El abogado Francisco Álvarez Martínez, sostuvo este jueves que con el depósito de la acusación del caso Antipulpo, la sociedad ve la inclusión de decenas de ex funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y que los mismos, sin ser parte del proceso, generaron más noticias que los imputados, y por eso, se han mezclado las imputaciones.
Por medio de una secuencia de mensajes en su cuenta de Twitter, el jurista compartió algunas ideas referentes al tema, como por ejemplo, que la exposición de estas personas, ajenas al proceso, violenta pilares del ordenamiento jurídico.
“Derecho defensa, garantías de contenido objetivo, subjetivo y “reaccional” de contrapeso a la labor inquisitiva del MP, para enriquecer la dialéctica saneada del debate procesal”, dijo Álvarez Martínez, en el segundo, de seis publicaciones que utilizó para explicar aspectos relevantes del caso.
Afirmó que el estado de inocencia tiene una dimensión extraprocesal, ya que el tercero (y el imputado) deben recibir el trato de inocente no solo en el foro judicial, sino también en la sociedad y los medios.
“No fueron protegidos en el tracto investigativo del proceso penal. Sus garantías jamás se activaron y, así, muchos se enteraron de estas imputaciones en la prensa. No pudieron defenderse, proponer pruebas o argumentar para explicar (o intentarlo), en igualdad y al ser expuestos en estas condiciones, sin garantías y sin proceso, la tribuna pública, comprando la única narrativa disponible, ya considera a estos imputados populares culpables, impactando de manera irrestricta a todos los relacionados”, acotó.
Concluyó diciendo que el impacto al proceso de estas aventuras extrajudiciales podría acostumbrarnos a un ejercicio levente de derechos cuando se trate de casos con relevancia social, gracias a una desensibilización sistemática y que de seguir así, será imposible revertir.
Sobre la acusación
En el voluminoso expediente por corrupción y lavado de activos, de unas 3,500 páginas, figura como acusada Carmen Magalys Medina Sánchez, quien también aprovechó sus lazos familiares y su posición de vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) para delinquir dentro del entramado de corrupción del que fungió como gerente operativo su hermano Juan Alexis Medina Sánchez.
Asimismo, son acusados Fernando Rosa, quien dirigió el Fonper; Wacal Vernavel Méndez Pineda y José Dolores Santana Carmona. También Francisco Pagán Rodríguez, director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, fiscalizador de esa unidad estatal.
La acusación incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública; al ex contralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago.
El Ministerio Público que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito presenta cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L.
La Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que encabeza la investigación de la Operación Pulpo junto a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, resalta en el expediente: “la corrupción va más allá de la distracción de fondos públicos a través de prácticas irregulares que apartan los recursos colectivos de su fin legítimo”.
Un equipo de fiscales de la Pepca presentó el expediente ante el tribunal que preside la jueza Yanibet Rivas.
“La corrupción carcome a la sociedad, deteriora el Estado de derecho, destruye la confianza en la Administración Pública y crea un entorno favorable para que se multiplique la desigualdad social y se incrementen el crimen organizado y la inseguridad ciudadana, además de reducir la calidad de vida de las personas y su bienestar general”, dice el expediente.
Indica que la investigación demuestra el ilícito crecimiento económico de la organización criminal de la que actuaba como gerente operativo el acusado Juan Alexis Medina Sánchez, quien sin ser empresario, ni emprendedor exitoso, “que, de hecho, había llevado a la quiebra los pocos emprendimientos que había iniciado”, logró un alto ascenso económico “por acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación, Danilo Medina Sánchez”, quien gobernó al país entre 2012 y 2020.
El expediente señala que el entramado de corrupción de los hermanos Medina Sánchez llegó a materializar maniobras fraudulentas utilizando falsas calidades, documentos adulterados, medicamentos de altos costos sobrevaluados, conduces falsos, medicamentos pagados y no entregados, equipos sobrevaluados, equipos de una calidad inferior a la contratada y pagada por el Estado.
Incluso, resalta, llegó a pagar a través de deuda pública equipos no entregados amparado en la intervención del entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y otros funcionarios.
El expediente aporta pruebas de cómo el entramado societario vinculado a Juan Alexis Medina Sánchez se benefició de una relación ventajosa con el Estado, a la vez que destinaba fondos millonarios a través del movimiento “Tornado Fuerzas Vivas” para diversos candidatos políticos del entonces oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incluyendo campañas de Danilo Medina Sánchez y Gonzalo Castillo Terrero.
Describe cómo Juan Alexis Medina Sánchez, el gerente operativo del entramado de corrupción, pasó de convertirse de “un pequeño negociante, con mala reputación y algunos procesos judiciales por emisión de cheques sin provisión de fondos”, en un próspero suplidor de múltiples dependencias estatales y llegó a tener socios como el excandidato a la Presidencia de Guatemala Manuel Baldizón, procesado en Estados Unidos por lavado de activos.
