La acusación del caso AntiPulpo señala al ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero y al pasado contralor general, Omar Caamaño, de haber actuado en coalición Francisco Pagán, imputado en el caso Antipulpo.
La Procuraduría General de la República indica que en muchos casos se pagaron equipos que no fueron entregados, y que estas personas para favorecer a la empresa Domedical Supply SRL, propiedad de Alexis Medina Sánchez, “adulteraron todas las documentaciones, desde las fecha de los contratos hasta las cubicaciones, para pagar justo después de perder las elecciones y en plena transición”.
La acusación indica que los señalados se confabularon para pagar la suma de novecientos veintidós millones, setenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho con 60 centavos (RD$922,074,848.60).
“En octubre de dos mil quince (2015) el presidente de la República Danilo Medina se trasladó al proyecto de los (56) hospitales que habían sido sorteados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), en el año 2013, con presupuestos de entre RD$40,000,000.00 -RD$80,000,000.00 millones de pesos, en la que la Oisoe tendría que encargarse de la construcción y reconstrucción de los hospitales con los presupuestos originales como único documento técnico, sin plano, sin especificaciones técnicas. Es en ese contexto que en procesos de compras, sin ningún cumplimiento de la exigencias de la Ley General de Compras y Contracciones, Ley 340-06, se elige a DOMEDICAL, la empresa de Juan Alexis Medina Sánchez, para realizar los equipamientos que son objeto de la presente imputación”, indica la acusación.
Además se indica que las operaciones iniciaron con un anuncio del primer ejecutivo de la nación y continuaron con un proceso de licitación “declarado de urgencia sin cumplir requisitos”, donde se materializaron maniobras fraudulentas utilizando falsas calidades, documentos adulterados, medicamentos de altos costos sobrevaluados, conduces falsos, medicamentos pagados y no entregados, equipos sobrevaluados, equipos de una calidad inferior a la contratada y pagada por el Estado.
