
La agresión quedó grabada en el móvil del guardaparque, prueba de que el empresario cometió el hecho por el cual se le acusa, por lo que el Ministerio exige todo el peso de la Ley como lo establece la Ley: Las violencias o vías de hecho, especificadas en el artículo 228, dirigidas contra un curial, un agente de la fuerza pública o un ciudadano encargado de un servicio público, se castigarán con prisión de uno a seis meses, si se ejecutaron cuando desempeñaba su oficio, o si lo fueron en razón de ese desempeño.
La publicación tiene muchos comentarios que aprueban la acción en tanto algunos ven el hecho como algo sin relevancia.
